Si algo se desprende del escándalo desatado esta semana tras las graves acusaciones que se han conocido por parte de la empresa canadiense Edgewater contra el Gobierno autonómico de que han existido presuntos intentos de soborno durante la tramitación del proyecto minero, es que se impone la necesidad de un modelo industrial cuya sensatez permita que las tareas extractivas no puedan interferir en sectores productivos básicos como la agricultura o la ganadería, que forman parte de la propia esencia de Galicia desde tiempos inmemoriales.
"No estamos en contra del sector minero -ha afirmado el portavoz de Salvemos Cabana Moncho Varela- y entendemos que la empresa canadiense Edgewater, como cualquier otra, puede defender unos intereses que considera legítimos y respetables, pero si la Xunta de Galicia hubiera actuado de manera responsable desde el principio se habría ahorrado mucho dolor y sufrimiento en la comarca de Bergantiños".
"Aunque nos indigne lo que está sucediendo, en realidad no podemos hablar de corrupción porque no sería justo y tampoco tenemos pruebas de ello, pero está claro que las cosas quizás no se han hecho como deberían en la parte administrativa"-ha aseverado Varela-. Lo que no es comprensible es cómo la Xunta de Galicia pudo aprobar una declaración de impacto ambiental (DIA) con algunas carencias que consideramos tan significativas".
Una lucha de cuatro años de duración
En 2012, la Plataforma Salvemos Cabana se opuso a la DIA aprobada por la Consellería de Medio Ambiente por considerarla inviable ambiental y socialmente. No se tuvieron en cuenta las fundamentadas alegaciones de especialistas y colectivos, que veían la actividad extractiva como no compatible con la protección del tejido productivo y los valores naturales a conservar.
Preocupó desde el principio la posible afectación al motor de empleo de la Costa da Morte, que son las actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería, el marisqueo y la pesca pero también a otras actividades como el turismo, que cada vez tienen más pujanza en la comarca.
Estaba también la cercanía con el río Anllóns, su estuario y su área de influencia, considerado uno de los mejores paisajes de Galicia y una joya a conservar, protegida también a nivel europeo (códigos LIC ES1110015 y ES1110005) y la Zona de Especial Protección para las aves Costa da Morte (Código ZEPA ES0000176).
El mayor riesgo, sin embargo, era la utilización de cianuro de sodio como reactivo, pues el proyecto pretendía utilizar 546 toneladas anuales de este compuesto de alta toxicidad. Los peores temores se vieron refrendados al descubrir que el propio Parlamento Europeo había aprobado en 2010 una resolución para su prohibición, en la que literalmente pedía a la Comisión y a los estados miembros no prestar apoyo "de forma directa o indirecta, a ningún proyecto en la UE en la que se empleen tecnologías mineras a base de cianuro hasta que sea aplicable la prohibición general, ni se respalden proyectos de esas características en terceros países" considerando que esta sustancia química altamente tóxica "está clasificada como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica". Desde luego, ya no cabía lugar a dudas de la peligrosidad que entrañan este tipo de proyectos mineros.
Las sospechas se confirmaron cuando una mina asturiana que fue elegida de "modelo" para mostrar las bondades de la minería del oro a un grupo de vecinos y vecinas de Bergantiños, la de Belmonte de Miranda, recibió en 2014 sendas sanciones de 84.000 y 242.920 euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por diversos vertidos tóxicos de selenio, arsénico, cianuro, fluoruros, zinc, níquel y cobre, provocando un grave problema ambiental en la cuenca del río Narcea.
Teniendo en cuenta todos estos factores, sin duda la Administración gallega tomó la decisión acertada al cancelar el proyecto de Corcoesto pero no es comprensible cómo, con la problemática asociada a este tipo de proyectos pudo aprobar la DIA, que facilitaba enormemente los planes de la empresa. Ahora, es la propia Galicia quien tiene que enfrentar las consecuencias de una actuación que se ha demostrado finalmente tan poco acertada. Por eso supone, sin duda, una lección a futuro para la Xunta de Galicia y algo para no repetir.
