La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este martes a las autoridades españolas aumentar la protección ambiental del Mar Menor, desarrollando la personalidad jurídica del entorno natural, en un informe que evita señalar la responsabilidad directa del Gobierno de la Región de Murcia en la crisis ecológica.
En el informe final votado en comisión, los eurodiputados reclaman una "acción global" de todas las autoridades competentes y plantean una batería de recomendaciones para promover una mayor protección medioambiental de la laguna salada. El texto sigue a la visita que realizó una delegación de la Eurocámara en febrero pasado al terreno para evaluar la situación en el terreno.
Tras señalar la necesidad de que la Comisión Europea actúe en lo que respecta al cumplimiento o incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE, utilizando todas las herramientas a su disposición, el texto pide que se blinde la personalidad jurídica del Mar Menor y de esta forma desarrollar la iniciativa legislativa popular aprobada por el Senado español, un paso pionero en Europa para dotar de derechos a los espacios y hábitats naturales.
El informe contempla que se aplique el principio de que 'quien contamina paga', como proponía el PSOE, para que no sean los ciudadanos de a pie los que costeen la recuperación del entorno que "han contaminado unos pocos" y pide prevenir y controlar los inadecuados fondeo de embarcaciones que dañen el fondo del mar.
Otras medidas sugeridas son la auditoría de las plantas y sistemas de tratamiento de aguas residuales de todos los Ayuntamientos que vierten al Mar Menor, la posibilidad de reducir la cantidad de agua del acuífero para equilibrarlo con el nivel del Mar Menor y que se aumente el intercambio de aguas con el Mediterráneo y extraer los lodos del fondo de la laguna salada.
Rechaza señalar al Gobierno de López Miras
En todo caso, finalmente el informe no señala la responsabilidad directa del Gobierno de Murcia en la crisis ambiental del Mar Menor, como proponían los partidos de la izquierda, toda vez ha quedado rechazada la enmienda presentada por IU, que apuntaba al papel del Gobierno de Fernando López Miras.
Dicha enmienda señalaba al Ministerio de Agricultura del Gobierno central, aunque acusaba de inacción "en particular" al Ejecutivo regional. Igualmente, pedía calificar la situación en la albufera de agua salada de "ecocidio", a la luz de "la gravedad y persistencia del daño ambiental", haciendo propio el término que emplearon los funcionarios de la Comisión Europea que han estudiado este caso.
