Tras seis años del gobierno del PP en el que la política hídrica se ha centrado en cumplir con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y establecer un Pacto Nacional del Agua, esta etapa ha llegado a su fin tras la monción de censura encabezada por Pedro Sánchez. Desde el ciclo de entrevistas llamado "La Nueva Política del Agua", iAgua quiere dar voz a todos los actores implicados en el ciclo integral del agua para que evalúen las actuaciones en materia hídrica del anterior Gobierno y establezcan, a su juicio, las prioridades del nuevo. Hoy hablamos con Gonzalo Delacámara, Director Académico del Foro de la Economía del Agua y Coordinador del Área de Economía del Agua de IMDEA.
Pregunta: Recientemente, España ha vivido una moción de censura que ha terminado con un ciclo de más de 6 años de gobiernos del PP. ¿Qué balance general realiza de las políticas de agua llevadas a cabo desde la Administración General del Estado en esta etapa?
Respuesta: Para empezar, deberíamos avanzar hacia una situación en que la política de agua fuese una política de Estado y, por lo tanto, no sujeta a los vaivenes del ciclo político. Por supuesto, siempre habría en cualquier caso sesgos, matices, aportaciones de diversa índole, pero en lo esencial deberíamos ser capaces de construir consensos de Estado para garantizar la seguridad hídrica en un contexto de adaptación al cambio climático. La gestión del agua merece un perfil mucho más alto.
Incluso dentro de un mismo Gobierno los matices serían necesarios. El Gobierno previo, en sus decisiones presupuestarias, no concedió la prioridad necesaria al agua. Los Planes Nacionales de Calidad de las Aguas, de Saneamiento y Depuración de Aguas y de Reutilización de Aguas, están en algunos casos incompletos; en otros financiados muy por debajo de lo que sería necesario para cumplir con Directivas de la UE y aprovechar el potencial de la economía circular. Por otro lado, la última década ha visto una caída drástica de las inversiones en la gestión de recursos hídricos y de los servicios urbanos de agua, hasta el punto de que más de un tercio de las redes de abastecimiento y alcantarillado están ya cerca del final de su vida útil y no se ve en el horizonte un escenario financiero que permita pensar en el reemplazo de esos activos obsoletos. Nadie puede negar, no obstante, la voluntad de consulta y consenso desde la anterior Dirección General de Agua, sobre todo en torno al Paco Nacional del Agua no nato.
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Por otro lado, el anterior Gobierno profundizó, a veces por acción (como en la reciente Ley 1/2018 de Medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas), a veces por omisión, en una carencia tradicional de la gestión de recursos hídricos en España: se priorizan medidas coyunturales, reactivas, de remediación de impactos, sobre medidas de largo plazo, que apunten no a la sequía sino a la escasez crónica de agua en amplias zonas del territorio. Es decir, se gestionan crisis, no riesgos. Llegamos sistemáticamente tarde.
Por último, resulta complejo entender que, pese a que en 2014 existió un borrador de anteproyecto de ley del ciclo integral del agua urbana, la seguridad hídrica de las ciudades haya desaparecido de las prioridades de la política de agua desde la Administración General del Estado.
P.- La política de agua ha quedado encuadrada en el Ministerio para la Transición Ecológica encabezado por Teresa Ribera y Hugo Morán. ¿Cuáles diría que son sus principales retos y qué espera de su acción de gobierno en materia de agua?
R.- Parte de los retos están implícitos en la respuesta previa.
De entrada, que las competencias estatales de agua queden enmarcadas institucionalmente en un Ministerio de Transición Ecológica, por definición multisectorial, y no en un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, parece muy saludable. La gestión del agua de riego sigue siendo un desafío fundamental. Estamos hablando del usuario cuantitativamente más importante pero la gobernanza del agua demanda aproximaciones que contemplen todos los usos de modo integrado.
Creo que el nuevo Ministerio debería profundizar en la coordinación de políticas sectoriales de modo inequívoco y parece imprescindible hacerlo con la seguridad hídrica a medio y largo plazo en mente y en el marco de un esfuerzo renovado en adaptación al cambio climático, área donde no me cabe duda de que habrá avances más claros en lo que resta de legislatura. La adaptación es la hermana pobre de la mitigación, en la lucha del cambio climático, cuando en realidad en ambas (en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en disminución de riesgos asociados a las consecuencias del cambio climático), hay enormes oportunidades para el desarrollo social y económico y para la generación de bienestar.
