El Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), que agrupa a las principales ingenierías españolas, ha pedido al Canal de Isabel II que suspenda la licitación del concurso para la actualización documental y redacción de proyectos de una presa por incumplir la Ley de Contratos del Sector Público, que prohíbe la subasta de los servicios de ingeniería.
Las ingenierías explican que el pliego contraviene la Ley de Contratos del Sector Público pues, por un lado, establece como “criterios de calidad” determinados criterios técnicos que nada tienen que ver con la calidad del proyecto y, por otro, detalla cómo conseguir la máxima puntuación en la parte técnica, haciendo del concurso una subasta en la que sólo se compite por precio.
Para FIDEX, este nuevo contrato evidencia cómo Canal de Isabel II sigue insistiendo en anteponer el precio a la calidad aun con un marco legal que ya no le respalda, repitiendo malas prácticas del pasado cuando entonces era habitual que adjudicara con bajas económicas de entre el 45% y 65%.
Un año después y con un cambio normativo mediante, las prácticas son en esencia las mismas. En este proyecto concreto, Canal de Isabel II camufla una subasta bajo apariencia legal de concurso, pues la competencia entre las ofertas se limita al que lo haga más barato y no al que lo haga mejor. Y es que en la parte técnica todos los ofertantes han recibido la máxima puntuación.
De esta forma, Canal de Isabel II se desmarca del buen hacer que otras entidades públicas como ADIF, la Dirección General de Carreteras o la Dirección General de Aguas vienen aplicando en la licitación de sus contratos respetando las nuevas directrices de la Ley de Contratos que entró en vigor hace poco más de un año.
Según el director general de FIDEX, Fernando Argüello, “estamos ante el primer pliego de la historia que te chiva las respuestas de la parte más importante del examen, las relativas a los criterios técnicos de calidad, para conseguir la máxima puntuación. El resultado al final es la subasta de los servicios de ingeniería, algo que prohíbe expresamente la Ley de Contrato del Sector Público”.
