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Foro de la Economía del Agua

Delacámara: "En un Estado cuasifederal como el nuestro, no es fácil pensar en un regulador único"

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  • Delacámara: " Estado cuasifederal como nuestro, no es fácil pensar regulador único"
  • Fotografías de Pablo González-Cebrián/iAgua.

Sobre la Entidad

Foro de la Economía del Agua
El Foro de la Economía del Agua es una iniciativa auspiciada por la Universidad de Alcalá (UAH) y tiene por objetivo promover un espacio independiente de reflexión y diálogo sobre el ciclo urbano del agua desde la óptica de su gestión.

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Con una ya extensa trayectoria académica a sus espaldas (es profesor de Teoría Económica en la Universidad de Alcalá desde 1997), Gonzalo Delacámara ha forjado su exitosa carrera coordinando el Departamento de Economía del Agua del Instituto IMDEA Agua y ejerciendo como consultor para una auténtica pléyade de organizaciones internacionales, entre las que cabe destacar a la Unión Europea, Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OCDE o el BID. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Delacámara es un actor decisivo en la elaboración, puesta en marcha y seguimiento de gran parte de las políticas sobre agua y recursos naturales más relevantes del planeta.

Con un prestigio ya consolidado, se embarcó en 2016 en la aventura de la dirección académica del Foro de la Economía del Agua, una iniciativa de debate público que ha atraído el interés de varios Premios Nobel y se ha consolidado como uno de los encuentros más apreciados por la comunidad del agua.

En estos últimos años hemos sido testigos del meteórico ascenso de su presencia pública. Sus cualidades como orador (sin parangón en el sector) y un trabajado discurso sobre los retos presentes y futuros de la gestión del agua y el cambio climático, han convertido a Delacámara en el protagonista más deseado por medios de comunicación y organizadores de todo tipo de eventos. Y él nunca defrauda. Esta entrevista, en la que repasamos la situación de los servicios urbanos del agua en España a las puertas de una cuádruple convocatoria electoral, es el mejor ejemplo.

Gonzalo Delacámara

Situación de los servicios urbanos de agua en España

Pregunta: Sr. Delacámara, ¿qué valoración general haría de la situación de los servicios urbanos del agua en España?

Respuesta: Parece saludable evitar visiones complacientes o apocalípticas en relación a los servicios públicos de agua a nivel urbano. Ninguno de esos sesgos ayuda a progresar. Mi experiencia internacional me permite afirmar sin demasiado riesgo a errar que la provisión de servicios urbanos en España es un caso de éxito. No lo es solo, como a veces se cree, por el liderazgo de las empresas españolas en el mundo (que ha permitido, por ejemplo, resolver no pocos desafíos tecnológicos), sino como resultado de la acción colectiva entre ciudadanos, administraciones públicas y sector privado que, sin embargo, es susceptible de mejoras.

Los servicios urbanos del agua están altamente tecnificados y los esfuerzos de las últimas décadas han conducido a mejoras inequívocas. El agua no registrada se ha reducido en un 30% en los últimos 25 años, desde el 32% de 1991 al 22% de 2016. El consumo doméstico, por otro lado, ha caído también un 20% en 10 años, hasta los 132 litros por persona y por día en promedio de 2016. Esto último, además, es el resultado de un esfuerzo notable por parte de los ciudadanos. Sobra decir, por otro lado, que los niveles de cobertura son universales. Ahora bien, nada de esto debería conducir a pensar que no existen desafíos pendientes.

Un desafío de primer orden, desde mi punto de vista, es conectar de modo explícito (en el diseño y ejecución de políticas) el ciclo urbano del agua con los desafíos que se plantean a nivel de cuenca hidrográfica. El gran reto es garantizar una mayor seguridad hídrica a medio y largo plazo, en cantidad y calidad, en el contexto de la ineludible adaptación al cambio climático. Con frecuencia tendemos a analizar el sector urbano en el vacío, como si no existiese una vinculación explícita al territorio.

