Vertidos controvertidos, conceptos invertidos y vecinos inadvertidos

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Vertidos controvertidos, conceptos invertidos y vecinos inadvertidos

  • Tras el milagro del saneamiento español de los años noventa, que transformó de manera radical la gestión que recibían hasta entonces las aguas residuales en España, logrando en tiempo record un nivel de cobertura y calidad del servicio inéditos hasta entonces; el advenimiento de la crisis económica, el declive de los fondos comunitarios y cierta falta de previsión política han ido erosionando la excelencia del tratamiento de las aguas residuales que, aunque todavía conserva la inercia del esfuerzo realizado durante las últimas décadas, avisa de serias deficiencias que de no corregirse, nos llevarán, inevitablemente, por una senda de regresión impropia de un país que aspira a mejorar año tras año su entorno.

Sobre la Entidad

Rafael Barrera Morcillo
Vice-Director de iAgua Magazine.

Publicado en:

Portada iAgua Magazine

Las infraestructuras, tanto el alcantarillado como las instalaciones de tratamiento, envejecen y pierden funcionalidad. Se vuelven a registrar metales pesados y otros vertidos tóxicos industriales en la red. Las tarifas son insuficientes para el adecuado sostenimiento del sistema de abastecimiento y saneamiento. Las licitaciones se fijan con criterios cortoplacistas basados en el precio, y reciben ofertas con bajas temerarias. Los ciudadanos, desinformados, son incapaces de valorar la importancia de las “redes sociales” más importantes: las que les garantizan el agua de calidad que entra en sus hogares y evitan el grave impacto sanitario y medioambiental que provocaría la que sale.

¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega”, exclamaba histriónico el Capitán Louis Renault en una de las más memorables secuencias de la película Casablanca. Esperemos no tener que rasgarnos nosotros las vestiduras cuando la situación se torne insostenible y los servicios de saneamiento se hayan deteriorado gravemente por haber estado jugando durante demasiado tiempo, ya no con fuego, sino con algo mucho más peligroso… con agua.

Seis brillantes expertos en aguas residuales nos ilustraron con detalle sobre el apasionante recorrido del saneamiento en España: Manuel Suárez, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas ADECAGUA; Philippe Rouge, Director de Estrategia de Tratamientos de Agua de SUEZ Spain; Pedro Simón, Director Técnico de ESAMUR, Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia; Enrique Lapuente, Gerente de EPSAR, la Entidad Publica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana; Higinio Martínez Marín, Director de la Delegación Levante de Aqualia; y Juan José Salas, Director de I+D+i de la Fundación CENTA, Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua, entidad dependiente de la Junta de Andalucía.

Vertido urbano. Cuéntame cómo pasó

Manuel Suárez, Presidente de ADECAGUA, la Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas, entidad que este año alcanza medio siglo de historia, expresa rotundo: “Hemos pasado del cero al infinito. ¿Los ríos? Un día bajaban verdes, otro amarillos y otro negros. ¿Las depuradoras? Cuando yo empecé a trabajar eran unas cajas negras misteriosas, nadie sabía lo había dentro. Hemos pasado de no saber nada, en los años 80, a estar a la vanguardia en tratamientos del agua, gracias al talento y a la experiencia acumulada por nuestros profesionales”. Pedro Simón, Director Técnico de ESAMUR, parece estar viendo el cauce del Segura a su paso por Murcia capital: “en el año 2000, el río Segura seguía siendo una cloaca. El río estaba completamente muerto, negro, ahí no había vida. Hoy no se parece absolutamente en nada a lo que era en aquellos años. Todo gracias a un total consenso político impulsado desde abajo por la ciudadanía”.

