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Carlos Benítez: "Sería imprudente no integrar el análisis del riesgo climático en las decisiones"

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  • Carlos Benítez: "Sería imprudente no integrar análisis riesgo climático decisiones"

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Fundación CONAMA
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Continuando con el ciclo de entrevistas "El agua en CONAMA", donde distintos perfiles profesionales aportan su visión sobre el papel del agua en esta 14ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, hablamos con Carlos Benítez Sanz, Jefe de Proyecto y Consultor en Agua y Medio Ambiente en INTECSA-INARSA sobre la Sesión Técnica "Agua y adaptación al cambio climático".

Pregunta: ¿Por qué es necesario introducir el enfoque de adaptación al cambio climático en las políticas de agua y la planificación hidrológica?

Respuesta: El cambio climático, como escenario de evolución probable, está plenamente incorporado en nuestra legislación de aguas, y la adaptación al cambio es ya un vector fundamental en el diseño de la política de aguas europea. Los principales elementos de riesgo para los recursos hídricos son conocidos: el incremento en intensidad y frecuencia de las inundaciones y las sequías, la reducción de recursos renovables -que causa una creciente competencia entre actividades económicas y con los ecosistemas- y la subida del nivel del mar.

Aunque persisten las corrientes críticas -minoritarias pero poderosas-, el consenso sobre la necesidad de actuar se amplía. Las amenazas están cada vez mejor documentadas: olas de calor como las sufridas en Europa en los últimos años, desastres naturales, desplazamiento de especies animales y vegetales, anegación de zonas costeras e insulares, daños en las cosechas y en la productividad marina. En resumen, múltiples fenómenos disruptivos de la actividad económica y del funcionamiento de los ecosistemas. Aun aceptando la incertidumbre, sería imprudente no integrar el análisis del riesgo climático en nuestras decisiones.

P.- ¿Cuáles deberían ser las prioridades políticas, económicas y sociales de nuestro país para poder afrontar dicha adaptación?

R,. Creo que las prioridades ya están establecidas en la Ley de Aguas y la incidencia del cambio climático no debe alterarlas: buen estado y la adecuada protección de las aguas, la satisfacción de las demandas, armonización del desarrollo regional y sectorial. La cuestión se traslada, más bien, al problema de cómo perseguir el logro simultáneo de estos objetivos en un contexto de cambio.

Creo que se impone la necesidad de una reflexión global sobre los problemas que afrontamos, desde las lecciones aprendidas en estos años, e identificar opciones de acción futura, que deben ser caracterizadas técnicamente y después analizadas de manera integrada desde las diversas perspectivas: económica, social y ambiental, regulatoria, política y financiera. Cada vez tenemos a nuestra disposición mejores modelos conceptuales y herramientas que pueden aproximar el objetivo de una gestión verdaderamente holística de los recursos hídricos.

En los últimos años, se han realizado notables avances en el conocimiento del ciclo del agua en las cuencas españolas y desarrollado herramientas de modelización hidrológica, hidráulica, hidro-biológica y de explotación de los sistemas de suministro. El avance en las componentes económica -una mejor comprensión del valor del agua, más allá de sus costes de gestión y consideraciones de rentabilidad productiva- y ecosistémica del ciclo y su integración en la planificación requiere todavía de mayores esfuerzos, que ayudarían a entender mejor todas las vertientes del problema al que nos enfrentamos.

P.- ¿Qué estrategias y medidas serían necesarias desde el sector del agua para adaptarse al cambio climático?

R.- En materia de planificación y política de aguas, identifico dos líneas fundamentales de trabajo: los fenómenos extremos -con la doble vertiente de sequías e inundaciones- para los que se espera un aumento de frecuencia e intensidad de los episodios; y la escasez de agua, con previsible desplazamiento negativo de los balances recursos-demandas.

En España, contamos con instrumentos para lidiar con cada uno de estos tres problemas: los planes especiales de sequía, los planes de gestión del riesgo de inundaciones y los planes hidrológicos. Sin embargo, persisten serias dudas de que las medidas propuestas en estos planes sean suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos a los que nos referimos con anterioridad.