Hay margen igualmente para aumentar en eficiencia, para diversificar las fuentes de oferta sobre todo en zonas con escasez estructural de agua, para reducir el creciente coste del agua en alta para los operadores (y, en última instancia, muchas veces para los usuarios en baja), para renovar las redes y algunas otras infraestructuras, para mejorar la gestión de esos activos, para avanzar de modo decidido en el tratamiento avanzado de aguas residuales y la reutilización de aguas regeneradas (en la que España ya es líder de la UE)… El sector de servicios de agua en general llega tarde a la digitalización de la economía. Se tiende a sacralizar esto porque se considera un fin pero la tecnología (digital o no), no es más que un medio para conseguir los objetivos propios de la prestación de este servicio público.

Hay igualmente muchos desafíos en relación a alinear intereses individuales (de los ciudadanos, de las administraciones, de los operadores sea cual sea su titularidad, etc.) y objetivos colectivos. En relación a los servicios urbanos de agua lo que debe prevalecer, sin duda, es el interés general. Lo que hoy vemos en el sector es el resultado de vaivenes ideológicos (y que conste que no tengo nada contra la ideología como concepto genérico, en sentido alguno, aunque sí frente a aquellas que son retrógradas). Hay margen para mejorar la rendición de cuentas en la prestación de los servicios, con independencia del modelo de gestión; para garantizar un mejor control público; para armonizar los principios de regulación (algo que no implica necesariamente un regulador único); para profundizar en equidad social… Eso sí, algunos de estos retos exigen que la sociedad atienda otros desafíos sociales (como la pobreza o la exclusión social), pues tiende a explicarse erróneamente por el nivel de las tarifas (muy bajo, en términos relativos), lo que en realidad es un problema social de calado: familias que tienen carencias que van mucho más allá de las dificultades para pagar la factura del agua. La realidad abrumadora es la desigualdad creciente, no el nivel de las tarifas de los servicios de agua.

P.- La inversión pública ha descendido sensiblemente en la última década. ¿Qué consecuencias podemos esperar?

R.- El descenso de la inversión pública se ha producido con carácter general. Una vez más, el sector del agua padece problemas cuyas fronteras van más allá del mismo. Lo que debe enfatizarse es que lo ha hecho de modo más intenso en algunos terrenos, como en la prestación de servicios de agua. Los niveles de inversión ya eran bajos antes de comenzar la última crisis económica y financiera, al ponerlos en contexto con nuestros socios europeos. Desde entonces, sin embargo, ha habido una década perdida. Por un lado, forma parte de la tragedia de la crisis; por otro, del escaso interés en estos servicios durante décadas. Lo segundo es más inquietante que lo primero, por dura que sea la coyuntura.

Las consecuencias no hay que esperarlas. En ausencia de una acción decidida, se darán más en el futuro pero hay algunas que ya podemos dimensionar. El 39% de la red de abastecimiento tiene más de 30 años y solo el 17% cuenta con menos de 10 años. El mayor problema no es éste, sin embargo, sino que el porcentaje de renovación de esas redes es del 0,6% anual. En 2008, cuando se sitúa convencionalmente el comienzo de la crisis, el porcentaje de renovación era del 1,3%. Es decir, el problema es estructural, no solo pasajero. Las redes de alcantarillado están en peor estado: el 58% tiene ya más de 30 años y la tasa de renovación anual es de un 0,38%.

La inversión en infraestructuras hídricas en España es la más baja de la Unión Europea, sólo por encima de Suecia (0,11% del PIB frente al 0,27% en promedio en la UE). Eso significa la mitad que las otras grandes economías de la UE (Francia, Alemania, Reino Unido) e incluso menos que Italia, que no pasa precisamente por el mejor momento económico de su historia. Desde 2007 a 2016, los Presupuestos Generales del Estado han recortado en un 90% el presupuesto para licitar obras hidráulicas nuevas, mientras que el presupuesto destinado al mantenimiento de las existentes ha caído un 42%. Las administraciones públicas destinan algo más de 1.400 millones de euros anuales a renovación y nuevos desarrollos, mientras que los operadores (públicos, privados y mixtos) destinan una cantidad similar (1.376 millones de euros al año, en 2016).