También como si transitara por el túnel del tiempo, Enrique Lapuente, Gerente de EPSAR, rememora con cierta solemnidad unos años que fueron clave para el devenir de España: “Ese espíritu de cambio social y político se reflejaba ya en la propia Constitución Española del 78, que recogía, en su artículo 45, que el medio ambiente debía ser una prioridad. Partiendo de ese principio, se ha ido creando un marco legislativo extenso y esencial para el desarrollo de políticas y normativas que han mejorado la calidad del recurso agua, guiadas también por Directivas comunitarias de gran calado y trascendencia. En la Comunidad de Valencia, la Ley de Saneamiento de 1992 nos permitió avances vertiginosos: de las 115 depuradoras operativas en 1993 hasta las 478 que tenemos en la actualidad, hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo sin precedentes. El 99,99% de la población de la Comunidad Valenciana cuenta con planta depuradora y todas ellas funcionan muy satisfactoriamente”, concluye con orgullo su fugaz viaje en el tiempo.

Philippe Rouge, Director de Estrategia de Tratamientos de Agua de SUEZ Spain, aporta una mirada singular: “llegué hace treinta años a España. Aquí había muy pocas infraestructuras de saneamiento; digamos que se contaba con algo en Madrid y en Cataluña, poco más. Desde entonces, la expansión de estas infraestructuras ha sido enorme, gracias, no lo olvidemos, a los fondos que provenían de la Comunidad Europea”. En España, sentencia categórico, “se ha hecho un grandísimo esfuerzo en saneamiento. Ningún otro país del mundo había logrado antes una transformación de esta naturaleza; pero aquellos años 90 empiezan a quedar muy atrás en el tiempo y es preciso recordar que a partir de los 20-30 años de operación de cualquier planta son necesarias nuevas inversiones para mantenerlas funcionamiento correctamente, en especial si se aspira a subir el nivel tecnológico y alcanzar los resultados exigidos”. Philippe recuerda como “Francia se había anticipado. Esa experiencia resultó útil para España. Allí las depuradoras se fueron construyendo en muchísimas etapas: al principio se trataba, principalmente, de una ingeniería sanitaria pública pura y dura; después, tomando como referencia a los suizos, se fue pasando a una visión más ambiental, primero con la eliminación de carbono y material en suspensión y, posteriormente, con la eliminación de nutrientes. Suiza nos lleva la delantera. Están ahora con planes de saneamiento que incluyen contaminantes emergentes, como residuos de origen farmacéutico y productos de higiene y limpieza en el hogar”.

Higinio Martínez, Director de la Delegación Levante de Aqualia, se congratula por la labor realizada por el sector: “creo que todos los presentes hemos contemplado y participado en mayor o menor medida de esta brillante evolución, desde los noventa, cuando sólo había depuradoras en las grandes ciudades y en algunas zonas de nueva ejecución, hasta nuestros días”, y subraya que “es de justicia destacar el papel de las entidades de gestión, como las presentes: ESAMUR y EPSAR, puesto que fueron una de las claves en esta colosal transformación, al amalgamar, con buen criterio y acierto, visión, medios técnicos y recursos económicos”.

Manuel Suárez destaca a modo de conclusión que “a día de hoy, cerca del 90% del total de las aguas residuales reciben un tratamiento adecuado. Queda todavía por avanzar en el ámbito de las pequeñas poblaciones, que será una etapa bonita. Necesitaremos soluciones imaginativas para afrontar éste y otros retos, como el que plantean los micro contaminantes emergentes, el aprovechamiento de pluviales o la reutilización de las aguas residuales”.

