La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) planteará en el Pleno del próximo martes la toma en consideración de una proposición de ley para prohibir la técnica del fracking o fractura hidraúlica en todo el territorio del Estado.
El fracking es una técnica basada en la inyección de millones de litros de agua a altas presiones, junto con toneladas de arena y sustancias químicas en el subsuelo, con el fin de recuperar el gas contenido en los poros de las rocas, según explican.
Esta técnica implica la apertura de cientos de pozos y el aporte continuo, mediante camiones, de todos los elementos necesarios (maquinaria, agua, arena, sustancias químicas), además de la infraestructura necesaria para evacuar los hidrocarburos extraídos.
Esta técnica implica la apertura de cientos de pozos
Una técnica peligrosa
La formación de izquierdas alerta de los riesgos que puede generar la utilización de esta técnica se han conocido en recientes estudios realizados por instituciones "independientes y de indudable imparcialidad".
Así, indica que en junio de 2011 la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo publicó un informe en el que se planteaba "grandes interrogantes" sobre el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas.
Entre las conclusiones de este informe destaca que no existe ninguna directiva europea en materia de minas y tampoco se ha realizado ningún análisis detallado, exhaustivo y accesible públicamente del marco regulador de la extracción del gas de pizarra y del petróleo de rocas duras.
"Este marco legal europeo, por tanto, se debería desarrollar", considera la Izquierda Plural, incidiendo en que el marco regulador de la UE sobre la fractura hidráulica "tiene varias lagunas".
Es más, sostiene que, actualmente, existe una preocupación social por los riesgos que supone iniciar la extracción de gas no convencional mediante esta técnica, y se considera por diferentes sectores sociales que esta actividad puede tener "perjuicios significativos" para el medio ambiente y para los acuíferos subterráneos.
Además, para justificar la toma en consideración de esta ley IU-ICV-CHA se aferra a una resolución del Parlamento Europeo de 2011, en la que se reseña, entre otros puntos, que el proceso de fractura hidráulica implica un consumo de agua "relativamente elevado", teniendo en cuenta que se trata de un recurso "particularmente sensible en la UE" y las capacidades existentes en materia de tratamiento de aguas residuales.
Al mismo tiempo, subraya que esta resolución pide a los estados miembros que se prohíba totalmente la fracturación hidráulica en determinadas zonas sensibles y especialmente peligrosas como, por ejemplo, en áreas declaradas de protección o en zonas de minas de carbón. Igualmente, señala que existe riesgo de movimientos sísmicos.
Por todo ello, la Izquierda Plural plantea una ley sencilla, de dos artículos y dos disposiciones, donde quiere promover la prohibición en toda España de la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos y gases de roca y no convencionales, que supongan la utilización de las técnicas de fractura hidráulica con inyección de agua o de otros aditivos químicos.
A su vez, propone que la utilización de las técnicas referidas será considerada como una 'actividad y un uso del suelo prohibido' en toda clase de suelo, a efectos de planificación territorial y de aplicación de la legislación urbanismo y reguladora de las¡ actividades.
Igualmente, quiere que esa prohibición se extienda a los permisos o peticiones de autorización para realizar investigaciones, prospecciones o explotaciones que estén actualmente en trámite, así como la suspensión de las autorizaciones que se hayan podido conceder con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
Un pacto en el Congreso
Precisamente, a mediados de mayo una veintena de formaciones políticas, entre las que se encuentra el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC o Ciutadans, junto con la Plataforma por un nuevo modelo energético y más de 40 colectivos, sellaron un pacto en el Congreso por el que se comprometían a frenar y prohibir el fracking o la fractura hidráulica si llegan a gobernar después de las elecciones del próximo 2015.
Además, se comprometieron a paralizar "inmediatamente" cualquier proyecto de investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados en la actual legislatura.
