Ramón Tamames: "Cuando el servicio de agua es bueno, la gente no exige ninguna remunicipalización"

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    Ramón Tamames (Fotografía de Pablo González Cebrián)

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El Salón de Actos de la Universidad de Valladolid acoge este miércoles 26 de abril la presentación del libro “Remunicipalización: ¿Ciudades sin futuro?”. Hablamos con Ramón Tamames, coautor de la publicación, junto con Jesús Sánchez Lambás, Valeriano Gómez, Ramiro Aurín y Lorenzo Dávila.

Ramón Tamames es Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid, con estudios adicionales en el Instituto de Estudios Políticos y en la London School of Economics. Desde 1968 es catedrático de Estructura Económica, primero en Málaga, y desde 1975 en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de innumerables libros y artículos sobre economía española e internacional, ecología, historia y cuestiones políticas. Entre 1977 y 1981 fue miembro del Congreso de los Diputados y es firmante de la Constitución Española de 1978.  Es Doctor Honoris Causa por varias universidades y colecciona distinciones en las áreas de economía y medio ambiente.

Pregunta.- ¿Cómo valoraría la situación actual de la prestación de los servicios de agua en España?

Respuesa.- En líneas generales, razonablemente bien, sin exclusiones importantes, pero con una tendencia a infravalorar la importancia de mantener los niveles de inversión para asegurar el buen sistema de funcionamiento a medio y largo plazo.

P.- En nuestro país conviven modelos de gestión directa e indirecta.  En concreto según datos de AEAS: el 34% de la población es abastecido por entidades públicas, el 34% por empresas privadas, el 22% por empresas mixtas y el 10% por servicios municipales. ¿Qué ventajas asignaría a cada uno de estos modelos?

R.- No cabe entrar en una postura de predeterminación. Todo depende, para los tres métodos que plantea en su pregunta, de que la empresa alcance niveles de eficiencia máximos, garantizando la calidad y el buen servicio. Y eso puede hacerlo cualquier tipo de gestión, aunque personalmente, entiendo que las empresas privadas, sometidas a mucha mayor crítica y competencia en el mercado, pueden prestar un servicio, en general, más conveniente para la ciudadanía.

P.- ¿Cuál cree que ofrece un mayor beneficio para los ciudadanos en términos de calidad del servicio, tarifas, inversiones…?

R.- Precisamente, lo anterior: que haya competencia entre empresas privadas para una gestión mejor y a un precio adecuado. Si bien es cierto que en el sector se echa de menos la existencia de un regulador, y asimismo de un sistema de supervisión más adecuado que el actual.

P.- ¿Tiene algo que ver el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento con la forma en que se realice la gestión del servicio?

R.- Naturalmente que tiene que ver. Una empresa de buena gestión, debe tener capacidades para la investigación, y experiencias de solidaridad en países mucho menos desarrollados que España, donde las infraestructuras del agua son un derecho humano muchas veces incumplido. En cuanto al saneamiento, es fundamental: es como multiplicar la disponibilidad del líquido elemento, que es la base de la vida y del bienestar.

P- En los últimos años se ha intensificado el debate sobre este modelo de gestión y desde diversos ámbitos se apela a la necesidad de “remunicipalizar” los servicios de aguas. ¿Considera correcto este término?

R.- Remunicipalizar no me gusta demasiado, porque todo el proceso ya es municipalizador, ya que es en el municipio, y más concretamente en el ayuntamiento, donde reside la soberanía municipal, para que sea el consistorio el que regule y supervise. Esas dos funciones son decisivas, mucho más que la circunstancia de que la gestión sea pública o privada.

P.- ¿Piensa usted que existe una demanda social en este sentido?

R.- Cuando el servicio es bueno, la gente no exige ninguna remunicipalización por muy interesantes que sean los líderes municipales. Lo que tampoco hay, en cambio, desgraciadamente, es la defensa por la ciudadanía de los casos de gestión privada que han sido, y lo son la inmensa mayoría, de buen funcionamiento y coste ajustado. Por eso, hay que interesar a los vecinos por la acción del ayuntamiento en la prestación de los servicios públicos, para que sean los idóneos.

P.- En términos jurídicos, ¿cree viable que se puedan completar estos procesos?

R.- Creo que la declaración del 4 de noviembre de 2016, hecha pública en los principales periódicos del país, por los doce ayuntamientos más importantes en manos del populismo o fuerzas similares, es una provocación a los ciudadanos. Que son los que tienen que elegir, y no los jerarcas municipales, guiados de su ideología, y probablemente de intereses no siempre tan legítimos. Creo que en un Estado de Derecho como es España, la decisión debe ser a favor de las empresas más eficientes, y eso lo dice el propio régimen local, que obliga a las corporaciones a elegir a los más adecuados, y no a quienes simpaticen con las ideologías del alcalde y los ediles.

P- ¿Qué impacto económico tendría una “remunicipalización” del servicio de agua en un ayuntamiento?

R.- Es difícil hablar de cifras, pero la experiencia hasta ahora en temas de servicios e inversiones públicas, es bastante criticable. Y no lo digo yo en este momento, sino que evoco trabajos muy consistentes realizados por los Profesores Victorio del Valle, José Barea y Leopoldo Gonzalo, que son bien conocidos por los que estudian estas cosas; y que no son tan favorables a la gestión pública, por el mucho mayor coste que apreciaron en sus respectivos trabajos. Además, hay una cuestión de prioridades: ¿No es mejor dejar que funcione una empresa buena de gestión privada y dejar los fondos destinados a la remunicipalización para destinarlos a los ciudadanos en las áreas de mayor carencia y en las necesidades que más se sienten?

P.- ¿Cómo podrían afectar a los trabajadores de los servicios? ¿Se mantendrían el empleo y las condiciones laborales actuales?

R.- Eso está por ver en cada caso. Y puede suceder que con el prurito de ser más rentables que la gestión privada, se incurra en adelgazamiento de la nómina. Pudiendo suceder que en ese proceso, y en la contratación de nuevos empleos, rija más la ideología que la racionalidad.

P.- ¿Considera que una buena regulación de los servicios del agua podría contribuir a resolver este debate?

R.- Desde luego. Por eso he puesto de relieve con anterioridad la importancia del regulador. Miren un momento hacia el oeste: Portugal tiene una regulación que en buena parte sería asimilable por España, que carece de ella.

P.- Por último. ¿Cuáles cree que deberían ser las principales características de la prestación de servicios en las ciudades del futuro?

R.- Todas las ciudades, aparte de la moda de lo smart, deben ser inteligentes. Es decir, deben aspirar a un máximo de capacidad y raciocinio económico en sus acciones. Ya no cabe aquello de “pastorear a los ciudadanos” con unos bandos municipales más o menos interesantes. La corporación debe ser un auténtico think tank, y al tiempo un organismo de ejecuciones sin dilación y con apreciación de todo lo que se debe a los sufridos contribuyentes.

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