Juan José Salas, Director de I+D+i de CENTA, corrobora la necesidad de dar respuestas a la depuración de los núcleos más pequeños: “así es. La actual falta de recursos técnicos y financieros nos ha dejado como asignatura pendiente las pequeñas poblaciones, rango en el que hemos cometido muchos errores, pues confundimos simplicidad de manejo con rigurosidad en el diseño y la construcción. Hicimos muy alegremente muchas construcciones, y aquello fue un fracaso que todavía nos condiciona. Ahora debemos recordar esas lecciones, espero que ya aprendidas, para abordar la cuestión con mayor rigor, tanto desde el punto de vista técnico, como de gestión”. Juan José abunda en su análisis crítico-constructivo: “en pequeñas poblaciones, la gestión municipal del tratamiento de las aguas se ha demostrado, en la mayoría de las ocasiones, muy deficiente, por la escasez de recursos técnicos y económicos para afrontarla con garantías. Además, nos encontramos con la problemática de las amplias oscilaciones de la población que suelen darse en las pequeñas aglomeraciones urbanas, lo que condiciona enormemente el diseño de los tratamientos a aplicar. “¿Soluciones?” se pregunta Juan José, y parece que las tiene: “pues veamos qué respuestas exitosas han dado nuestros vecinos. Si miramos a Portugal y a Francia, nos encontraremos con tecnologías extensivas, principalmente humedales artificiales, que se cuentan por cientos, y que les funcionan magníficamente bien. Debemos frenar las inercias y acabar con muchos prejuicios para la implantación de este tipo de tecnologías en nuestro país. Tecnologías en las que se trabaja actualmente para solventar su principal hándicap, que son sus elevados requisitos de superficie, para lo que se investiga en el mestizaje de tecnologías extensivas e intensivas. Avanzamos.”

Enrique Lapuente, tras escuchar con total atención, asiente y verbaliza: “¿podemos mejorar nuestra gestión? Seguro que sí”, y advierte pausado: “además, tenemos otro frente abierto: la gestión de las redes de alcantarillado. Nuestras plantas funcionan bien si cuidamos lo que llega a ellas, y debemos controlar los vertidos, las filtraciones, las aportaciones de agua con elevada salinidad y otras amenazas para el ciclo urbano”.

Vertido industrial. Con bastante margen de mejora

La economía del país me preocupa. El planteamiento en la depuración ha de buscar el óptimo del conjunto y, al final, son las Administraciones las responsables de la planificación y de sus resultados”, asevera Manuel Suárez. “¿Cuál es el óptimo?”, plantea con didáctico y retórico recurso para, tras dos segundos que se hicieron casi eternos, adelantar la respuesta: “pues mirad, no vayamos a solucionarnos cada uno nuestro “problemita” de forma aislada. Si la industria retuviera las sustancias más dañinas y tóxicas, como puede ser el cromo, el mercurio o cualquier otro elemento complejo de tratar, el proceso ya se podría concluir en las depuradoras públicas, que resultará siempre mucho más barato que hacerlo en pequeñas plantas privadas, por una lógica de economía de escala”.

Pedro Simón, que casi irrumpe dentro de los dos segundos de reflexión planteados por Manuel, corrobora: “estoy completamente de acuerdo, lo mejor es tratarlo todo conjuntamente pero con unos límites. Los elementos que realmente no se puedan tratar en las plantas hay que quitarlos antes, como son los metales pesados, porque además tienen una toxicidad alta y no deben ir a las depuradoras municipales. Además del perjuicio que ocasionaría, porque la Unión Europea apoya la financiación para el tratamiento de las aguas urbanas que no portan estos elementos tan agresivos”. Cuestión ésta que aprovecha para compartir una preocupación: “algunas industrias se están relajando en exceso y es un tema muy grave. Los ayuntamientos tendrían que tomar medidas. Estos comportamientos están dificultando la depuración. Las plantas no están diseñadas para soportar este tipo de vertidos, algo que provoca que nos salga más caro a todos el tratamiento”. Por lo tanto, concluye: “si bien no hay que exigirles que hagan una depuración de las aguas residuales como la que se nos exige a nosotros, ni muchísimo menos, sí hay que obligarles a un término medio asumible, que estamos denominando asimilable a urbana”.