Sí me parece importante destacar que, también sobre la base de juicios de valor, se ha construido una justificación narrativa a favor de la privatización de determinados servicios públicos como resultado de ese descenso de la inversión. No comparto esa idea. Seamos claros: el papel del sector privado es clave pero no solo por su eventual aporte de capital, del mismo modo que el papel del sector público no es solo esencial por su defensa de la justicia social. Una de las grandes falacias en el sector es creer que las empresas privadas son siempre más eficientes por definición y la gestión directa (por los municipios) más justa socialmente. Hay muchos casos, en ambos sectores, donde podríamos encontrar evidencia para afirmar algo así, pero lo cierto es que ni la eficiencia ni la justicia social son patrimonio de ningún modelo de gestión. Y esto no debe hacernos dóciles al relativismo moral sino demandar el uso de criterios racionales orientados al interés general.

A fin de cuentas, el deterioro de la inversión encarece la operación y el mantenimiento, nos aleja de la posibilidad de cumplir objetivos ambientales, demora el progreso tecnológico, aumenta la ineficiencia… pero también deteriora la equidad, la cohesión social y territorial. Hay algunos datos muy elocuentes: entre 2010 y 2015 los costes de operación y mantenimiento aumentaron un 157%, en buena medida como resultado de la caída de la inversión en capital.

Si pensamos en términos de consecuencias adicionales del sistema de gestión del ciclo urbano del agua, creo que merece la pena reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en cuencas con declaración de sequía como el Júcar o el Segura el precio del agua urbana no se acomodase a la sequía de 2017, la peor en dos décadas? 

P.- España está en el punto de mira de la Comisión Europea por su incumplimiento de la Directiva 91/271. ¿Qué motivos explican, bajo su punto de vista, que casi 20 años después de la fecha límite, haya aún aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes sin resolver el tratamiento de las aguas residuales?

R.- Siendo todo lo anterior importante, el mayor déficit en infraestructuras es en la depuración de aguas residuales, fundamentalmente en municipios medios y pequeños, algo que ha llevado recientemente a infracciones por parte del Tribunal de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva de tratamiento de las aguas residuales urbanas. Sólo Italia nos supera en este dudoso honor.

Los problemas, por otro lado, no son solo en cuanto a tratamientos primarios o secundarios. En tratamiento terciario, España apenas alcanza el 40% de los efluentes de aguas residuales generados. Más allá de los costes más evidentes (el deterioro ambiental, fundamentalmente, o los costes de restauración de ecosistemas acuáticos dañados por la contaminación), hay un coste sobre el que me gustaría llamar la atención: los beneficios asociados a oportunidades perdidas en enfoques de economía circular (reutilización de agua para diferentes usos, recuperación de nutrientes o de energía, etc.).

Hay estimaciones que llevarían a pensar en la necesidad de aumentar en un 25% el parque actual de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Sin embargo, en paralelo debería insistirse sobre dos cosas, desde mi punto de vista: por un lado, la necesidad de que las existentes funcionen bien; por otro, no dejar todo el trabajo de depuración a las EDAR. La recuperación de los ecosistemas acuáticos aguas arriba, la disminución de actividades económicas contaminantes, la reducción de presiones en forma de contaminación en fin, son tan importantes como el aumento de capacidad.

