A punto de cumplirse 41 meses de la rotura de una de las balsas del complejo y el consiguiente vertido de más de 24.000 m³ de agua y lodos que pudo llegar a provocar un drama humano en varias parroquias coruñesas de Carballo y Malpica de Bergantiños, las antiguas áreas de explotación de wolframio y áridos siguen suponiendo un peligro real ante la falta de vigilancia y medidas de seguridad y la desidia institucional por parte de los departamentos responsables de la Xunta de Galicia.
El último episodio se ha vivido este verano tras el robo de los soportes metálicos de los dos únicos carteles de peligro instalados por la Consellería de Industria y la desaparición de uno de ellos, que se suma a la oleada de robos vivida en este emplazamiento cuando todavía estaban presentes las instalaciones mineras de la empresa Leitosa S.A.U., finalmente vendidas en subasta pública con el objetivo de recaudar fondos para hacer frente al pago de acreedores tras la quiebra de la mercantil, última concesionaria del enclave minero.
Desde entonces, y con el más que cuestionable plan de restauración aprobado por la Xunta de Galicia, que para nada da una solución real a la problemática ambiental derivada de la explotación minera del Monte Neme, las actuaciones se han reducido únicamente a la instalación de algunos avisos pero sin el establecimiento de un vallado de seguridad ni vigilancia de ningún tipo, lo que llevó en 2016 a la Plataforma Salvemos Cabana a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo ante el evidente riesgo para la integridad de las personas, que en ocasiones se adentran de manera imprudente en algunas zonas donde los taludes caen verticalmente decenas de metros.
Una restauración que no llega
Ante esta lamentable situación, lo que más sorprende es que desde los responsables de la Xunta de Galicia no haya en este momento ni oficio ni beneficio, y que a estas alturas, el actual Director Xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, todavía no haya tomado las riendas de la situación ordenando el establecimiento de todas y cada una de las medidas de seguridad que serían preceptivas en el complejo abandonado, tal y como marca la Ley 3/2008, de ordenación de la minería de Galicia y señala la normativa europea en vigor.
Así, la Directiva 2006/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, establece medidas, procedimientos y orientaciones para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos adversos sobre el medio ambiente, la biodiversidad y los riesgos para la salud humana, señalando de manera taxativa que "es necesario que los Estados miembros garanticen que las autoridades competentes organicen un sistema eficaz de inspecciones o medidas de control equivalentes respecto a las instalaciones de residuos de las industrias extractivas", algo que en el Monte Neme ni se tuvo en cuenta históricamente durante sus distintas épocas de explotación, ni se está teniendo en cuenta en medio de la actual fase de abandono con una pretendida e incompleta restauración que parece que va camino de ninguna parte.
