Presentación iAgua Magazine 15

La sequía como pretexto para consolidar la escasez

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  • sequía como pretexto consolidar escasez
  • El pasado viernes el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley 10/2017 de medidas de urgencia, en pleno periodo de sequía, que no resuelven los problemas de gestión y planificación del agua y además vulneran la legislación vigente.

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Las sequías no son nada excepcional en España, sino un fenómeno natural y recurrente que, además, será cada vez más frecuente con el cambio climático. En vez de asumir esta realidad y solucionar los problemas de sobreexplotación que provocan episodios de escasez en cuanto disminuyen las lluvias, los gestores del agua siguen empeñados en afrontar las sequías a golpe de medidas urgentes y excepciones. Las autoridades del MAPAMA lo han hecho una vez más frente a la sequía actual, con un Real Decreto Ley (10/2017, aprobado el pasado viernes) que sólo busca esquivar la legislación vigente para mantener la demanda de la agricultura. Una huida hacia adelante que no plantea, ni siquiera en momentos de escasez, reducir ni adaptar la demanda a un recurso tan limitado como el agua.

Entre otras cosas, este Real Decreto Ley prevé exenciones al pago de la tarifa de utilización del agua, del canon de regulación y de la tarifa de conducción de las aguas del acueducto Tajo-Segura para los usuarios de riego afectados por la sequía. Esto va totalmente en contra de la recuperación de costes de los servicios del agua que exige la Directiva Marco del Agua, y no supone un incentivo para el uso eficiente de los recursos a través de la gestión de la demanda. Además, con esta norma se vulnera el apartado 3 del artículo 111bis de la Ley de Aguas (RDL 1/2001), ya que no se cumple ni el plazo ni la forma del informe motivado que justifique estas excepciones a la recuperación de costes. Estas excepciones tampoco se han contemplado en el apartado financiero de los Planes hidrológicos correspondientes. Por tanto, tan solo supone una decisión de las autoridades de apoyar económicamente a unos usuarios de riego frente a otros. A menor precio, además, mayor demanda que sin medidas oportunas de control llevará a una mayor escasez que terminará afectando a los demás usuarios.

El Real Decreto Ley también introduce un régimen excepcional sobre la cesión de derechos de uso del agua

En segundo lugar, este Real Decreto Ley también introduce un régimen excepcional sobre la cesión de derechos de uso del agua. Utilizando la excusa de la sequía, en las demarcaciones del Duero, Júcar y del Segura se podrán comprar y vender derechos de uso privativo sin tener en cuenta las limitaciones que establece el artículo 69 de la Ley de Aguas. No será necesario comprobar la disponibilidad de agua ni calcular el volumen de agua realmente utilizado por el cedente, si no que se podrá vender todo el agua que aparece reflejada en la concesión.

Esto puede dar lugar a un efecto de mayor consumo que el precedente, como ya denunció en su momento WWF en su informe “El fiasco del agua en el Alto Guadiana en relación con el Banco de Agua del Plan Especial del Alto Guadiana. Se produjo una compra-venta de derechos “de papel”, pues el Banco de Aguas del Guadiana adquirió derechos de agua de concesionarios que no habían utilizado el agua en los anteriores 5 años. Este intercambio supuso entonces más del 80% de las adquisiciones de derechos de agua en la zona. Con el acto normativo del PEAG, ajeno a la legislación vigente en aquel momento, no mejoró la redistribución de recursos hídricos en función de las necesidades. Por el contrario, se incrementó en 15Hm3 el volumen que podría extraerse legalmente del sobreexplotado acuífero 23, con un coste total de 66 millones de euros en su mayoría de dinero público.

Con el Real Decreto Ley recién aprobado, una vez más se trata tan solo de favorecer la compra-venta de derechos entre usuarios a cambio de compensaciones monetarias, para corregir aparentemente los efectos de la sequía sobre la productividad económica de las explotaciones en regadío, pero a costa de no disminuir la presión sobre los recursos hídricos. Además, al no controlarse que esos derechos se estuvieran usando realmente, volverán a venderse derechos de “papel” permitiendo a no regantes cobrar por un agua que no usan, y a los compradores pagar y regar con un agua que no existe, agravando aún más la situación de escasez derivada de la sequía.

Las sequías no se resuelven en periodo de sequía. Hay que integrarlas plenamente en la planificación hidrológica, reducir las demandas hasta los recursos realmente disponibles y mejorar el estado de los ríos, humedales y acuíferos, para que alcancen el buen estado como exige la Directiva Marco del Agua. Solo así estaremos más preparados antes de que llegue la próxima sequía, seremos menos dependientes de unos recursos hídricos escasos y podremos afrontar con mayor garantía las situaciones de emergencia cuando ya no haya tanta agua disponible.

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