Y creo que hay dos cuestiones que no deberíamos minusvalorar. Por un lado, la atomización del sector de los servicios urbanos del agua en España. España es el tercer Estado miembro de la UE con más municipios. Para los más pequeños, las dificultades en términos de depuración son mayores. Otro tema mal resuelto es la financiación de las actividades de depuración en su conjunto o, si se quiere, del ciclo urbano del agua en general. Y, como envolvente, está la propia financiación de los entes locales, titulares de las competencias pero no siempre con modelos de financiación que permitan cubrir los costes de explotación de las depuradoras. En algún momento sería sano abrir el debate sobre el reparto de la carga. ¿Habrán de ser los usuarios finales en tanto que tales? ¿Los mismos ciudadanos en calidad de contribuyentes? ¿Qué espacio habrá que dejar para el sector financiero y los operadores privados? ¿Con qué formulas de financiación?

Los problemas de depuración se explican con mucha frecuencia a partir de las deficiencias en el control de vertidos y la gestión de las redes de alcantarillado, el diseño inadecuado de las plantas, el envejecimiento de las mismas… pero, siendo todas ellas ciertas, creo que habría que subrayar el papel de ciertas actividades económicas: los nutrientes procedentes de la agricultura, la artficialización del suelo por procesos de urbanización desbocados, la contaminación atmosférica que se refleja en las depuradoras a partir de una inadecuada gestión de pluviales…

P.- La Directiva Marco del Agua dice en su Artículo 9 que los Estados Miembros deberán tener en cuenta el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los ambientales y del recurso. ¿Se está aplicando este principio en España? ¿Qué riesgos corremos en caso de no hacerlo?

R.- Las deficiencias sobre recuperación de costes, sobre todo (aunque no solo) en la agricultura, son señaladas con frecuencia en los informes de la Comisión Europea. El último informe de implementación de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones, publicado el pasado mes de febrero de 2019, indicaba que, pese al progreso (también en términos de información), hay algunas carencias en cuanto a las tasas de recuperación de costes de algunos usuarios. El hecho de haber proporcionado una metodología general para el cálculo de la recuperación de costes ha conducido a cierta armonización y la incorporación de ciertos costes ambientales ha redundado, de hecho, en un aumento de los costes respecto a los del primer ciclo de planificación. Sin embargo, estos progresos metodológicos chocan todavía, en muchos casos, con el cumplimiento efectivo de los principios de recuperación de costes y de quien contamina paga.

Quiero reiterar la necesidad de mantener un debate público informado sobre cómo financiar la gestión del recurso y del ciclo urbano del agua. Eso implica, por ejemplo, distinguir entre variables económicas y financieras, entre la capacidad para atraer el capital necesario para invertir y la suficiencia financiera para la operación y el mantenimiento de las intervenciones. La recuperación de costes es un aspecto central desde un punto de vista financiero pero es meramente instrumental. Es decir, se recuperan costes para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la política de agua y de otros y, en última instancia, para mejorar el bienestar de los ciudadanos, aumentando la resiliencia a eventos extremos, garantizando mayor seguridad hídrica a medio plazo, etc. Esta última parte es imprescindible explicársela al ciudadano. De lo contrario, esperar que éste se sienta concernido por las tasas de recuperación de costes es ilusorio.

Además, hay que entender que el procedimiento financiero de recuperación de costes es hacia atrás: se recupera una parte o la totalidad de costes ya incurridos. ¿Por qué no avanzar hacia sistemas de precios que miren al futuro e incorporen nuestra disposición a pagar por mayor seguridad (en garantía de abastecimiento pero también en calidad)?

Gonzalo Delacámara

Marco legislativo y competencial

P.- ¿Cómo valora el marco competencial de los servicios urbanos del agua en España? ¿Es un modelo excesivamente atomizado?

