La trasposición e implementación de la nueva Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU) representan uno de los mayores desafíos y también una de las mayores oportunidades para el sector del agua en España. Ambas fases deberán avanzar prácticamente de forma simultánea, en un contexto en el que las exigencias normativas europeas se intensifican y donde la gestión eficiente, sostenible y coordinada del recurso se vuelve cada vez más estratégica.
Consciente de esta complejidad, el Comité Técnico de Agua y Economía circular de la Fundación Conama, compuesto por más de 45 profesionales procedentes de administraciones públicas, operadores de servicios, entidades académicas y técnicas, impulsó un proceso colectivo de análisis y reflexión para identificar los principales retos que plantea la nueva normativa y proponer recomendaciones realistas y transformadoras. El resultado de este trabajo se recoge en el informe “Recomendaciones para la trasposición de la Directiva TARU”. El documento aborda diez áreas clave que van desde la adaptación técnica y financiera hasta la innovación, la gobernanza y la visión estratégica.
A continuación, se presenta un resumen de estas áreas, que pueden explorarse en profundidad en el informe completo.
1. Estrategias diferenciadas frente a los requerimientos de límites de vertidos más ambiciosos
Uno de los cambios más significativos que trae la Directiva TARU es la fijación de límites de vertido más exigentes. En España, la diversidad territorial, las diferencias en capacidades técnicas y económicas entre comunidades autónomas, y la variedad de tamaños poblacionales y sistemas de gestión hacen indispensable diseñar estrategias diferenciadas.
La Dirección General del Agua del MITECO, ha impulsado un grupo de trabajo para actualizar información sobre las instalaciones existentes, considerando número de aglomeraciones, tipo de tratamiento y presencia de colectores, un paso previo esencial para la planificación nacional. Además, la digitalización del ciclo del agua se perfila como una herramienta clave para consolidar información y tomar decisiones basadas en datos precisos.
Uno de los cambios más significativos que trae la Directiva TARU es la fijación de límites de vertido más exigentes
Una propuesta destacada por el grupo consiste en descontar del cómputo de la carga entrante la fracción de agua reutilizada, lo que permitiría flexibilizar los límites de emisión y convertir la reutilización en un instrumento estratégico para el cumplimiento de la Directiva. Asimismo, los expertos coinciden en que será crucial fortalecer la I+D+i, fomentar la colaboración público-privada y promover la corresponsabilidad territorial mediante modelos asociativos, especialmente para pequeñas aglomeraciones.
2. Desafíos para la implementación de nuevas fuentes de financiación y responsabilidad ampliada del productor (RAP)
La incorporación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para financiar los tratamientos cuaternarios, necesarios para eliminar los microcontaminantes, ha sido uno de los temas más debatidos durante la aprobación de la Directiva, y seguirá siendo también en las discusiones de la trasposición y el diseño del Programa Nacional de Ejecución.
La Directiva TARU que introduce la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) establece que los sectores farmacéutico y cosmético son quienes bajo el bajo el principio de “quien contamina paga”, deben cubrir al menos el 80 % de los costes asociados, garantizando que se cubran la eliminación de los residuos persistentes tras las faces convencionales y que hasta ahora no eran tratados en las EDAR
Persisten debates sobre el 20 % restante, cuya definición sin coordinación europea podría generar desigualdades y distorsiones en el mercado. Asimismo, los productores cuestionan la selección de las sustancias contaminantes priorizadas por su toxicidad y volumen, reclamando la inclusión de otros sectores que también contribuyen a la contaminación de las aguas residuales. Se advierte, además, que, a diferencia de otros esquemas de RAP, como los aplicados a residuos, donde el principio de generalidad es la base, el enfoque en aguas residuales se ha limitado a sectores específicos, dejando fuera sustancias relevantes.
Se manifestó la preferencia por un único sistema colectivo (SCRAP) que facilite la interlocución con la Administración, garantice transparencia y simplifique la gestión financiera, si bien será una decisión que deban tomar los sectores afectados. También se plantea la creación de una figura certificadora europea, que permita homologar procedimientos y reducir cargas burocráticas.
3. Tecnologías apropiadas y enfoques solidarios para abordar los requerimientos en las aglomeraciones más pequeñas
Las aglomeraciones de menor tamaño, así como las poblaciones costeras representan un reto estructural para el sector de saneamiento y son quienes enfrentarán mayores dificultades y demandarán esfuerzos adicionales para la implementación de la Directiva TARU.
En España, la complejidad de aplicar sistemas individuales de saneamiento (infraestructuras individuales de depuración doméstica, sin conexión a colectores) ha derivado en procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea, con sanciones económicas, debido a la incapacidad de demostrar que estos sistemas ofrecían un nivel de protección ambiental y sanitaria equivalente al de los sistemas tradicionales. En este contexto, se enfatiza la necesidad de no arrastrar los incumplimientos del pasado, sino más bien utilizarlos como aprendizaje y acelerar su resolución para alinearse con las nuevas exigencias de la Directiva.
Entre las propuestas se plantea la posibilidad de que los sistemas individuales deban estar certificados, así como también en avanzar en la creación de un registro nacional de estos para mejorar su gestión y control. En términos de gobernanza se subraya la urgencia de establecer enfoques solidarios, como fórmulas mancomunadas o consorcios regionales, que permitan agrupar recursos y capacidades.
4. Coincidencias normativas como desafío y oportunidad en la gestión de desbordamientos
La alineación entre la Directiva TARU y el Real Decreto 665/2023 sobre Dominio Público Hidráulico (DPH) permite reforzar la protección de las masas de agua ante los vertidos, aunque genera retos de coordinación. La diferencia metodológica entre ambas normativas, como la evaluación de eficacia mediante carga total frente a rendimiento hidráulico, requiere armonización técnica a nivel nacional para una posterior validación ante la Comisión Europea.
