La compañía BNK España no recurrirá en los tribunales la anulación del permiso de fracking Arquetu, que el Gobierno de Cantabria le concedió a finales de la pasada legislatura bajo el mandato PRC-PSOE y ha permanecido suspendido cautelarmente hasta que el Ejecutivo del PP lo anuló el pasado mes de febrero.
Fuentes de la compañía han señalado a Europa Press que no recurrirán a la vía judicial, "a pesar de que existen sobrados motivos para ello". BNK considera que no se dan las circunstancias adecuadas para acometer una inversión que cifra en "más de 20 millones de euros", pero al mismo tiempo renuncia a reclamar al Gobierno de Cantabria una indemnización por la anulación del permiso Arquetu.
BNK renuncia a reclamar al Gobierno de Cantabria una indemnización por la anulación del permiso Arquetu
"El Gobierno de Cantabria concedió a esta empresa en el año 2011 un permiso de investigación de hidrocarburos siguiendo todos los trámites legales y administrativos establecidos en la Ley, y ahora, el mismo Gobierno ha anulado el permiso sin que nuestros técnicos hayan tenido siquiera ocasión de presentar los proyectos correspondientes", se queja la compañía.
En su opinión, ello representa una "inseguridad jurídica manifiesta", lo que "ha creado una situación que no responde a los mínimos estándares necesarios para acometer una inversión de más 20 millones de euros".
En todo caso, las mismas fuentes subrayan que "BNK España mantiene su compromiso con la transparencia y su disposición, como siempre ha hecho, a aclarar cualquier cuestión sobre sus proyectos de investigación y producción en España y en otros países del mundo".
La renuncia de la adjudicataria del permiso Arquetu a la vía judicial se produce con la Ley que prohíbe el fracking en Cantabria suspendida a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso promovido por el Gobierno central, que apoya abiertamente la técnica de la fractura hidráulica.
De hecho, la anulación del permiso Arquetu se produjo inmediatamente después de la suspensión de la ley 'antifracking', a comienzos de año. El Gobierno de Cantabria retomó entonces los recursos ordinarios presentados en el verano de 2011 por la Mancomunidad de Municipios Saja-Nansa, Red Cambera, la Asociación Mortera Verde, Concejo Tres Mares y de forma conjunta por Ecologistas en Acción y el 15M de Santander y de Cabezón de la Sal.
Tres de esos cinco recursos se resolvieron favorablemente, dando lugar a la anulación del permiso Arquetu, que se ha declarado "ilegal" tomando como base la Ley del Suelo de Cantabria, que prohíbe las actividades extractivas en suelos rústicos de especial protección y las limita a aquéllos que previamente estén declarados como rústicos de especial protección minera, requisito que no cumplen los terrenos afectados por el permiso Arquetu.
El permiso de investigación de hidrocarburos Arquetu, concedido por un periodo de seis años a Trofagás, hoy BNK España, afectaba a un área de cerca de 25.000 hectáreas perteneciente a nueve municipios de los valles de Saja y Nansa: San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.
Los informes jurídicos que sostienen la estimación de estos recursos señalan que los terrenos afectados por el permiso Arquetu no pueden destinarse al uso minero extractivo, y que las medidas ambientales recogidas en el proyecto son "insuficientes y excesivamente genéricas".
El 'Arquetu' era el único permiso de fracking en la región aprobado por el Gobierno de Cantabria. Los otros cinco (Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1 y Usapal) afectan también a otras provincias vecinas y fueron autorizados por el Ministerio de Industria durante el Gobierno del PSOE.
