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J.M. Cepeda: "Se debe fomentar la utilización conjunta y racional de todas las fuentes de agua"

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  • J.M. Cepeda: "Se debe fomentar utilización conjunta y racional todas fuentes agua"
    José Manuel Cepeda Sanz, presidente de Feragua.

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FERAGUA
Feragua es la primera asociación del regadío andaluz, y la más representativa, pues agrupa más de 300.000 hectáreas de todas las cuencas andaluzas, el 33% de la superficie de riego en la Comunidad. 
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Continuando con el ciclo de entrevistas "La Nueva Política del Agua" (#NuevaPolíticaAgua) en el que buscamos dar voz a todos los actores implicados en el ciclo integral del agua para que evalúen las actuaciones en materia hídrica del anterior Gobierno y establezcan, a su juicio, las prioridades del nuevo, hablamos con José Manuel Cepeda Sanz, presidente de Feragua.

Pregunta: Recientemente, España ha vivido una moción de censura que ha terminado con un ciclo de más de 6 años de gobiernos del PP. ¿Qué balance general realiza de las políticas de agua llevadas a cabo desde la Administración General del Estado en esta etapa?

Respuesta: El balance que realizamos desde Feragua es un balance pobre en cuanto a inversiones destinadas a políticas de aguas en general, y muy especialmente en regadío, donde no se pusieron en marcha nuevas obras de regulación, ni de mejora de las redes principales de regadío, ni de trasvases para garantizar la satisfacción de las demandas de agua. Para colmo, la única obra de regulación en marcha en Andalucía, la presa de Alcolea en Huelva, se paralizó. Los ajustes presupuestarios para controlar el déficit público tras la crisis y la fuerte disminución de los fondos FEDER para obras hidráulicas, condicionaron la política de inversiones con fines de regadío. En el futuro vendrán las sequías y echaremos en falta la inversión en materia de aguas. 

"El agua es un bien de dominio público de competencia estatal, y no del territorio, provincia o pueblo por donde pasa"

Finalmente, ya en la segunda legislatura toda la política de agua quedó supeditada al loable y demandado Pacto Nacional por el Agua, que desgraciadamente no pudo ser culminado, alargando la parálisis inversora de la primera legislatura. El modelo territorial de España, con cada Comunidad Autónoma queriendo blindar sus competencias, no ayuda a la resolución de los problemas de falta de garantía del recurso hídrico, que se da con mayor incidencia y severidad en la España Seca. El agua es un bien de dominio público de competencia estatal, y no del territorio, provincia o pueblo por donde pasa.

Como cuestión positiva a resaltar, se culminaron dos periodos de planificación hidrológica en apenas 3 años, donde los usuarios tuvimos una importante participación y se evitaron las temidas sanciones por el retraso en el proceso de planificación, que hubieran limitado a su vez la inversión con fondos europeos FEADER en materia de mejora de regadíos.

P.- La política de agua ha quedado encuadrada en el Ministerio para la Transición Ecológica encabezado por Teresa Ribera y Hugo Morán. ¿Cuáles diría que son sus principales retos y qué espera de su acción de gobierno en materia de agua?

R.- Sin duda, la puesta en marcha del Pacto Nacional por el Agua debería ser una prioridad para el nuevo Ministerio, tanto para garantizar las demandas de todos los usos como para mejorar la gobernanza del agua, dotando de mejores recursos técnicos y de tecnologías innovadoras a las Confederaciones Hidrográficas, que son pilares básicos de la gestión del agua en España.

"La puesta en marcha del Pacto Nacional por el Agua debería ser una prioridad para el nuevo Ministerio"

Si la situación política y las demandas territoriales no permiten avanzar en el Pacto –lo cual es muy posible–, la prioridad debería ser la satisfacción de las demandas y la simplificación de trámites en la administración hidráulica, con el consiguiente ahorro económico. Por otro lado, se debe fomentar la búsqueda de soluciones que integren la utilización conjunta y racional de todas las fuentes de suministros de agua: tanto los recursos convencionales (superficial y subterránea), como los no convencionales (regeneración y desalación), y los que provienen de los ahorros de obras de mejoras de las redes de abastecimiento y fundamentalmente del regadío, que queda por modernizar.

El impulso y fomento de las energías renovables (eólica y fundamentalmente fotovoltaica) deben de reducir los elevados costes energéticos y hacer más competitivo el acceso al agua para los regantes. Confiamos en la eliminación del impuesto al Sol y, por otro lado, que no aparezcan otros nuevos impuestos de naturaleza ambiental que graven al regadío.