La 14ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente vuelve con un programa que abarca todos los ámbitos de la sostenibilidad en nueve ejes temáticos. Uno de ellos es el agua, cuya papel es cada vez más relevante. Continuando con el ciclo de entrevistas "El agua en CONAMA" donde distintos perfiles profesionales aportan su visión sobre los temas más relevantes que se trataran en este #CONAMA2018. Hablamos con Francesc La Roca, miembro del patronato de FNCA sobre la Sesión Técnica "Política nacional del agua y planificación hidrológica".
Pregunta: En cuanto a la planificación hidrológica en España, ¿cómo valora la implementación de los dos primeros ciclos respecto a Europa?
Respuesta: Los actuales planes hidrológicos en España se caracterizan por la continuidad respecto a los planes anteriores a la DMA y por la resistencia al cambio de orientación de la política de aguas que impulsa la directiva. En comparación con otros países europeos la planificación española contaba, en el momento de aprobación de la DMA, con algunas ventajas como la tradición de gestión y planificación por cuencas, la recopilación de largas series de información hidrológica o el reducido número de países con los que comparte cuencas. Sin embargo, el desarrollo de la directiva se ha realizado a trompicones y, hasta la fecha, no se ha asumido la revisión de los objetivos de la política de aguas que en la práctica siguen priorizando la satisfacción de las demandas, en lugar de adoptar los objetivos que marca la directiva cuando prioriza la protección de los ecosistemas acuáticos y la adaptación de los usos a los recursos disponibles, con el fin de lograr una disponibilidad duradera de agua de calidad.
P.- ¿Cuáles deben ser las bases para asentar un próximo ciclo de planificación?
R.- El inicio del próximo ciclo de planificación es una ocasión para revisar a fondo la política de aguas en nuestro país, adecuando los planes de cuenca a los retos pendientes. En primer lugar, hay que situar en el centro de la política de aguas el cambio climático, que ya ha alterado el ciclo hidrológico; por ello hay que concebir los planes hidrológicos como instrumentos de una estrategia más general de adaptación al cambio climático. En segundo lugar y como consecuencia de la nueva situación climática, hay que reducir las demandas, reforzar la protección de los ecosistemas hídricos, claves en el mantenimiento de la fase terrestre del ciclo hidrológico, y priorizar la garantía de agua de la mejor calidad en cantidad suficiente para el abastecimiento humano, protegiendo de manera efectiva las fuentes de suministro. Desde el punto de vista instrumental, el próximo ciclo de planificación debe profundizar en los aspectos no implementados de la DMA, especialmente aquellos relacionados con los aspectos económicos –desde el estudio de la demarcación (artº 5) a la política de precios en base al principio de quien contamina paga (artº 9)- y de participación pública (artº 14).
Asumir los objetivos de la DMA como guía de la planificación, a los que deben adecuarse los sectores productivos, reduciendo las presiones que ejercen sobre el medio acuático, y limitar las excepciones al cumplimiento de los objetivos de acuerdo con una interpretación estricta del artº 4, son aspectos pendientes en la implementación de la directiva en España.
P.- A su juicio, ¿qué aspectos deberían tenerse en cuenta a la hora de abordar a futura revisión de la Directiva Marco del Agua prevista para 2019?
R.- A mi juicio, la DMA es un instrumento bien concebido que sigue siendo válido para regir la política de aguas en la UE. Como otros instrumentos de la política ambiental europea, el problema de la directiva es el de la deficiente implementación. Las medidas necesarias para mejorar su implementación no pasan por la reforma de la directiva, sino por otras medidas de política como la condicionalidad de las ayudas de la PAC al cumplimiento de la DMA o la exigencia de cumplimiento de las normas de competencia a los estados que, al no repercutir los costes del deterioro ambiental a determinados usuarios del agua, distorsionan las reglas del mercado.
P.- ¿Cuáles son las mejoras que deben realizarse en dicho texto normativo después de casi 20 años de experiencia?
R.- La revisión (fitness check) de 2019 debería conducir, en todo caso, a retoques menores del texto legal, con el fin de precisar algunos aspectos que se han revelado ambiguos –como, por ejemplo, el de la definición de los servicios relacionados con el agua-, por un lado; y de actualizar otros. Entre ellos, la coordinación con otras directivas, como la de riesgo de inundaciones o la de agua potable. Ello no significa abrir un proceso de revisión (revision) de la directiva, sino que basta con realizar enmiendas puntuales sin modificar los objetivos y la estructura general de la misma.
P.- Bajo su punto de vista, ¿cuáles serán los puntos en los que se asiente la futura política española en materia de agua?
R.- A pesar de los cambios introducidos a raíz de la entrada en vigor de la directiva marco de aguas, la orientación de la futura política española en materia de agua sigue abierta, moviéndose entre dos polos representados simbólicamente por el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 y la DMA. La comunidad de intereses en torno a la “vieja” política del agua, la del PHN, sigue manteniendo sus posiciones y buena parte de su poder, si bien ha actualizado su discurso. Derogado el transvase del Ebro y alejadas las posibilidades de financiación europea de este tipo de megaproyectos, el modelo de la “vieja” política plantea ahora la interconexión de las cuencas, mediante una malla o red –como la de Red Eléctrica Española, según sus voceros- a través de la cual reasignar caudales. El instrumento de reasignación preferido es el mercado, lo que exige la transformación de las actuales concesiones en títulos negociables. En definitiva, supone la privatización del agua a favor de sus actuales concesionarios, en detrimento del medio ambiente y el conjunto de los ciudadanos. Este modelo se va impulsando con discreción, ampliando y completando las conexiones entre “sistemas de explotación” y relajando paulatinamente las condiciones para los intercambios de agua.
Frente a este planteamiento, la “nueva” política del agua pugna por asentar la política de aguas como una estrategia de adaptación al cambio climático, mediante la protección de los ecosistemas y la adecuación de los usos al mantenimiento a largo plazo de disponibilidad de agua de calidad. La prioridad de la conservación de los ecosistemas y del derecho humano al agua potable exige, en la situación actual de deterioro ambiental y alteración climática, una revisión de los usos y una decidida gestión de la demanda, que conduzca a una reducción efectiva de las demandas en todos los sectores. La DMA establece un conjunto de instrumentos, entre ellos los económicos y la participación ciudadana, que deben emplearse para facilitar la transición al nuevo contexto.