Higinio, en armonía con lo expuesto, aporta soluciones al problema para aproximarse el “óptimo” planteado por Manuel: “efectivamente, no es necesario obligar a las industrias a unos tratamientos que podrían hacerse en las plantas depuradoras municipales a un coste mucho más bajo. Hoy en día, las empresas concentran su actividad productiva en polígonos industriales, así que el problema está localizado y, por lo tanto, la solución es más sencilla. Lo óptimo sería construir plantas depuradoras para estos polígonos, algo que sería mucho más práctico y eficiente frente a la necesidad de que cada empresa deba tener la suya propia. Luego no habría más que repartir los costes en función de la tipología y los impactos de cada una de las empresas que participen. Tras este tratamiento previo, que deje las aguas en niveles aceptables, ya sólo quedaría cerrar el ciclo en las plantas generales”.

Enrique Lapuente asiente, persuadido de las bondades de estas propuestas: “es deseable aprovechar ese factor de escala que tiene la agregación de vertidos de distintos efluentes industriales para ser tratados de forma conjunta. No olvidemos que la depuración es la lucha por reducir el problema y que lo que hacemos es ir confinándolo para quedarnos, finalmente, con unos fangos, que es el residuo”.

Al respecto, brota en la mesa la importancia de contar con unas adecuadas ordenanzas municipales y, por supuesto, que se verifiquen y cumplan. Para Juan José Salas “las ordenanzas municipales son todas bastante similares, lo importante es que se cumplan”. “Son similares cuando las hay, cuando no hay ordenanza de vertidos, pues claro, no hay”, precisa Higinio Martínez. “Si no las hay, se tiene que cumplir el reglamento para punto de vertido”, prolonga Philippe Rouge. “Sí, pero es mucho más restrictivo que lo exigido para verter en el alcantarillado. A la industria le conviene esta vía, aunque tenga que asumir un canon por lo que cuesta de más el depurado del agua industrial frente a la normal”, concluye la disertación Pedro Simón.

Higinio Martínez pone el dedo en la llaga: “el gran problema son los vertidos prohibidos”. Philippe Rouge asiente con gesto contrariado: “en algunos sitios de España, con la crisis, se ha abandonado el control del vertido y lo hemos visto clarísimamente, porque han llegado metales pesados a bastantes depuradoras”. “Las ordenanzas de vertido deberían de ser muy rígidas con todos los tóxicos y el control habría de ser estricto. Es de sentido común”, expresa con claro desazón Manuel Suárez. “Pero en todo el territorio. Además, una misma actividad industrial debiera tener los mismos requerimientos de vertido en todas las comunidades autónomas. Tenemos más de 8.000 reguladores. Tener un solo regulador no creo que sea la solución, pero lo que sí tendría que haber es un mínimo exigible para todos y que ese mínimo cumplimiento se controle escrupulosamente. No debería haber ni un solo municipio sin un reglamento de vertido”, concluye Higinio Martínez la diatriba que él mismo inició.

Vertido agrario, asignatura pendiente

Manuel Suárez nos saca de la factoría para llevarnos al campo, y advierte: “hay que proteger la agricultura y la ganadería, pero hay que hacer algo también para proteger las aguas de los vertidos de la actividad agraria. Desde el sector del agua es muy difícil dar una solución, por no decir imposible. Es preciso que se impliquen los departamentos agrarios de las distintas administraciones, porque este es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento”. Enrique Lapuente: “de la contaminación asociada al uso agrícola hay un gran responsable: las Administraciones, porque son las que tienen la tutela de la calidad de las masas de agua. Evidentemente, el agente es el agricultor y el problema está en esos aportes de nutrientes y fitosanitarios que añaden al agua, pero la Administración debe controlar este asunto e indicar a los agricultores cuáles son las limitaciones de uso. Desgraciadamente, en la Comunidad de Valencia ya tenemos muchas masas de agua subterráneas contaminadas; afortunadamente, se trata de una situación que podemos corregir. Estamos a tiempo”.

