El canon del agua en Andalucía se aprobó en 2010, y su finalidad era la financiación de las obras de saneamiento y depuración necesarias en la comunidad autónoma. 9 años después, el balance de su puesta en marcha no pone de acuerdo a todos los agentes implicados en el sector.
Por ello, hemos entrevistado a personalidades de varios organismos, que dan su punto de vista sobre esta tarifa y sus principales aspectos a mejorar.
En esta ocasión, hablamos con Leandro del Moral, Catedrático del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y Miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Pregunta - ¿Cómo describiría la situación de la inversión en infraestructuras hidráulicas en Andalucía?
Respuesta - En Andalucía también ha afectado, a lo largo de esta última década de recesión económica, la reducción de inversión en los sistemas del ciclo urbano, derivada de las políticas de ajuste unidas a la congelación generalizada de las tarifas de agua y a la reducción de los consumos facturados.
Pero también es de destacar la continuación de la política de inversión en infraestructuras hidráulicas con mala o nula programación y evaluación, como es el caso lamentable del embalse de Alcolea (Huelva), con una fuerte inversión realizada o por realizar sin ninguna perspectiva de utilidad real. Y otros de reciente ejecución y sin uso real, como los embalses de Siles (Jaén) y Melonares (Sevilla). Es un problema derivado de la ausencia de una planificación adecuada, de falta de evaluación de costes rigurosa y de la influencia de grupos de presión tradicionales, que en estos momentos parece que se fortalecen.
P. - El canon del agua en Andalucía se aprobó en 2010, destinado a obras urgentes de saneamiento y depuradoras. ¿Cuál diría que es el balance de esta tasa 9 años después de su puesta en marcha? ¿Se han ejecutado la totalidad de obras comprometidas?
R. - En el año 2010, la Junta de Andalucía, mediante un Acuerdo (BOJA núm. 219 de 10/11/2010) identificó las obras hidráulicas de interés en la Comunidad Autónoma destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas, declarando de especial interés 300 intervenciones en el conjunto de la Comunidad. Lamentablemente, a día de hoy, no existe suficiente transparencia respecto a la situación de las obras: cuáles están ejecutadas a 31 de diciembre de 2018, cuáles no lo están, cantidades pagadas por los usuarios con cargo al canon, cantidades recaudada por los Ayuntamientos y liquidadas a la Junta de Andalucía, así como el calendario para la finalización de las obras de depuración previstas.
"Es de destacar la continuación de la política de inversión en infraestructuras hidráulicas con mala o nula programación y evaluación"
P. - ¿Qué fallos identifica en el diseño y aplicación de este canon, y cómo cree que podrían subsanarse?
R. - El canon autonómico del agua es un impuesto indirecto, y como tal afecta a todas las familias sin distinción de su nivel de renta. Aunque hay un debate sobre la procedencia o no de realizar políticas sociales a través de la factura del agua, la realidad es que existe una gran sensibilidad social en este aspecto que debe tenerse en cuenta. También debe mejorarse lo que se refiere a la consideración de los niveles de consumo y eficiencia en las viviendas y en otras unidades de consumo.
Pero en el aspecto en el que la mejora es más importante es en la planificación participada y en la transparencia actualizada sobre los volúmenes de pagos, ingresos y aplicación territorializada de los recursos derivados de la aplicación del canon.
P. - ¿Cómo describiría la gestión del anterior gobierno de la comunidad en relación a la recaudación de este impuesto y su destino final?
R. - El aspecto que más negativamente destaca es la falta de una programación adecuada, es decir, un plan de depuración que incluyera diagnósticos, definición de objetivos, evaluación de medidas alternativas, análisis económico, calendarios y criterios de seguimiento rigurosos y sometido a los procedimientos de participan pública legalmente exigibles. En realidad, no ha existido ningún plan, ni programa, ni estrategia explícita, o al menos, no se ha facilitado a los agentes sociales cuando la hemos solicitado. En todo caso, se echa en falta la evaluación estratégica de planes y programas que esta programación, de existir, hubiera exigido, y de la que probablemente se hubiera derivado una atención a alternativas descentralizadas y no convencionales que han sido totalmente ignoradas.
