La nueva normativa incorpora en su articulado una modificación sustancial de la Ley 3/2008, de ordenación de la minería de Galicia. Así, los derechos mineros podrán denegarse motivadamente por "el incumplimiento de los requisitos subjetivos o la insuficiente acreditación de la solvencia económica o técnica del solicitante", tal como ocurrió con Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater, empresa a la que se le comunicó oficialmente el 11 de marzo de 2014 desde la Xunta de Galicia la cancelación del proyecto por su falta de solvencia financiera y técnica para llevar a cabo la explotación el 11 de marzo de 2014, y que anteriormente había hecho público Alberto Núñez Feijóo durante el debate de estado de la autonomía el 15 de octubre de 2013.
La entrada en vigor de la nueva ley, además, no deja lugar a dudas, al señalar que "una vez que la resolución denegatoria sea definitiva en la vía administrativa, el órgano minero competente incoará de oficio el procedimiento de caducidad de los derechos, que, una vez que finalice, implicará la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Minero de Galicia".
Debido a esto, la Consellería de Economía e Industria debe proceder cuanto antes a la activación del procedimiento de anulación de los derechos mineros de Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater en Cabana de Bergantiños y enterrar definitivamente los planes de la empresa en un proyecto que jamás debió ser contemplado pues hubiera supuesto una amenaza de imprevisibles consecuencias tanto para el tejido productivo de la comarca, centrada en los sectores agropecuario, pesquero y turístico, como a nivel medioambiental, debido a su ingente volumen de generación de residuos y a la presencia de las inmensas balsas mineras de flotación y lixiviación, que hubieran supuesto una auténtica "bomba de relojería" para las generaciones presentes y futuras.