Manuel Suárez avanza en el análisis: “la plena eficiencia en riego es casi imposible, siempre hay un exceso que se infiltra con algo de pesticida y materia orgánica que debe controlarse. Bajo mi punto de vista, el gran problema está en el porcino, en los purines; esto es lo que ha destrozado el agua en Cataluña concretamente y en otras zonas de España”. Pedro Simón expone una reveladora paradoja: “el mismo lodo de depuradora, sin ir más lejos, tiene una regulación mucho más estricta que los purines o el estiércol. Además, pensamos que solo es nitrato lo que tienen los purines, pero ni mucho menos. A estos animales les administran un montón de antibióticos, que luego llegan al agua, y eso no lo controla nadie. Sin embargo, la actividad industrial si está sujeta a controles razonables y estrictos”.

Manuel Suárez recuerda a media voz y casi a modo de auto reflexión que “tratar de depurar los purines fue un fracaso, por eso se ha impuesto el modelo holandés, que consiste en aplicar la dosis de vertido que pueda aceptar el terreno. Si se hiciera bien obtendríamos buenos resultados. La industria es diferente, es otro mundo”.

Vertidos normativos. Mucho por tratar y depurar

A juicio de Enrique Lapuente, una vez en el terreno de los desajustes legales, “tenemos dos problemas: amplitud y dispersión legislativa. Adolecemos de un exceso de legislación que tiene que ver con el agua, a lo que hay añadir un problema competencial que a día de hoy no está del todo resuelto. Muchas veces no sabemos a qué puerta hay que llamar para resolver algunos problemas específicos”. Para Enrique, “si bien es cierto que las competencias en saneamiento y abastecimiento son municipales y que, por tanto, tenemos ocho mil reguladores, nos encontramos con que, en muchos casos, estas entidades locales necesitan apoyo y orientación. Es positivo que los servicios básicos para el ciudadano estén bajo el control de los ayuntamientos, por esa necesaria cercanía, pero se echa en falta una tutela experta, una instancia especializada que armonice y sea capaz de fijar unas reglas generales y mínimas que después se puedan ajustar a las diversas circunstancias territoriales”. “Y que sirviera también para desarrollar algún tipo de mecanismo supramunicipal o regional para la compensación de costes, porque, como todos sabemos, para un municipio pequeño el coste de depuración es elevadísimo, inasumible; mientras que para un municipio grande los costes resultan muy contenidos gracias al efecto escala” abunda Philippe Rouge.

Enrique Lapuente prosigue la disertación: “en la Comunidad Valenciana se creó un impuesto autonómico para conservar y proteger el medio ambiente, y un impuesto dirigido a un aspecto específico, a tener más aguas de calidad. Otra cosa es si nos interesa una gestión agregada. Evidentemente, no podemos ir municipio a municipio: hay que integrar, superando las delimitaciones administrativas, mirando el territorio y, sobre todo, pensando en cerrar satisfactoriamente el ciclo integral del agua”.

Pedro Simón aprovecha que la mesa ha llegado al tema de los costes municipales para abrir un espacio para el candente debate de las licitaciones: “estamos contemplando muchas barbaridades en los concursos. Se impone el precio por encima de todo criterio, por lo que asistimos a bajas absolutamente demenciales, que tendrán consecuencias nefastas para todos. Muchas empresas realizan ofertas inverosímiles y, sin duda, económicamente insostenibles, lo que nos llevará a peores servicios y a sobrecostes, de eso no hay duda. Hay que mejorar, y mucho y con carácter de urgencia, los pliegos de condiciones de las licitaciones, tanto en construcción en explotación”. Para Philippe Rouge, “esto es tan simple como cambiar las fórmulas de valoración económica de las licitaciones y así evitar las bajas temerarias. Por ejemplo, se podría introducir el método de la campana de Gauss para primar las ofertas más sensatas”.