Según los últimos informes ministeriales, 185 masas de agua subterránea siguen en mal estado cuantitativo y se constata que un 44% de las (escasas) masas controladas se ha producido algún problema de incumplimiento del régimen de caudales ecológicos mínimos. Estas cifras indican que el estado de nuestros ecosistemas dista de ser el deseable y reflejan también que nuestros sistemas de explotación, particularmente en la franja mediterránea, están tensionados por la escasez. No podemos asumir una permanente sobreexplotación de los acuíferos -en buena parte debida a captaciones irregulares- incompatible con nuestros compromisos ambientales y con la sostenibilidad de la agricultura de riego en el medio plazo.

La inacción conduce al enquistamiento del problema y su previsible agravamiento futuro por los efectos del cambio. La polémica de los trasvases, planteados a menudo como solución definitiva al problema del litoral mediterráneo, sigue muy viva, pero los acuerdos políticos que serían necesarios parecen cada vez más lejanos. En mi opinión, si queremos superar la controversia debemos empezar por buscar un consenso técnico que identifique opciones razonables de actuación y permita tratar con rigor -bajo las múltiples perspectivas que sugería anteriormente- las evidencias aportadas por todos los agentes interesados y territorios implicados.

Por último, en referencia a la prevención y mitigación de los efectos de las inundaciones, los planes de gestión han identificado las áreas con riesgo potencial significativo, pero no siempre los programas de medidas contemplan actuaciones proporcionadas a la magnitud de la amenaza. Las soluciones de ingeniería deberán intervenir si, una vez agotado el potencial de las medidas no estructurales (retención natural, drenaje urbano sostenible, ordenación territorial), persisten riesgos inaceptables de pérdida de vidas humanas.

P.- ¿Cómo puede afectar la adaptación al cambio climático del sector del agua en aquellos sectores productivos donde este recurso tiene un importante papel?

R.- Si se confirman las expectativas, todos los usuarios se verán crecientemente afectados por la escasez y la irregularidad, aunque en muy distinto grado dependiendo de su jerarquía en la asignación de usos, y de su capacidad de financiar las innovaciones necesarias.

El abastecimiento es, sin duda, el uso mejor preparado tanto por la prioridad jerárquica que le concede la legislación como por su potencial de adaptación tecnológica. Por el contrario, la agricultura de regadío -aun siendo segunda en la escala de prioridades- es probablemente el sector más sensible, tanto por la magnitud de su demanda como por su menor capacidad de pago. Aumentar la garantía comporta acudir a las fuentes no convencionales, cuyo precio solo está al alcance de los cultivos más rentables.

La industria y otros usos se sitúan en niveles inferiores de prioridad, aunque disponen de margen tecnológico y financiero para reducir el consumo aumentando la recirculación interna en procesos y dotarse de sistemas de refrigeración eficientes. No obstante, creo que la disponibilidad de recursos garantizados será un factor decisivo en la localización de nuevas industrias de gran consumo -por ejemplo, los centros de datos. Y esto no es buena noticia para algunas regiones españolas.

P.- Los fenómenos climáticos como las sequías e inundaciones son cada vez más extremos y frecuentes, incluso también en España. ¿De qué manera afectan éstos a la disponibilidad del agua y su gestión?

R.- Según los recientes estudios del CEDEX, las reducciones de escorrentía previstas en el conjunto de España promedian caídas entre el 3% y 7% en 2040, dependiendo de la senda de reducción de emisiones. Esto representa un serio impacto sobre sistemas ya estresados.

En lo que se refiere a los sistemas de suministro afectados por la escasez, el impacto en la disponibilidad puede moderarse en tanto que entran en juego las infraestructuras de regulación, reservas subterráneas -para la superación de los eventos de sequía- y otros elementos como las desaladoras y los efluentes regenerados que presentan la ventaja de su estabilidad frente a la natural variabilidad hidrológica. Para lograr una diversificación efectiva de las fuentes de suministro, será preciso combinar incentivos positivos con medidas de ordenación de usos, regulación y vigilancia.

Quiero añadir una consideración final. Es necesario garantizar una mayor coordinación entre la planificación hidrológica en sus diversas vertientes y el resto de las planificaciones sectoriales y la ordenación territorial, partiendo de la comprensión de que determinados límites no pueden rebasarse.

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