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17 entidades de la sociedad civil reclaman una nueva política de agua en España

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  • 17 entidades  sociedad civil reclaman nueva política agua España
  • 17 entidades de la sociedad civil denuncian en el Congreso la política de agua actual, todavía dominada por enfoques productivistas incompatibles con la normativa del s. XXI y demasiada vulnerable al clientelismo y la corrupción. Proponen una serie de reformas para la próxima legislatura para reorientar el sector en España hacia los valores naturales, sociales y culturales del agua y así sentar las bases para el verdadero uso sostenible del recurso.

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En el Congreso de los Diputados, 17 entidades de la sociedad civil han presentado una lista de prioridades para la política de agua en la próxima legislatura. En el documento entregado hoy a los parlamentarios, diversos colectivos locales, entidades recreativas y ambientales, organizaciones científicas y redes y plataformas ciudadanas a nivel de cuenca reclaman una serie de reformas en la normativa, política, gestión e instituciones del agua, que se dividen en dos grupos.

El primer grupo contempla una serie de medidas urgentes, de acción inmediata para el próximo gobierno central; y el segundo  propone varias medidas de mayor alcance, a desarrollar a lo largo de la legislatura. Entre las medidas urgentes, destacan:

  • Reconocer por ley el derecho humano al agua en España.
  • Restringir la compraventa de derechos del uso del agua y condicionar el uso de esta herramienta a criterios de transparencia, sostenibilidad e interés general.
  • Revisar el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura y establecer hojas de ruta para reducir la dependencia e impactos de los trasvases.
  • Liquidar las Sociedades Estatales de Aguas y devolver sus competencias a la Administración Pública.
  • Aplicar una política de recuperación de costes del uso del agua que incentive el uso eficiente del recurso.
  • Acotar la definición de los conceptos de ‘interés general’ y ‘obra de emergencia’ para evitar abusos que favorezcan intereses económicos particulares a costa de los ecosistemas.
  • Paralizar o abandonar de forma definitiva las obras hidráulicas con más conflictos ambientales y sociales (algunos ejemplos son el dragado del estuario del Guadalquivir, trasvase del río Castril, embalses de Alcolea, Yesa, Biscarrués, Mularroya… ) y abrir un debate social amplio sobre otras alternativas.
  • Potenciar medidas para favorecer los valores naturales del agua: 
    • revisar los regímenes de caudales
    • reactivar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, 
    • promover infraestructuras verdes como alternativas a los dragados y encauzamientos fluviales
    • ampliar el alcance y la aplicación de la figura de Reservas Naturales Fluviales con la protección urgente de más ríos tramos fluviales, como los ríos Hozgarganta, Genal y Grande, entre otros.

Asimismo, se reclama otra serie de medidas de envergadura para finales de la legislatura:

  • Reformar la Ley de Aguas, los organismos de cuenca y los planes hidrológicos del periodo 2016-2021, para garantizar el cumplimiento de la normativa europea.
  • Reformar el sistema concesional para ajustar las concesiones a la disponibilidad real del agua y las necesidades hídricas de los ecosistemas y racionalizar y simplificar los trámites administrativos para los usos lúdicos y recreativos.
  • Fomentar una mayor participación ciudadana activa en los debates, procesos y órganos de toma de decisión en torno al agua.
  • Impulsar la lucha contra las especies invasoras del medio acuático.
  • Garantizar una mejor coordinación de la política del agua con otras políticas como las de agricultura, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y ordenación territorial.

El documento termina con dos anexos sobre las cuencas de los ríos Guadiana y Tajo, como ejemplos que ilustran distintas facetas de la problemática y demuestran la necesidad de reformas de calado en las bases, la organización y la aplicación de la política de agua en España.  

Varias de las entidades firmantes que representan a la sociedad civil en los Consejos de Agua a nivel estatal y de cuenca, ya han denunciado a España ante las instituciones europeas por repetidas vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de agua. Estas denuncias siguen bajo la investigación activa de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Todos los firmantes se comprometen a trabajar en la próxima legislatura para conseguir los cambios necesarios para encaminar la política del agua hacia la sostenibilidad, la justicia y la legalidad, y así garantizar la calidad ambiental de los ríos, acuíferos y humedales como condición imprescindible para el uso sostenible de este recurso natural tan preciado en nuestro país.

Las entidades firmantes de este documento son, por orden alfabético:

  • AEMS-Ríos con Vida   
  • Asociación en Defensa del Piragüismo y los usos Recreativos del Agua
  • Asociación Ojos del Guadiana Vivos
  • Centro Ibérico de Restauración Fluvial
  • Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases
  • Ecologistas en Acción
  • Fundación Nueva Cultura del Agua
  • Greenpeace
  • Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
  • Plataforma por la Defensa del Río Castril
  • Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
  • Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo / Tejo y sus ríos
  • SEO/BirdLife
  • Unión Nacional de Pescadores Conservacionista
  • URA-Nueva Cultura del Agua
  • WWF
  • Xúquer Víu

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