Higinio Martínez comparte esta gran preocupación del sector y considera que “es comprensible que el precio sea importante, pero luego el servicio tiene que ser satisfactorio, ha de ser eficaz, y eso ya es más complicado de garantizar”. Rememorando su pasmo comenta: “he visto licitaciones donde no daban los números ni para cubrir los gastos de personal”. Con la agravante, indica Pedro Simón, de que “hoy por hoy el tema de la fiabilidad de las plantas es esencial. Ha de quedar garantizada, ya no puede fallar ni siquiera una sola vez, porque en un mundo híper monitorizado y ultra comunicado, un error daña la reputación de un territorio y de su tejido productivo, con su consecuente quebranto económico”.

Juan José Salas, casi por alusiones: “los que somos técnicos sabemos lo que valen las cosas y lo que hay detrás de cada proceso, por lo que pensamos que no llegar a unos determinados umbrales de precio va a implicar meterse en problemas serios. Pero no siempre nos escuchan, y vivimos una arriesgada espiral de bajadas que no nos va a llevar a ninguna parte”.

Higinio Martínez “con la capacidad técnica demostrada y solvencia económica probada, se supone que las empresa incumplidoras podrán responder frente a incumplimientos”. “Sí, pero viene Europa y te dice que hay que quitar el tema de la experiencia”, se lamenta Pedro Simón, y aporta un comprensible símil doméstico: “yo me imagino que todos nosotros, a nivel personal, contratamos a los profesionales que nos ofrezcan una mejor relación calidad-precio. Pues eso mismo hay que hacer en los concursos”.

Higinio Martínez considera que “no se puede puntuar la experiencia, pero sí se debería poner como barrera de entrada; y la solvencia técnica y económica se debería adaptar a la importancia y dimensión del contrato al que se aspire, la solvencia técnica exigible no puede ser la misma para un pueblo pequeñito que para una gran urbe. Para colmo de males, en muchísimos casos las tarifas no están cubriendo ni siquiera los costes de mantenimiento”. Higinio alerta de que “se está dando la paradoja de que es preciso incrementar los costes de explotación por necesidades urgentes de renovación y puesto que los requerimientos de calidad son cada día más exigentes, mientras que, por otra parte, se pretende bajar tarifa. Claro esto solo se puede mantener durante algún tiempo, si se licita a la baja, que es lo que estamos soportando; pero, al final, pasará lo evidente: el servicio se resentirá y llegará el día en el que no habrá recursos para recuperar todo el terreno perdido sin tomar medidas extraordinarias, lo que será un perjuicio para todos: ciudadanos, administraciones, empresas y medio ambiente”.

Enrique Lapuente: “la legislación es clara, nos dice que hay que recuperar los costes. Otra cosa es la práctica. En el caso de España no se llega ni a recuperar el 50% de los costes. Pero… ¿se puede hacer? Pues sí. En la Comunidad valenciana, el 25% de lo que se recauda con el canon de saneamiento va a inversión y el resto se destina a los conceptos de explotación. ¿Cuánto supone el recibo del agua respecto a la disponibilidad económica de las familias? Estamos en el 1%, muy lejos del 3% que nos marca Naciones Unidas como ideal. En un país como España, en el que hay grandes desequilibrios en la distribución de las rentas, debemos recuperar los costes para hacer sostenible el sistema y mantener su calidad, pero de forma discriminada, teniendo en cuenta la capacidad económica de las personas, y ahí es donde tiene que intervenir la Administración”.

Higinio Martínez, en el terreno de las respuestas, recuerda que “la colaboración pública-privada puede contribuir de manera decisiva al sostenimiento del sistema, porque las empresas pueden colaborar a través de diversas fórmulas y no solo vía concursos”. Pedro Simón considera “perfecta la colaboración público-privada, porque es un camino que evita a las Administraciones endeudarse y tender a la eficiencia del servicio, por ejemplo a través de mejoras que permitan reducir costes. Pero, claro está, si las dos partes salen beneficiadas”. “Efectivamente, hay que buscar modalidades nuevas y más a largo plazo para modernizar los servicios. Pensando, por poner un ejemplo, en la recuperación de recursos, que es una oportunidad de futuro.” concluye Philippe Rouge.

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