El próximo 26 de marzo, la 10º edición del Foro de la Economía del Agua, que se celebra en Granada en el Centro Federico García Lorca, contará con la presencia de grandes expertos
Con motivo de la celebración del evento, hemos entrevistado a Estanislao Arana, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada.
Ha sido Vicedecano de la Facultad de Derecho y Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Granada. Dirige grupos de investigación y varios proyectos, nacionales e internacionales, que versan sobre materias relacionadas con el medio ambiente, la energía y el agua. Ha sido investigador en diversas universidades europeas (Colonia, Bochum, Leipzig, Milán, Bolonia, Edimburgo) y norteamericanas (Harvard, Berkeley, Stetson). También es autor de diversos libros y artículos de revista. En el ámbito de la actividad investigadora acredita más de 70 publicaciones entre libros, capítulos de libro, artículos de revista y otras publicaciones, fue Director del Máster de Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad de Granada y actualmente dirige el Master de Derecho de Aguas de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada.
Pregunta - Sr. Arana, nos gustaría saber cómo surge su vinculación con el Foro de la Economía del Agua, evento en el que ya ha participado en otra ocasión.
Respuesta - Conocí al Foro de la Economía del Agua en la primera edición de este evento, que se celebró el 8 de abril de 2016 en la sede del Colegio de Arquitectos en Madrid. Allí tuve la fortuna de ser uno de los ponentes del mismo, y pude comprobar desde dentro la importancia y proyección que tiene este lugar de encuentro del sector de la economía del agua. A partir de ahí, mis lazos se estrecharon con los organizadores hasta llegar a la actualidad en la que me honro en formar parte del Comité Académico del Foro.
La legislación española de aguas es, sin duda alguna, una de las más avanzadas y desarrolladas del mundo
P. - ¿Cómo evaluaría el estado de la legislación española relativa al agua?
R. - La legislación española de aguas es, sin duda alguna, una de las más avanzadas y desarrolladas del mundo. En muchas de las instituciones principales y esenciales del mundo del agua, España ha sido pionera y avanzadilla de otros ordenamientos jurídicos. En la actualidad, es la legislación de la Unión Europea la que va marcando el ritmo y los contenidos de la normativa en el sector del agua buscando una cierta (no absoluta) homogeneidad entre el derecho de los diferentes estados de la Unión Europea que mira especialmente el agua desde una perspectiva ambiental. Es la visión del agua como un recurso natural a proteger el elemento que desde Europa se impone como prioritario. No obstante, por nuestras circunstancias geográficas y climatológicas, junto a este elemento ambiental y cualitativo, en España no podemos dejar de tener en cuenta el elemento cuantitativo o de demanda que tenemos que conjugarlo con el anterior.
P. - ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que debe salvar la legislación para avanzar en la mejora de la gestión del agua en nuestro país?
R. - Por lo que al agua con carácter general respecta, el principal reto, bajo mi punto de vista, es el del cumplimiento real y efectivo de todas las medidas que la legislación de aguas impone a nivel exclusivamente formal. Nos falta, como en tantos otros ámbitos, un mayor grado de cumplimiento y ejecución de medidas normativas que resultan obligatorias pero que no siempre son ejecutadas por las Administraciones Públicas responsables. Necesidad de una mayor concienciación social que lleve a una mayor dotación presupuestaria en el sector del agua son dos piezas auténticamente indispensables para lograr el objetivo de la seguridad hídrica en nuestro país.
Hace falta inversión en infraestructura e incentivo a la iniciativa privada para impulsar la reutilización
P. - En 2018, España fue multada por la falta de depuración en varios núcleos urbanos. ¿Qué mejoras legales podrían contribuir a evitar esta situación en el futuro?
R. - En el sector de las aguas residuales, así como en cierta medida en el ámbito del abastecimiento, creo que hace falta una reconsideración de los aspectos competencias e institucionales. Tenemos que encontrar el ámbito administrativo más eficaz para poder atender a las responsabilidades que en materia del ciclo urbano del agua se plantean. Tenemos un marco normativo que, sin discriminación en función del tamaño, la población o los recursos económicos de cada entidad local, deposita la responsabilidad del saneamiento en el escalón exclusivamente municipal. Sin embargo, hay municipios que no pueden asumir estas competencias por falta de recursos. Pero, paradójicamente, no hay ningún municipio que quiera desprenderse de esta competencia por miedo a perder parte de su "sagrada" autonomía. Fruto de esta kafkiana situación es la imputación de muchos alcaldes, por ejemplo, de nuestra Comunidad Autónoma andaluza, que resultan imputados por no depurar sus aguas. Estos, a su vez, culpan a la Comunidad Autónoma por no haber sido capaz de construir las depuradoras necesarias para evitar estos vertidos. En definitiva, hace falta clarificar este marco competencial y, quizás, atribuir obligatoriamente a entidades supramunicipales las responsabilidades en materia de ciclo urbano del agua y especialmente en el ámbito del saneamiento de las aguas residuales.
