La gestión del agua en España ha sido una parte fundamental de la política de desarrollo económico de nuestro país. Tras seis años del gobierno del PP en el que la política hídrica se ha centrado en cumplir con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y establecer un Pacto Nacional del Agua, esta etapa llega a su fin tras la monción de censura encabezada por Pedro Sánchez.
En este nuevo ciclo de entrevistas llamado "La Nueva Política del Agua", iAgua quiere dar voz a todos los actores implicados en el ciclo integral del agua para que evalúen las actuaciones en materia hídrica del anterior Gobierno y establezcan, a su juicio, las prioridades del nuevo. Estrenamos la sección con Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE).
Pregunta: Recientemente, España ha vivido una moción de censura que ha terminado con un ciclo de más de 6 años de gobiernos del PP. ¿Qué balance general realiza de las políticas de agua llevadas a cabo desde la Administración General del Estado en esta etapa?
Respuesta: El balance, desde mi punto de vista, es positivo, sobre todo si tenemos en cuenta la herencia recibida. Después del tremendo retraso que se acumulaba en planificación hidrológica, se consiguió aprobar todos los planes de cuenca y ponernos al día con Bruselas, lo que ya de por sí es un gran paso, porque ahora sí estamos en los tiempos que marca la Directiva Marco del Agua. También es destacable que la Dirección General del Agua haya puesto en marcha la maquinaria y haya llevado a cabo la ronda de reuniones con todos los actores implicados para poder sentar las bases del Pacto Nacional del Agua. Además, se han hecho avances, pequeños, pero avances al fin y al cabo, en materia energética. La Ley de Medidas Urgentes para la Sequía abría la puerta a una demanda histórica de Fenacore como es la posibilidad de firmar dos contratos al año con las eléctricas con potencias diferentes, uno de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima el resto del año para el mantenimiento de los equipos, para no pagar todo el año por algo que sólo utilizamos en época de riego. Por tanto, sí que podemos decir que con la administración saliente el agua cobró mayor protagonismo en la agenda política.
P.- La política de agua ha quedado encuadrada en el Ministerio para la Transición Ecológica encabezado por Teresa Ribera y Hugo Morán. ¿Cuáles diría que son sus principales retos y qué espera de su acción de gobierno en materia de agua?
R.- Por un lado, que no detenga la planificación hidrológica existente y que no haga que el esfuerzo realizado por el anterior Ejecutivo para llegar a un Pacto Nacional del Agua caiga en saco roto. Debe llevar adelante sin trabas todas las actuaciones que ya están contempladas en los diferentes planes de cuenca vigentes y en los que se incluyen ya las obras de regulación correspondientes, que hoy en día son imprescindibles para paliar los efectos negativos del cambio climático: van a permitir tener agua garantizada en época de sequía y van a evitar los daños producidos por las inundaciones.
Siempre lo digo, pero en materia hidráulica hacen falta proyectos largoplacistas para garantizar un horizonte estable que asegure que las acciones que se proyectan en una legislatura se ejecuten durante el ciclo político que corresponda sin depender de las prioridades del Gobierno de turno.
Por otro lado, y muy importante también, desarrollar el reglamento de la Ley de Medidas Urgentes para paliar los efectos de la sequía para poder hacer efectiva la firma de esos dos contratos al año con las eléctricas. Esta medida no se está aplicando porque quedó pendiente el desarrollo del reglamento. Esto ahora mismo es una prioridad.