R.- Por supuesto es un modelo excesivamente atomizado pero ésta no es una calificación sino una descripción. 8.125 municipios competentes, más de 2.700 sistemas de operación… Es un altísimo grado de fragmentación. Ahora bien, lejos de lo que se ha sugerido por algunos, esto no debería conducir a retirar las competencias a los municipios, desde mi punto de vista. Por otro lado, no sería posible pues el municipalismo tiene su fuerza. Habrá quien crea que el ser humano no llegó a la Luna, que la Tierra es plana, que todo se explica por conspiraciones y que una de ellas es abogar por una mayor escala de prestación para conseguir mercados más grandes. Allá cada uno. Hay quien se levanta cada mañana con ganas de engañarse. Habrá, de hecho, quien alimente esa idea sobre la base del principio de unidad de mercado. Sin embargo, para quienes creemos en el genuino sentido de lo público (la prevalencia de los desafíos de la política de agua y sociales, del interés general, con independencia del modelo de gestión), lo cierto es que preservar las competencias municipales y generar incentivos para cooperar en la prestación de los servicios parece una cuestión de equidad y de eficiencia.

Menos del 9% de esos municipios tienen más de 10.000 habitantes. Según un estudio del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la UAB, el 60% de los municipios tiene menos de 1.000 habitantes, ocupa el 40% de la superficie nacional y apenas concentra el 3% de la población. De hecho, 1.840 municipios avanzan de modo claro hacia la despoblación difícilmente reversible. Una vez más, hay una realidad que supera las fronteras del sector del agua, aunque las consecuencias de estos procesos demográficos y socioeconómicos sean determinantes para entender qué pasa en el sector.

De todos modos, uno puede poner el acento en esta estructura urbana o, por el contrario, señalar que la asimetría en estructuras tarifarias (no en niveles de tarifas) es un error, por ejemplo.

P.- Desde diversas instancias se reclama insistentemente la puesta en marcha de un órgano regulador único, independiente y transparente que establezca unos estándares claros para la prestación de los servicios. ¿Qué funciones concretas considera que debería tener? ¿Qué países lo han implementado con éxito?

R.- Hay muchas referencias interesantes en regulación de servicios de agua pero no muchas que puedan servir de referencia (nunca de molde) para la gestión de los servicios del ciclo urbano del agua en España. 

Cuando se habla de regulador único quizás se comienza la casa por el tejado. Nosotros hemos defendido, de acuerdo con Premios Nobel de Economía como Jean Tirole, que lo que debe ser único es un conjunto de principios regulatorios. La discusión sobre el ente regulador está vinculada pero es diferente y en un Estado cuasifederal como el nuestro, no es sencillo pensar en un regulador único, sinceramente. Parece sensato referirse primero a los principios de regulación (por ejemplo, orientados a una armonización de la estructura tarifaria, no a la fijación central de niveles de precio), después a las funciones de uno o varios entes reguladores y, finalmente, pero solo en ese caso, al vehículo en sí de regulación.

Además, como ponen de manifiesto marcos regulatorios tan diferentes como el de Portugal o Chile (el segundo imposible de extrapolar a España en muchos aspectos), lo verdaderamente relevante es compartir una hoja de ruta (en algunos casos de más de veinte años), una visión. Los cambios regulatorios no son (ni deben ser) de la noche a la mañana.

Uno esperaría que los reguladores fuesen independientes financiera, orgánica y funcionalmente. Ahora bien, los reguladores tecnocráticos, alejados de la realidad en algún sentido, con escasa conexión o compromiso con la política pública no necesariamente derivan en buenos resultados regulatorios. Es esencial que los principios de regulación estén íntimamente vinculados a los objetivos sociales, económicos y ambientales asociados a la provisión de estos servicios.

Más allá de proteger los intereses de los ciudadanos (que no son meros clientes), es imprescindible que la regulación garantice que los operadores (sea cual sea su forma) responden a sus mandatos por parte de los titulares de las competencias, contribuye a fijar la seguridad hídrica como objetivo de medio plazo, asegure la financiación sostenible del sistema, incorpore la resiliencia como un elemento central en la gestión del ciclo, promueve la eficiencia y la equidad en el desempeño de los operadores, elimine asimetrías no asociadas a costes reales en el precio final de los servicios, aumente los niveles de rendición de cuentas, contribuye a la sostenibilidad en un sentido amplio…

Colaboración Público-Privada

P.- Usted ha sido muy crítico con el virulento debate público vs. privado que hemos vivido en los últimos años en España. ¿Cree que ha bajado su intensidad definitivamente o estamos tan solo en una tregua derivada de la situación política?

