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Sánchez Lambás: "La remunicipalización precarizaría los puestos de trabajo"

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    Jesús Sánchez Lambás

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El Observatorio de Servicios Urbanos es una plataforma con la vocación de estudiar y analizar el nivel de calidad con el que los ayuntamientos prestan los principales servicios municipales.
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El Salón de Actos de la Universidad de Valladolid acoge este miércoles 26 de abril la presentación del libro “Remunicipalización: ¿Ciudades sin futuro?”. Hablamos con Jesús Sánchez Lambás, coautor de la publicación, junto con Ramón Tamames, Valeriano Gómez, Ramiro Aurín y Lorenzo Dávila.

Sánchez Lambás, jurista con más de 35 años de experiencia, dirige actualmente el Despacho A25 Abogados y Economistas, es vicepresidente de la Fundación Ortega-Marañón y presidente de numerosas instituciones académicas y culturales en España y América. Durante su carrera profesional, ha compatibilizado el ejercicio de la abogacía tanto en el sector público como privado, con la docencia y la investigación universitaria.

Pregunta.- ¿Señor Lambás: ¿Cómo valoraría la situación actual de la prestación de los servicios de agua en España?

Respuesta.- Es la historia de un éxito, paralelo al milagro económico de España que se forja a partir de los planes de desarrollo y se consolida en el periodo democrático. Desde la crisis de los años 20 del siglo pasado que abrió la puerta a la gestión pública se ha pasado a un modelo eficiente y eficaz de gestión privada que ha creado un tejido empresarial que está a la vanguardia internacional. Hoy se gestionan carreteras en los cinco continentes por empresas españolas.

La irrupción de una izquierda radical en las últimas elecciones autonómicas y municipales esta poniendo en riesgo este sector que es muy relevante en el PIB español.

P.- En nuestro país conviven modelos de gestión directa e indirecta.  En concreto según datos de AEAS: el 34% de la población es abastecido por entidades públicas, el 34% por empresas privadas, el 22% por empresas mixtas y el 10% por servicios municipales. ¿Qué ventajas asignaría a cada uno de estos modelos?

R.- La gestión privada es un modelo que sirve al interés general: proporciona eficiencia y sostenibilidad y exige una función pública vigilante y diligente. El modelo mixto en la medida que entraña cooperación publico/privada es el futuro.

P.- ¿Cuál cree que ofrece un mayor beneficio para los ciudadanos en términos de calidad del servicio, tarifas, inversiones,…?

R.- La gestión privada de los servicios públicos: creo que un pilar no ya sólo del mercado, sino también de la democracia, es la competencia. Creo en un estado regulador fiscalizador y vigilante y en ese marco empresas que aportan sinergias, economías de escalas, desarrollos e innovación tecnológica. Pagan impuestos y crean empleo.

P.- ¿Tiene algo que ver el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento con la forma en que se realice la gestión del servicio?

R.- La titularidad pública del agua, si. La gestión solo sirve al interés público si es eficiente y la eficiencia no es el pilar esencial de lo público. La regulación si tiene que ver, quien y como se vigila la tubería, no.

P.- En los últimos años se ha intensificado el debate sobre este modelo de gestión y desde diversos ámbitos se apela a la necesidad de “remunicipalizar” los servicios de aguas. ¿Considera correcto este término?

El término es manifiestamente incorrecto. La ley lo define como internalización. Pero lo peor no es el error del término, es el concepto en sí mismo.

P.- ¿Piensa usted que existe una demanda social en este sentido?

R.- La demanda social es que la gestión del servicio “no se note” por su eficiencia y por costes soportables.

P.- En términos jurídicos, ¿cree viable que se puedan completar estos procesos?

R.- Solo si el municipio justifica sin margen de error que hacerlo internamente beneficia al interés general. Es decir, que el ayuntamiento es más eficaz que las empresas especializadas del sector en sana competencia. Y aún restaría una cuestión básica: la integración de las plantillas de trabajadores en el ayuntamiento, cumpliendo con las exigencias constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. No sé debería especular con los derechos de los trabajadores.

P.- ¿Qué impacto económico tendría una “remunicipalización” del servicio de agua en un ayuntamiento?

R.- Un incremento del déficit difícilmente asumible con el artículo 35 de la Constitución, los límites al déficit público impuestos por la UE y la salud de la deuda pública en los mercados internacionales.

P.- ¿Cómo podrían afectar a los trabajadores de los servicios? ¿Se mantendrían el empleo y las condiciones laborales actuales?

R.- No podrán mantenerse ni las retribuciones ni los demás beneficios laborales. Los puestos se precarizarían. Y si prosperan los Presupuestos Generales del Estado de 2017, será tarea poco menos que imposible.

P.- ¿Considera que una buena regulación de los servicios del agua podría contribuir a resolver este debate?

R.- El ciclo integral del agua en un país con más de 8000 reguladores es un modelo ineficiente. El debate se resuelve con el imperio de la razón. Otra cosa es la ideología...

P- Por último. ¿Cuáles cree que deberían ser las principales características de la prestación de servicios en las ciudades del futuro?

R.- Universalidad y eficiencia. El resto puede ser solo o ideología o literatura.

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