Se destacan los Planes Integrados de Gestión de Aguas Residuales que en ambas normativas se establecen como instrumentos fundamentales para reducir la contaminación por desbordamientos. Un avance destacado en esta línea es el desarrollo del “Inventario de Aglomeraciones Urbanas” obligadas a elaborar Planes Integrales de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS)”. Asimismo, se pone en relieve que la vinculación con los PERTE de digitalización del ciclo del agua está permitiendo planificar inversiones y acciones preventivas.
5. Innovación para avanzar a la neutralidad climática desde el tratamiento de las aguas residuales
La Directiva TARU reconoce el potencial de las EDAR como biofactorías, impulsando la interrelación entre agua y energía. Para avanzar hacia el objetivo de la neutralidad energética, es clave implementar auditorías energéticas, metodologías claras de cálculo y planificación de inversiones.
España parte de una posición favorable, con un 20 % del objetivo de 2030 ya alcanzado, pero se requiere definir con precisión el alcance del balance energético. La innovación tecnológica es crítica, incluyendo plantas flexibles, bajo consumo energético, recuperación de nutrientes y minimización de emisiones.
Además, se ha dejado de manifiesto la materialización del enfoque de Economía Circular con la Directiva TARU y se han identificado tres palancas que serán fundamentales desde el sector de aguas residuales para avanzar hacia los indicadores de circularidad: digestión anaerobia y biogás, energía fotovoltaica y aprovechamiento de subproductos.
6. Visión integrada y costes compartidos para impulsar la reutilización del agua
La Directiva TARU debe avanzar en paralelo al Reglamento de Reutilización de Agua, buscando sinergias tecnológicas y de planificación, ya que esta normativa condiciona la producción y uso de aguas regeneradas a la planificación hidrológica y a los riesgos asociados. La reutilización no presenta grandes barreras técnicas, pero sí económicas y de gobernanza: el debate gira en torno a quién asume los costes de distribución y bombeo, así como también en la definición de un modelo de costes compartidos.
La Directiva TARU debe avanzar en paralelo al Reglamento de Reutilización de Agua, buscando sinergias tecnológicas y de planificación
Adicionalmente se enfatizó que la reutilización debe aplicarse bajo el principio de precaución, para evitar impactos negativos en la calidad y cantidad del agua en las cuencas.
7. Coordinación multisectorial para promover el sistema de vigilancia a través de las aguas residuales
Con la Directiva TARU se introduce un sistema de vigilancia sanitaria basado en el monitoreo de aguas residuales, cuyo éxito dependerá de una estrecha coordinación entre autoridades sanitarias y ambientales en los distintos niveles administrativos, así como de una definición clara de responsabilidades y financiación.
Este enfoque se consolidó durante la pandemia, al evidenciarse el valor de las aguas residuales para detectar la incidencia de la COVID-19. Este tema fue ampliamente abordado en la sesión técnica de CONAMA 2020 “Covid-19 y la comunicación en el sector agua”, donde surgieron debates y propuestas relevantes. Bajo este contexto, la vigilancia de aguas residuales se perfila como un instrumento estructural de salud pública y ambiental, que exige capacidades técnicas y organizativas sólidas para su plena integración en las políticas de gestión.
8. Abordar la complejidad de la TARU como oportunidad para mejorar la gobernanza
La Directiva TARU puede convertirse en un punto de inflexión para la gobernanza del sector. En el debate ha vuelto a surgir la propuesta de creación de un organismo regulador nacional que aporte coherencia financiera y estratégica, coordine inversiones y facilite el cumplimiento normativo.
Además, se destacan la digitalización y la creación del Observatorio de la Gestión del Agua en España con catalizadores para avanzar hacia una mayor transparencia y eficiencia. Por otra parte, se comenta sobre los retos, entre ellos el de acelerar los procesos administrativos para adecuarse a los plazos establecidos en la Directiva.
9. Complejidad técnica y jurídica de la gestión de los lodos
Un punto de análisis fue el de la clasificación de los lodos de EDAR y el rol de las plantas como gestores de residuos. La clasificación de los lodos de EDAR como residuos o subproductos sigue generando debate jurídico. Actualmente, los lodos se incluyen en el Listado Europeo de Residuos (LER), con destinos regulados como valorización agrícola, valorización energética, incineración y vertido.
La valorización agrícola, si bien es el principal destino regulado enfrenta restricciones cada vez mayores, como los límites de metales pesados, pH del suelo, y la obligación de inscripción en el Registro Nacional de Lodos. Por otra parte, se considera importante mantener abierta la posibilidad de incorporar nuevos tratamientos de lodos que permiten su transformación en subproductos aprovechables en la agricultura, manteniendo alineamiento con principios de economía circular.
10. Compartir para avanzar
Se valora de forma positiva que la Dirección General del Agua (DGA), no sólo dedique sus esfuerzos en la trasposición sino también en cómo promover la implantación de esta trasposición, abordando de manera simultánea los múltiples retos que plantea la Directiva. El enfoque adoptado por la Dirección General del Agua, que combina trasposición y planificación de la implementación desde el inicio, está permitiendo anticipar soluciones y ganar tiempo.
Este informe sobre “Recomendaciones para la trasposición de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU)”, es un proceso de reflexión colectiva que demuestra que, cuando se comparten conocimientos y se articulan esfuerzos entre administraciones, operadores y sociedad civil, la trasposición deja de ser un mero trámite legal y se convierte en una oportunidad real de transformación.
Para profundizar en cada uno de estos debates técnicos y conocer las recomendaciones específicas planteadas por los expertos, se invita a consultar el documento completo elaborado en el marco de este proceso.