R.- En general, que se debata no me parece mal. ¿Cómo podría parecérmelo? Ahora bien, hay debates que están formulados de modo tal que impiden avanzar. En tanto que el debate me parece en buena medida ficticio (no algunos de los términos del mismo), no me siento parte de ningún conflicto y mucho menos de ningún frente, de modo que tampoco alcanzo a percibir cuando hay mucha intensidad o cuando hay momentos de tregua. Quien me vea como un defensor de la gestión directa excluyente del sector privado, se habrá equivocado. Quien me vea como defensor a ultranza de los operadores privados, también. Ni siquiera sacralizaría la fórmula de cooperación entre públicos y privados, que en todo caso es la norma incluso en modelos de gestión directa a través de servicios o empresas municipales.

Mi convicción es que los desafíos a los que nos enfrentamos son mayores (cambio climático, desigualdad galopante, deterioro ambiental, etc.). Ante ellos, sumar esfuerzos, encontrar fórmulas cooperativas, entre sectores, entre municipios, entre niveles de la administración… me parece esencial. La gente que piensa libremente tiene el privilegio, incluso, de poder cambiar de idea. Los sectarios solo cambian de secta.

P.- Hablábamos antes del déficit de inversión. En una coyuntura de austeridad fiscal y con la exigencia de cumplir los criterios de déficit exigidos por Bruselas... ¿Qué papel debería jugar la colaboración público-privada en la construcción y gestión de infraestructuras?

R.- En algunos casos esa cooperación será esencial. Es fundamental que siempre esté orientada al interés general y, para ello, es imprescindible disponer de los principios de regulación a los que me refería antes. No basta, por otro lado, con enfatizar sobre determinadas fórmulas contractuales de cooperación público-privada. Más allá de la sofisticación contractual, es imprescindible garantizar que se generan incentivos para invertir en el sector pero también para operar infraestructuras y, más importante si cabe, para conservar las fuentes de agua que dan sentido a las mismas. Y hay que avanzar en la gobernanza de estos servicios, que lejos de lo que muchos creen, no solo tiene que ver con la participación significativa y no meramente nominal de los ciudadanos, con la transparencia o la integridad. También tiene que ver con la coordinación de políticas sectoriales; con generar las condiciones para la innovación tecnológica, financiera y social; con rediseñar incentivos para avanzar hacia unas mayores seguridad y adaptabilidad; con resolver las disfunciones en términos de competencias en algunos servicios; etc.

Política

P.- España afronta un intenso maratón electoral que se inicia el 28 de abril con las elecciones generales y continuará en mayo con las municipales, autonómicas y europeas. ¿Qué papel cree que tendrá el agua en el debate político?

R.- Si pienso en términos volitivos, espero que se entienda la multiplicidad de valores asociados al agua; que se comprenda el papel del agua como un factor limitante y una oportunidad para el desarrollo social y económico del país; que se le de por fin estatus de política de Estado (porque los temas que demandan consensos intergeneracionales no pueden estar permanentemente en una rifa); que no se compita de modo irresponsable para ver quién ofrece la tarifa más baja al ciudadano sino el mejor servicio, de modo asequible para todos y con adecuado control público con independencia del modelo de gestión; que se hable de fines y no solo de medios; que aquellos que hagan propuestas inviables queden desacreditados; que se apoyen los debates en criterios racionales y no solo en juicios de valor; etc. Ahora bien, si observo lo ocurrido en procesos electorales precedentes, mucho me temo que la discusión será pobre, maniquea, que generará conflictos y que obviará absolutamente los grandes desafíos s los que se enfrenta el sector y la sociedad.

