Arias Cañete confirma la obligatoriedad de la evaluación ambiental para los proyectos de fracking

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Sobre la Entidad

MAPAMA
El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España es el departamento competente en el ámbito de la Administración General del Estado para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de agua.
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Personalidades

  • Sáenz de Santamaría y Arias Cañete en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
  • Señala que simplifica trámites y homogeniza la aplicación de la política medioambiental en el territorio nacional
  • Destaca como novedad la obligación de evaluación ambiental para los proyectos que requieran la técnica de “fracking”
  • Dice que a primeros del próximo año podremos estar en condiciones de poder sancionar la actividad de las gasolineras flotantes

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha subrayado que “el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental garantiza con más intensidad la protección del medio ambiente, es coherente con las tendencias regulatorias de la Unión Europea, simplifica trámites y homogeniza la aplicación de la política medioambiental en el territorio nacional, lo que contribuirá a una mejor defensa del medio ambiente”.

Miguel Arias Cañete hacía estas declaraciones en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado, entre otros asuntos, el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, “un proyecto que ha contado con la participación de todos los agentes sociales y las organizaciones ecologistas”.

Según ha explicado el ministro, este proyecto tiene tres grandes objetivos: reforzar la protección del medio ambiente, “mediante una ley plenamente garantista”; simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la evaluación ambiental; y establecer una legislación homogénea en todo el territorio.

En su intervención, Arias Cañete ha hecho hincapié en la necesidad de agilizar los trámites de evaluación ambiental y poder tramitar el gran número de expedientes pendientes de resolución. Así, se ajustan los tiempos de tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuyo plazo será de 4 meses, con lo que se evitan dilaciones de difícil justificación desde el punto de vista ambiental.

Además, el ministro ha destacado, como una de las novedades de esta norma, el establecimiento de la evaluación ambiental obligatoria de los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o “fracking”.

Sanciones a las gasolineras flotantes

Por otra parte, Arias Cañete ha explicado que este proyecto de ley introduce una serie de modificaciones en el régimen sancionador de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para tipificar como infracción grave la prestación de servicios de suministro de combustible mediante el fondeo permanente en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios de la Red Natura 2000. “Por lo tanto, lo que se prohíbe son las gasolineras flotantes y el sistema de abastecimiento en las zonas de especial conservación, tanto en el Estrecho como en las que se van a declarar en el futuro”, ha aclarado.

En este sentido, el ministro ha precisado que la declaración de Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental “nos ha obligado a hacer esta modificación legislativa y tener instrumentos que garanticen la protección de esta zona mediante unas sanciones efectivas que disuadan a los operadores de trabajar allí”.

Sobre los plazos para que estas sanciones puedan ser efectivas, Arias Cañete ha indicado que el Gobierno va a pedir que la norma se tramite por el procedimiento de urgencia, “por lo que, a primeros de año, podemos estar en condiciones de poder imponer las primeras sanciones, en el caso de que persistiera esta actividad”.

Denuncias ante la Unión Europea

Mientras, Arias Cañete ha recalcado que se seguirán trasladando a la Unión Europea las denuncias pertinentes, “puesto que tanto el Reino Unido como España tienen que velar por que se cumpla el derecho comunitario, en este caso la ordenación de los lugares de interés comunitario”.

En este sentido, el ministro ha recordado que a finales del mes de julio se presentó una primera denuncia ante el fiscal de Medio Ambiente por los bloques vertidos en el Estrecho, que impiden la actividad pesquera. Y este mismo jueves se ha presentado otra denuncia respecto del espigón que se está construyendo y que invade la zona de especial conservación.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha trasladado ambas denuncias a la Comisión Europea. En el primer caso, la Comisión ha contestado que investigará el procedimiento “y estamos totalmente convencidos de que la Comisión comprobará estas denuncias, y que la misión que tiene que venir a España compruebe que en la zona de especial conservación se produce el bunkering y que hay espigones que la invaden”.  

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