"A día de hoy, no existe suficiente transparencia respecto a la situación de las obra"
P. - ¿Cómo valora los cambios normativos propuestos por PP y Ciudadanos respecto al canon?
R. - Antes de entrar a valorar la modificación, hay que señalar que las organizaciones sociales que en 2018 colaboramos en el proceso participativo sobre el Reglamento de ciclo urbano del agua de Andalucía (FACUA, AEOPAS, CCOO, FNCA, Ecologistas en Acción, Savia, UPA) no consideramos adecuado que la misma se opere a través de la tramitación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, obviando la participación ciudadana. Debería haberse abordado mediante un proceso participativo donde los agentes implicados se hubiesen manifestado sobre la oportunidad de la modificación, tras un análisis de la situación.
En segundo lugar, con la modificación planteada, el canon establecido en el año 2010 para depuración, pasa a poder financiar cualquier tipo de infraestructura hidráulica que sean declaradas de interés por la Comunidad autónoma. Las organizaciones sociales mencionadas ya propusimos esta extensión del canon a la financiación de las infraestructuras de aducción, potabilización y distribución. Pero la justificación de este cambio, por parte de la Junta, se apoya en que las inversiones realizadas y los compromisos ya presupuestados para obras de depuración están en avanzado grado de ejecución y, como ya he señalado, los agentes sociales carecemos de la información que nos permita aceptar esta justificación.
"En realidad, no ha existido ningún plan, ni programa, ni estrategia explícita, o al menos, no se ha facilitado a los agentes sociales cuando la hemos solicitado"
Por otra parte, no se puede producir este cambio perpetuando la falta de planificación transparente que garantice una aplicación social y territorialmente solidaria de este canon, que debe estar destinado fundamentalmente a cubrir las necesidades de inversión de los municipios rurales, sin capacidad de financiación propia.
Es necesario subrayar también que, ya en su momento, cuando se instauró el canon se tuvo que hacer un ejercicio previo de revisión de otros cánones locales y provinciales existentes que pudieran suponer una doble imposición al usuario. Con esta modificación, es más importante si cabe este planteamiento, al ampliarse el concepto al de infraestructuras hidráulicas en general, teniendo en cuenta que la aprobación de cánones de mejora en materia de infraestructura hidráulica se ha convertido en los últimos años en un recurso estructural de muchos municipios.
P. - ¿Cree que el hecho de mantener el canon va a poder dar solución a los problemas en el ciclo urbano del agua en Andalucía? ¿Qué otras medidas podrían aplicarse de forma complementaria?
R. - Las inversiones necesarias (en aducción, potabilización, distribución, drenaje sostenible, saneamiento, depuración, adaptación al cambio climático, aspectos sociales…) que son cuantiosas, van a salir (excluidos los decrecientes fondos europeos) de los bolsillos de los ciudadanos, vía cánones y tarifas y/o presupuestos. Como dice el Artículo 80 de la Ley de Aguas: “El pago de intereses y la amortización de créditos para la financiación de las infraestructuras antes mencionadas podrán garantizarse con cargo a la recaudación que se obtenga con el canon”. Predicar el mensaje de que alguien (corporaciones privadas) va a sacar dinero de alguna chistera es confundir al ciudadano. Si hay participación privada es porque el negocio es seguro a corto, medio y largo plazo: clientes cautivos, producto imprescindible e insustituible, capacidad de pago generalizada, segura recuperación de inversiones, incluidos gastos financieros y el legítimo beneficio industrial.
No se puede producir este cambio perpetuando la falta de planificación transparente que garantice una aplicación social y territorialmente solidaria de este canon
En consecuencia, la estrategia más razonable y beneficiosa para la población es explicar con pedagogía esas necesidades (desde la confianza que da la ausencia de ánimo de lucro) y distribuir con criterios de equidad ambiental, territorial y social (como ya se viene haciendo en parte)los costes. Sobre esa base, garantizar su ejecución y gestión por empresas públicas técnicamente solventes (como las muchas que ya existen), a la escala territorial a la que convenga articularlas (como en general ya se viene haciendo) y con transparencia y rendición de cuentas (en lo que hay mucho que mejorar y avanzar).