P.- Desde las últimas elecciones generales en 2016, hemos sido testigos de la gestión de dos ministras en materia de agua: Isabel García Tejerina y Teresa Ribera. ¿Qué destacaría de su labor?

R.- Creo que en ambos casos estamos ante dos personas muy educadas, con buen talante para el acuerdo. Ahora bien, sus Ministerios son en muchos sentidos tan diferentes que las comparaciones se hacen desafiantes. En el caso de Ministra García Tejerina, la sensación es que la zona de confort era la agricultura y que los temas ambientales y de gestión del agua no estaban entre las prioridades más claras. Tampoco diría que el agua es la zona de confort de la Ministra Ribera pero como ya he señalado en otras ocasiones, creo que hay cuatro decisiones cruciales en una que me parecen saludables: enfatizar sobre la transición, es decir, una secuencia de políticas que apunten al largo plazo; supeditar decisiones energéticas o en otras áreas al cumplimiento de objetivos de adaptación a y mitigación del cambio climático; llevar las competencias de agua a un ministerio multisectorial; y finalmente situar la discusión sobre agua donde a mi entender debe estar: en el reto generacional de adaptación al cambio climático. En el caso de la Ministra Ribera, creo que también es muy interesante el hecho de que conceda una importancia central a la Unión Europea y a los compromisos internacionales de España.

Gonzalo Delacámara

P.- ¿Qué le pediría a la política de agua de los nuevos gobiernos (estatales, autonómicos y municipales) que salgan de las urnas? ¿Qué consensos son necesarios?

R.- El sistema político español no siempre es sencillo para alcanzar consensos. De hecho, creo que se ha profundizado mucho sobre un aspecto de nuestro Estado de las Autonomías, de nuestro modelo cuasifederal: la descentralización de competencias. Ganar en autogobierno, profundizar en la autonomía municipal, cumplir con el principio de subsidiariedad… Todo eso está muy bien. Sin embargo, los modelos federales que mejor funcionan son aquellos donde se persevera también en el segundo pilar: la cooperación, las fórmulas concertadas, la búsqueda de principios compartidos. En esto no hemos sido tan virtuosos, intuyo.

Me centraré en un aspecto. Se acentúa la necesidad de transparencia y rendición de cuentas de los operadores de los servicios de agua (públicos, privados o mixtos). Me sumo a ese deseo. Ahora bien, pediría que esa demanda fuese recíproca y los ayuntamientos, como titulares de las competencias, que salgan de las elecciones del 26M, cuenten a los ciudadanos todo lo que realmente saben sobre el ciclo urbano del agua. Bajar tarifas mediante la no repercusión de ciertos costes o el descenso de la inversión, la recuperación de la gestión directa para después licitar casi toda la gestión a privados, la fijación de un canon concesional para emplearlo fuera de la gestión del ciclo del agua, las privatizaciones sin el interés general en mente… pueden ser todas ellas prácticas legales, pero en todo caso tienen algo de fraude social. 

Foro de la Economía del Agua

P.- Para finalizar, nos gustaría conocer el futuro del Foro de la Economía del Agua. ¿Qué actividades tienen previstas en los próximos meses?

R.- El Foro nació con la vocación de no esclavizarnos a hacer un número concreto de actividades en fechas fijas sino a proponer debates públicos cuando pensamos que hay suficiente contenido como para resultar de interés. Además, es una actividad sin ánimo de lucro, de modo que hay ciertas limitaciones. Este año, estaremos celebrando en solo unos días (26 de marzo) un nuevo foro (el décimo) sobre economía circular en Granada. Después, posiblemente después del verano, celebraremos un foro en Madrid y, tras la colaboración abierta con la Fira en la pasada edición de iWater, exploramos la idea de hacer un nuevo foro como parte del Smart City Expo World Congress, que se celebra en Barcelona los días 19 a 21 de noviembre de 2019.

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