P. - En materia de reutilización, ¿cómo valora la legislación aplicable en este ámbito? ¿Qué mejoras cree que podrían implementarse?
R. - La legislación es aún muy parca. Está prevista la reutilización, y es una de las técnicas que desde el punto de vista ambiental es más atractiva y causa menor daño. Pero hace falta inversión en infraestructura e incentivo a la iniciativa privada. Pero, además, es una técnica cuyos buenos resultados están muy condicionados a la fase previa de saneamiento que, como hemos dicho, en algunos lugares, deja mucho que desear. Con buen saneamiento, la reutilización es más sencilla y ofrece más posibilidades. También es necesaria una mayor Información y concienciación ciudadana en el uso de esta técnica que según el destino puede provocar rechazo e incertidumbre.
La apuesta europea por la reutilización es importante
P. - Recientemente, la Unión Europea ha aprobado normativa para impulsar la reutilización de agua con fines agrícolas. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa?
R. - La apuesta europea por la reutilización es importante. Se centra en el uso agrícola porque es el más extendido pero, por supuesto, es extensible a otro tipo de usos. Tradicionalmente, la calidad del agua reutilizada exigible a los distintos usos es diversa. Así, por ejemplo, el uso agrícola no requiere unos niveles de calidad tan elevados como el de otros usos más cercanos al consumo humano directo. Sin embargo, en este sentido, quizás, sea necesaria una mayor interrelación entre las políticas ambientales, agrícolas, alimentaria y sanitaria para que estos niveles de calidad se adopten teniendo en cuenta todas estas políticas que, sin lugar a dudas, se van a ver afectadas con la reutilización.
P. - En relación a los modelos de gestión del agua urbana en España, ¿cómo evalúa la convivencia de modelos privados, públicos y mixtos? ¿Qué fórmula cree que tiene más ventajas en relación a la legislación?
R. - Bajo mi punto de vista, en nuestro país nos ha hecho mucho daño el debate público-privado en cuanto a la gestión del agua. Se ha vivido como una especie de adscripción futbolística donde reina la pasión más que la razón. O eres del Real Madrid o eres del Barcelona. Tenemos que procurar evitar este debate y buscar la mejor solución técnica en cada momento y lugar. En función de las características propias de cada municipio (de su situación presupuestaria, de la facilidad de acceso al recurso, de su población, de su tradición, etc) se podrá decidir, conforme a un procedimiento de acreditación reglado e, insisto, muy técnico cuál es el mejor modo de gestión del ciclo urbano del agua en cada momento y lugar.
P. - En materia de transparencia en la gestión del agua urbana en España, ¿cree que la información disponible es suficiente?
R. - La transparencia, como regla general, es positiva y, casi siempre, es insuficiente. Desde luego que hay un reto por delante en la búsqueda del mejor equilibrio posible entre los dos derechos que hay en juego en este ámbito: el de la libertad de empresa y el secreto profesional y el de la transparencia y acceso a la información. Muchas veces, la información que se solicita en el sector del agua tiene poco que ver con el verdadero y real interés en la gestión del servicio para estar más cerca del, si se me permite, "cotilleo" empresarial. Transparencia y acceso a la información, por supuesto, pero, también, con respeto al contenido del derecho de libertad de empresa y del secreto empresarial. Necesitamos un esfuerzo para poner encima de la mesa estos dos derechos y encontrar el punto de equilibrio necesario que nos conduzca a satisfacer el interés general.
En este ámbito, en la actualidad, nos encontramos en un momento realmente importante ya que se está en la fase de información pública del "Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno". Es el momento, por tanto, procedimentalmente oportuno para poder llevar a este proyecto normativo aclaraciones a la ley de transparencia que ayuden a encontrar ese punto de equilibrio en el ámbito de los servicios públicos en general y en el del servicio urbano del agua en particular.
