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"El abastecimiento de pequeñas y medianas poblaciones es un reto de la gobernanza del agua"

  • " abastecimiento pequeñas y medianas poblaciones es reto gobernanza agua"
    Nuria Hernández-Mora, UCM y Socia Fundadora, Fundación Nueva Cultura del Agua.

Sobre la Entidad

Fundación CONAMA
La filosofía de la Fundación Conama es crear puntos de encuentro y promover la colaboración entre los diferentes interlocutores del sector ambiental para establecer redes que permitan avanzar en un desarrollo sostenible.

Filtraciones de pesticidas, sobreexplotación de acuíferos, mantenimiento de infraestructuras… Muchos pueblos y medianas localidades han sufrido cortes o problemas de suministro del agua por alguna de estas razones en los últimos años. Estos problemas agravan la situación de algunos puntos de España rural ante la falta de servicios u oportunidades. En este sentido, la gobernanza supone una oportunidad para conocer sus necesidades y mejorar la coordinación entre administraciones. Hablamos sobre ello con Nuria Hernández-Mora, UCM y Socia Fundadora, Fundación Nueva Cultura del Agua.

Estos temas fueron, precisamente, algunos de los asuntos objeto de debate del Comité Técnico sobre Gobernanza del Agua de Conama 2020. Los análisis en el seno de este grupo pusieron, además, las bases del informe ‘El camino hacia una nueva cultura de la gobernanza del agua’ publicado recientemente por Conama y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).           

Pregunta: ¿Qué retos sufren las pequeñas poblaciones respecto al abastecimiento del agua? ¿Cómo puede contribuir la gobernanza del agua a superarlos?

Respuesta: Fundamentalmente dos: (1) la reducción en la disponibilidad del recurso como consecuencia de la pérdida de calidad de las aguas derivada de la contaminación agraria, la sobreexplotación de sus fuentes de abastecimiento y la disminución de las aportaciones por los procesos de cambio climático en curso; y (2) la ausencia de un marco de gobernanza sólido que refuerce sus capacidades para prestar adecuadamente los servicios de su competencia.

En cuanto al primer reto, el abastecimiento urbano es prioritario frente al resto de usos del agua y dicha prioridad está claramente establecida en la normativa vigente. Sin embargo, otros usos generan impactos sobre las fuentes de agua de los que dependen, poniendo en riesgo su garantía y dejando sin efecto dicha prioridad legal. Estas situaciones afectan especialmente a pequeñas y medianas poblaciones, con sistemas de abastecimiento menos robustos, que con frecuencia no están adecuadamente identificados en la planificación o no están protegidos, y donde la interlocución entre los organismos de cuenca y los municipios es insuficiente. El problema de abastecimiento de pequeñas y medianas poblaciones es uno de los retos de la gobernanza del agua en España.

Un reciente informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua (disponible aquí) señala que en demasiadas ocasiones la respuesta de las administraciones a esta problemática se dirige a paliar los impactos del deterioro, proporcionando fuentes alternativas de abastecimiento. Es importante redirigir las medidas para hacer frente a las presiones y las fuerzas motrices que son responsables de los mismos, con el fin de mejorar la eficacia de las respuestas. La protección del buen estado de las fuentes de abastecimiento, en línea con lo que establece la nueva Directiva de Agua Potable, debe ser nuestra prioridad.

Es necesario fortalecer el marco de gobernanza del ciclo urbano del agua a través de diversas medidas, como por ejemplo: la adecuada regulación y planificación del ciclo integral del agua, mejorando la coordinación entre las distintas administraciones con competencias superpuestas y reforzando el papel que las diputaciones provinciales juegan en apoyo de pequeñas y medianas poblaciones; la generación de información robusta y fiable y el establecimiento indicadores de gestión, poniendo esta información a disposición del público, de las partes interesadas y de otras administraciones; o el establecimiento de mecanismos de financiación sostenible del ciclo integral del agua.

P.- ¿De qué manera se puede impulsar la participación de los ciudadanos en la gestión urbana del agua?

R.- La participación pública en la gestión del agua se ha centrado hasta hace relativamente poco en los procesos de planificación hidrológica impulsados en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Sin embargo, en los últimos años se han multiplicado las voces que demandan una gestión pública transparente y ambientalmente sostenible, y una participación social activa en los procesos de planificación y gestión del ciclo integral del agua urbana. Inspirados por el modelo del pionero Observatorio Ciudadano del Agua París, algunas ciudades españolas han creado ámbitos de participación ciudadana que apoyan y refuerzan la labor de gestión de los operadores públicos. Así destacan los Observatorios del Agua de AMJASA de AMJASA, en Jávea, creado en 2015; el de EMASESA en Sevilla, creado en 2018; o el de Tarrasa, creado en 2019 al calor del procedo de remunicipalización del servicio del agua. Estas iniciativas sirven de modelo que ilustra como una gestión más abierta y transparente del ciclo urbano del agua no hace sino reforzar la gestión, fortalecer el compromiso ciudadano con la gestión de este patrimonio común, y facilitar la toma de decisiones en temas en ocasiones polémicos, pero que se verán apoyados por una ciudadanía informada y comprometida.

P.- ¿Qué instrumentos económicos pueden contribuir a una gestión del agua más sostenible y eficiente?

R.- Es necesario reformar el régimen económico financiero de la legislación de aguas en España. Tal como reconocieron los Esquemas de Temas Importantes del tercer ciclo de planificación, el régimen vigente dificulta el cumplimiento de los objetivos ambientales al no financiar adecuadamente el funcionamiento de los organismos de cuenca ni la implementación de las medidas necesarias; no es equitativo, al exonerar a determinados usuarios, como los usuarios de aguas subterráneas, del pago de cualquier figura impositiva relacionada con el uso del agua o el deterioro ambiental que generan; y no cumple adecuadamente con el principio de recuperación de costes y de quién contamina paga, no sirviendo, así para que “que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales de la presente Directiva”, tal como establece el artículo 9 de la DMA.

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