El secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de CHA, David Félez, y el secretario territorial de Teruel, José Ramón Ceresuela, han afirmado este viernes que "la amenaza de fracking se acrecienta" en Aragón después de que la presidenta del Ejecutivo regional, Luisa Fernanda Rudi, haya apoyado esta técnica de extracción de gas en el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma.
En una nota de prensa, CHA ha mostrado su preocupación, no solo por la intervención de Rudi, sino también por el informe que encargó el Gobierno de España al Instituto Geológico y Minero, "para después censurarlo", sobre "recomendaciones ambientales en relación con las medidas preventivas y correctoras a considerar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fractura hidráulica".
José Ramón Ceresuela ha considerado que "estas dos novedades han disparado las alarmas, ya que desde noviembre de 2012, cuando las Cortes de Aragón a propuesta de CHA aprobaron por unanimidad la petición para considerar a Aragón territorio libre de fracking, las actuaciones y declaraciones del Gobierno de Aragón y principalmente del consejero Arturo Aliaga han ido en dirección contraria al mandato parlamentario".
"La crisis económica no puede ser la gatera donde se cuelen las amenazas que suponen hipotecar nuestro presente y futuro, y por ello CHA va a ser punta de lanza en contra de esta amenaza para nuestro territorio, y estamos seguros que iremos de la mano con la mayor parte de la ciudadanía", ha afirmado Ceresuela.
"Tras las palabras de Rudi y los actos del cómplice necesario, Arturo Aliaga, se comprueba que ambos tienen un futuro prometedor en las empresas de hidrocarburos, tan dadas a facilitar las puertas giratorias, y es que en vez de tomar ejemplo de Estados como el francés, que ha prohibido el fracking, la presidenta de Aragón parece sentirse más cercana a modelos como el polaco o el rumano", ha señalado Ceresuela.
IGME
Para David Félez, "la ocultación del informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) se debe a las constantes presiones realizadas por la Asociación Españolas de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo de España (ACIEP), que agrupa a las principales petroleras españolas, Repsol, Cepsa, y a las empresas del fracking".
"El informe ha sido devuelto a sus redactores para que eliminen determinados contenidos y suavicen otros, con el objetivo de rebajar los requisitos técnicos y ambientales a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica, por encima de las advertencias ante los riesgos", han indicado desde CHA.
Félez ha criticado que "el informe que estaba listo para su impresión y distribución, lleva siete meses paralizado, hasta que su nueva redacción se ajuste a las indicaciones de las empresas promotoras del fracking, faltando al respeto al trabajo de científicos e investigadores con tal de favorecer los intereses privados".
A juicio de CHA, "al lobby de los hidrocarburos le han molestado especialmente los datos que evidencian que en países como Sudáfrica o Canadá, donde se utiliza el fracking desde hace años, se han evidenciado numerosos casos de sismicidad inducida por los pozos de fractura hidráulica, al reactivar fallas dormidas, contaminación de pozos y manantiales que extraen aguas subterráneas de acuíferos afectos, y vertido a la atmósfera de contaminantes cancerígenos".
"El lobby del fracking en España pretende rebajar las exigencias de control y de seguimiento de las actividades de fractura hidráulica, que los técnicos del IGME proponen para garantizar la salvaguarda del medio ambiente", han concluido.
