El Ministerio de Industria considera "justificado" permitir el desarrollo del fracking en España

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  • El ministro de Industria, José Manuel Soria
  • Conclusiones de un informe emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas el pasado 20 de enero, con motivo del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la Ley que prohíbe el 'fracking' en Cantabria.

El Ministerio de Industria subraya que todos los permisos de investigación de gas no convencional otorgados en España se encuentran en una fase "preliminar" de tramitación, por lo que "no parece factible" la perforación de ningún sondeo con fractura hidráulica "antes de dos años".

El departamento de José Manuel Soria destaca el "potencial" de la cuenca vasco-cantábrica en recursos de gas no convencional, aunque al mismo tiempo reconoce que "todavía hay mucha incertidumbre" en cuanto al volumen de reservas de hidrocarburos no convencionales en España.

Industria enumera en su informe las alternativas para la gestión del agua de retorno y para evitar el riesgo de contaminación

Estas reflexiones forman parte de un informe emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas el pasado 20 de enero, con motivo del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la Ley que prohíbe el 'fracking' en Cantabria.

El Ministerio de Industria ha concedido en Cantabria cinco permisos de investigación que afectan también a otras provincias limítrofes: Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1 y Usapal. El departamento de Soria admite que el gas no convencional es fuente de un "intenso debate social" en España, sobre todo en la cuenca vasco-cantábrica, donde los proyectos "son más visibles".

Al tiempo, destaca que cualquier explotación comercial derivada de los permisos en tramitación "debe considerarse a largo plazo, habida cuenta del tiempo de desarrollo de los proyectos de investigación y explotación de hidrocarburos y los trabajos previos necesarios para su concreción".

En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que los hidrocarburos no convencionales despiertan "un notable interés por su contribución al autoabastecimiento energético de los países que los explotan y por el desarrollo económico que implican (empleo e inversiones)".

Sin embargo, reconoce que su explotación preocupa a la sociedad por el "impacto ambiental que se atribuye" a la técnica utilizada para su aprovechamiento, conocida como 'fracking', fundamentalmente relacionado con la contaminación de acuíferos por el uso de aditivos químicos, la utilización intensiva del suelo y el empleo de grandes volúmenes de agua.

La fractura hidráulica consiste en la generación de fisuras múltiples en la roca mediante la inyección de agua, arena y aditivos químicos a grandes presiones para facilitar el paso del gas y su extracción.

Riesgos muy significativos

Tras analizar uno a uno sus impactos medioambientales, Industria concluye que esta técnica, "como cualquier actividad industrial, implica unos riesgos específicos muy significativos que deben ser gestionados adecuadamente". En ese sentido, señala que "existe la tecnología necesaria para minimizar los riesgos", y que "es necesario garantizar que la industria actúa responsablemente conforme a las mejores prácticas, lo cual solo puede lograrse mediante una regulación estricta".

Sobre el uso de aditivos químicos señala que representan el 0,5% del fluido de perforación y que son "ampliamente utilizados en otras industrias, se encuentran en muchos productos para el hogar y no presentan una elevada toxicidad". El agua que retorna una vez fracturado el sondeo no es apta para su vertido directo.

El riesgo de contaminación de acuíferos por posibles filtraciones del fluido de perforación es según Industria la preocupación "más importante y ampliamente difundida entre la sociedad y, sin embargo, la menos relevante según la Agencia Internacional de la Energía". Industria enumera en su informe las alternativas para la gestión del agua de retorno y para evitar el riesgo de contaminación.

Aunque el 'fracking' requiere un volumen de agua "muy considerable", del orden de los 20.000 metros cúbicos por sondeo, el Ministerio señala que la industria agrícola emplea entre 80 y 12.000 veces más agua y la del carbón entre dos y cuatro veces más por unidad de energía producida. Añade que una parte importante del agua inyectada se recupera y puede ser empleado en las siguientes fracturaciones, y subraya que "es necesario garantizar una política de gestión del agua estricta y responsable".

Sobre la utilización intensiva del suelo, Industria afirma que tras aproximadamente un año y medio de intensa actividad de perforación, "lo único que queda es el cabezal de pozo que perturba el mínimo el escenario natural". Por otro lado, señala que la fractura hidraúlica produce movimientos sísmicos que "habitualmente son demasiado pequeños siquiera como para ser percibidos", y alude a un estudio de expertos independientes que recomienda la realización de estudios de sismicidad de base de la región antes de comenzar con cualquier actividad.

Beneficios económicos

En el lado de las ventajas, se destacan los beneficios económicos derivados de las inversiones asociadas a los proyectos de 'fracking', "inversiones en infraestructuras, creación de empleo e ingresos públicos derivados de las tasas y cánones". Industria pone como ejemplo Estados Unidos, donde las fuentes no convencionales de gas han pasado en menos de dos décadas de ser marginales a producir aproximadamente el 60% del gas, haciendo que el país esté pasando "de ser importador neto a ser autosuficiente y un potencial exportador".

El informe recuerda que tampoco hay una postura "unánime" en Europa

Ello ha tenido un impacto "radical" en el precio del gas natural, que es "inferior en un 70% al precio pagado en Europa". No obstante, el gas no convencional también genera polémica en EEUU, donde en algunos estados se ha puesto freno a los permisos hasta que se concluya el estudio de los impactos asociados.

El informe recuerda que tampoco hay una postura "unánime" en Europa, donde coexisten países que han prohibido el 'fracking' o han establecido una moratoria, como Francia, junto con otros claramente favorables a su desarrollo, como Reino Unido o Polonia.

En España, "hay mucha incertidumbre" tanto sobre el volumen de reservas de hidrocarburos no convencionales como sobre su posible recuperación del subsuelo y su viabilidad económica. El departamento de Soria señala que el desarrollo de los recursos no convencionales de gas natural "no parece suficiente" para que España sea autosuficiente desde el punto de vista energético, si bien "puede contribuir notablemente a aliviar la balanza energética e incrementar la seguridad de suministro, reduciendo la dependencia de otros países".

Al mismo tiempo, reconoce que "la falta de experiencia en Europa", su mayor densidad demográfica en relación con EEUU y la complejidad normativa se traducen en un mayor coste de producción, y "no parece esperable" un descenso del precio del gas "tan radical" como en Estados Unidos, sino más bien "una contención del precio o un ligero descenso".

Industria añade que desde el Gobierno central se ha tratado de "dar respuesta" a la "intensa presión y preocupación social" en torno a la fractura hidráulica incluyendo en la normativa básica la exigencia de someter los proyectos a evaluación de impacto ambiental.

Como conclusión, la Dirección General de Política Energética y Minas considera "justificado" permitir el desarrollo de este tipo de proyectos "dada la importancia estratégica del suministro energético, tanto a nivel nacional en términos de seguridad de suministro y de balanza de pagos, como a nivel regional y local, por su potencial para generar actividad económica complementaria y compatible con el tejido existente", siempre que "se garantice el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y protección medioambiental vigentes".

Por todo ello, no aprecia "razones técnicas objetivas" que justifiquen una prohibición "general a priori" del fracking como la establecida por Cantabria en la ley que el Estado ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Una prohibición que posteriormente también han aprobado otras regiones como La Rioja, Navarra y Cataluña.

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