En lo que se refiere a la escasez estructural de agua (en el sentido de crónica), para aumentar la resiliencia frente a sequías que serán cada vez más intensas y frecuentes, conviene profundizar en medidas de gestión de la demanda, incluyendo de modo prioritario el aumento de la eficiencia en el uso de agua, sobre todo en las cuencas donde la disponibilidad de recursos renovables de agua no es suficiente para abastecer las demandas (esencialmente como resultado del crecimiento de éstas, no sólo de la ausencia de precipitaciones). A ello debería sumarse un esfuerzo denodado por la diversificación de las fuentes de oferta. Por un lado movilizando la capacidad instalada de desalación ya existente; por otro, resolviendo problemas en la depuración de aguas residuales y apostando por la reutilización de aguas regeneradas. Esa diversificación es inviable sin rediseñar los incentivos y yendo mucho más allá de la tradicional apuesta por los subsidios – el país está endeudado prácticamente en un 100% de su PIB y tiene dificultades para cumplir sus compromisos de déficit público. Además, hay que recuperar el control sobre las aguas subterráneas, un recurso que en general debería ser más para mitigar el impacto de sequías que una fuente de primera instancia.
Para gestionar crecidas y el riesgo de inundaciones, parece necesario un esfuerzo más nítido de restauración de ecosistemas fluviales y llanuras aluviales, haciendo compatible el uso de infraestructuras convencionales con soluciones basadas en la naturaleza (es decir, medidas naturales de retención de agua y no sólo infraestructuras grises). En las últimas décadas se ha profundizado mucho, sobre todo en zonas costeras, en la artficialización del suelo, lo que ha dañado la capacidad natural de drenaje del suelo. Y convendría, por otro lado, sobre todo en las cuencas mediterráneas, gestionar de modo conjunto sequías a inundaciones.
El desafío de garantizar la seguridad hídrica se completa con la mejora de la calidad del agua, un importante desafío pendiente, pues España incumple preceptos clave de la legislación europea (por ejemplo de la Directiva de Depuración de Aguas Residuales Urbanas). Pese a los esfuerzos de las últimas décadas, buena parte de las 2.125 estaciones depuradoras de aguas residuales del país no están preparadas para hacer frente a los nutrientes procedentes de la agricultura, a contaminantes emergentes y persistentes orgánicos o para gestionar las aguas pluviales, que absorben de modo no planificado en una cantidad y calidad (contaminantes atmosféricos) inasumibles. No resolver el problema de calidad no sólo tiene implicaciones sobre la calidad de los ecosistemas acuáticos y terrestres sino que, además, limita nuestras posibilidades de aprovechar el potencial de reutilización de aguas residuales regeneradas, que demanda tratamientos avanzados, pese a tener una de las legislaciones más avanzadas a nivel europeo y una sólida capacidad de investigación (básica y aplicada), desarrollo tecnológico e innovación. No se puede hablar seriamente de economía circular sin enfrentar los déficits en depuración. Aquí hay una de esas oportunidades perdidas para repensar el modelo productivo en un contexto de transición ecológica.
Por último, la pérdida de diversidad biológica en ecosistemas acuáticos es más intensa que en otros tipos de ecosistemas. Tengo la sensación de que el nexo agua-biodiversidad es la piedra angular para coordinar políticas sectoriales para el uso sostenible del suelo y la provisión de servicios ecosistémicos.
Prácticamente ninguno de los desafíos previamente esbozados debería enfrentarse en ausencia de una posición explícita sobre la seguridad hídrica de las ciudades. Las competencias sobre los servicios del ciclo urbano del agua son municipales y eso no debería cuestionarse. Sin embargo, ese reconocimiento explícito de la autonomía municipal parece perfectamente compatible con orientaciones en torno a la seguridad hídrica a escala de cuenca desde el nuevo Ministerio, con el diseño de incentivos para favorecer fórmulas supramunicipales de gestión y la definición de unos principios únicos de regulación (sobre la estructura tarifaria, por ejemplo), susceptibles de ser adaptados después por cada municipio en el ejercicio de sus propias competencias y en reconocimiento de su contexto, con una coordinación reforzada de inversiones entre niveles de la administración para resolver los déficits acumulados… ¿Acaso la exigencia ded planes de emergencia por sequía en sistemas de abastecimiento urbano, por ejemplo, no es una manera de ejercer el rol de regulador ambiental sin entrar en conflicto con las competencias municipales? ¿De verdad no hay nada que decir a nivel estatal sobre la nueva agenda urbana?
Parece inviable que salga adelante un Pacto Nacional del Agua tal y como estaba siendo diseñado. Sin embargo, que no se promueva ese pacto no quiere decir que no sea saludable un pacto de Estado, un nuevo consenso social en torno al agua. Es imprescindible la búsqueda de consensos con los diferentes usuarios y entre ellos; de amplias alianzas entre la sociedad civil, el sector público y el sector privado, siempre orientadas al interés general.
El nuevo Ministerio ofrece la oportunidad de no cometer el error histórico de la COP21 del CMNUCC (el Acuerdo de París), parcialmente corregido en Marrakech, que omitió referencias al agua y entender que la gestión del ciclo integral del agua (y del ciclo urbano del agua) son esenciales para la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo.
