Salvemos Cabana muestra su preocupación por el hecho de que el alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muiño (PP), haya decidido sin el consenso del pleno que el ayuntamiento vaya a personarse en el contencioso administrativo que mantiene la minera canadiense contra la Xunta de Galicia, en el que le reclama una indemnización por daños y perjuicios de 20 millones de euros.
Es necesaria una aclaración urgente que determine si los recursos públicos que puedan estar siendo empleados por el consistorio cabanés, y que son pagados con los impuestos del contribuyente, pueden estar favoreciendo directa o indirectamente las millonarias reclamaciones patrimoniales de Edgewater, lo que supondría de facto una grave afrenta contra los intereses del pueblo gallego, resultando igualmente importante que se depuren responsabilidades en la lamentable circunstancia de que así sea.
Dada la gravedad del caso, el Partido Popular debe desautorizar a José Muiño, que se está enfrentando a la decisión de su propio partido de cancelar el proyecto de la mina de oro de Corcoesto. Es necesario recordar que la anulación del proyecto por parte del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo fue fruto del incumplimiento, pues la minera no logró en ningún caso reunir e 25% de fondos propios de capital y reservas exigidos sobre el total de la inversión, cuantificada en más de 100 millones de dólares, y que en la práctica suponía multiplicar por sesenta el status económico de la empresa.
En este contexto, en absoluto tiene sentido que el Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños se persone en el procedimiento judicial, más cuando en fechas recientes el Tribunal Constitucional ha confirmado la pérdida de los derechos mineros por parte de la empresa canadiense de acuerdo a los cambios introducidos en la Ley 12/2014, de Medidas Fiscales y Administrativas, que reforman determinados apartados en de la Ley 3/2008, de Ordenación de la Minería de Galicia.
CORCOESTO S.A., UNA EMPRESA CREADA AD HOC A TRAVÉS DE UN BUFETE PANAMEÑO ESPECIALISTA EN SOCIEDADES OFFSHORE Y TEMAS CORPORATIVOS
Por otra parte, Edgewater ha declarado públicamente en su último comunicado del 21 de octubre de 2015 que la Xunta de Galicia ha actuado "de manera manifiestamente ilegal y en violación de las obligaciones del Reino de España en virtud del derecho internacional" y su intención de acudir al arbitraje internacional para defender "los intereses de sus accionistas" por las actuaciones de la compañía a través de su filial Corcoesto S.A.
El hecho es que Corcoesto S.A. es una sociedad registrada el 26 de agosto de 2014 por la firma Melhado&Webster, bufete panameño que reconoce en su página web ser especialista en temas corporativos y la gestión de sociedades offshore en paraísos fiscales como Bahamas, Belize o las Islas Vírgenes Británicas.
En virtud del país de domiciliación de la empresa, Panamá, Edgewater apela ahora al Tratado Bilateral de Inversión entre España y Panamá ('Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Panamá'), que en su artículo 12 trata sobre la resolución de controversias entre inversor-estado, bien sea mediante un tribunal establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial y proclive a la actividad corporativa.
Sin embargo, Corcoesto S.A. fue creada 5 meses después de la cancelación oficial del proyecto por parte de la Xunta en marzo de 2014 por lo que cuanto menos resulta sorprendente que una empresa que no existía pueda presentar ahora como propios unos hechos de los que no pudo ser partícipe.
ES FUNDAMENTAL LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN DESDE EL PARLAMENTO DE GALICIA
Por lo anteriormente descrito, es fundamental que se realice desde el Parlamento de Galicia, como casa de la soberanía popular, una investigación que permita aclarar las circunstancias que rodean ambos hechos, si el alcalde de Cabana puede estar actuando con intereses opuestos a los de la Xunta en el procedimiento contencioso-administrativo que Edgewater mantiene con el Gobierno gallego y si efectivamente las reclamaciones por vía internacional de la minera canadiense se están fundamentando en una empresa creada tras la cancelación del proyecto que de manera incomprensible pretende actuar con carácter retroactivo.
UN RELATO PARA SACAR CONCLUSIONES
Finalmente, hay que resaltar que nada de esto hubiera sucedido si la Consellería de Medio Ambiente hubiera actuado de manera competente, pues al aprobar la declaración de impacto ambiental a fnales del 2012 desencadenó un proceso que nos ha llevado a estos efectos tan lamentables y que han supuesto un alto coste tanto a nivel social como de consumo de recursos públicos.
