El Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), que agrupa a las principales ingenierías españolas, denuncia que el Canal de Isabel II enmascara como legal una subasta de ingeniería en un reciente concurso, algo que prohíbe la actual Ley de Contratos del Sector Público.
Esta norma, que acaba de cumplir un año de su puesta en marcha, específica que al menos el 51% de la valoración de la oferta debe corresponderse con criterios relacionados con la calidad, algo que aparentemente cumple el pliego para un contrato de servicios de asistencia técnica para la actualización documental y redacción de proyectos de la presa de Guadiloba, en Cáceres. Sin embargo, tras esa apariencia de legalidad se esconden dos irregularidades.
En concreto, el pliego establece criterios técnicos que no tienen relación alguna con la calidad del proyecto: la ampliación del período de garantía y la reducción del plazo de ejecución. Además, por si no fuera suficiente, el pliego indica con todo detalle cómo obtener la máxima puntuación técnica, por lo que no busca con interés cierto la competencia en calidad de las empresas candidatas.
Así, el pliego señala con claridad meridiana que reduciendo el plazo de ejecución de 10 a 8 meses e incrementando el período de garantía en 48 meses se consiguen los 51 puntos máximos de la oferta técnica, que es lo que efectivamente ha sucedido en la licitación, ya que todos los ofertantes, sin excepción, han obtenido la misma nota “sobresaliente”. De este modo se camufla una subasta bajo apariencia legal de concurso, pues la competitividad de las ofertas se limita al que lo haga más barato y no al que lo haga mejor.
Según el director general de FIDEX, Fernando Argüello, “hecha la ley, hecha la trampa. No se puede admitir un pliego que en apariencia respeta la Ley de Contratos, dando el 49% máximo al precio y el 51% mínimo a la calidad técnica, cuando el pliego aplica criterios técnicos que no son criterios de calidad y te chiva cómo conseguir la máxima puntuación en esta parte. El Canal de Isabel II insiste en subastar la ingeniería como hacía con la anterior la Ley de Contratos del Sector Público, con la gran diferencia de que antes le amparaba la ley y ahora no”.