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Víctor Arqued: "La DMA debería integrar otras normas comunitarias de protección de las aguas"

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El Congreso Nacional del Medio Ambiente vuelve en su 14ª edición con un programa que abarca todos los ámbitos de la sostenibilidad en nueve ejes temáticos. Uno de ellos es el agua, cuya papel es cada vez más relevante. Así, continuando con el ciclo de entrevistas "El agua en CONAMA" donde distintos perfiles profesionales aportan su visión sobre los temas más relevantes que se trataran en este #CONAMA2018. Hablamos con Víctor Arqued, subdirector general de Planificación y Uso Sostenible del Agua del MITECO, sobre la Sesión Técnica "Política nacional del agua y planificación hidrológica".

Pregunta: En cuanto a la planificación hidrológica en España, ¿cómo valora la implementación de los dos primeros ciclos respecto a Europa?

Respuesta: A diferencia de otros Estados miembros de la UE que no tenían claros antecedentes en materia de planificación hidrológica por cuencas, y que por ello básicamente se enfrentaban a esta tarea sobre una hoja en blanco, en España ha sido preciso modificar el paradigma tradicional de la planificación hidrológica para incorporar los objetivos y requisitos de la Directiva Marco del Agua.

Asumir este cambio de modelo ha sido complicado, tanto para los excelentes equipos técnicos que desempeñaban esta labor como para los diversos agentes interesados, en especial para los usuarios tradicionales.

Para ello ha sido preciso evolucionar desde una planificación tecnocrática, robusta y limitadamente participativa, enfocada esencialmente a satisfacer demandas de agua mediante el incremento de los recursos disponibles, a otro modelo de planificación muy participativo, donde prima el logro de unos concretos objetivos ambientales. Objetivos que ahora se destacan como una condición previa para la utilización de los recursos hídricos destinados a atender las necesidades socioeconómicas.

Por ello, no debe sorprender que de esa complicación se hayan derivado retrasos en la adopción de los nuevos planes hidrológicos españoles, en particular en los del primer ciclo. Estos retrasos condicionaron que el segundo ciclo se iniciase tarde y fuese necesario completarlo en un tiempo mucho más corto que el inicialmente previsto por la DMA. Esa reducción del tiempo para la preparación de los segundos planes ha condicionado que el desarrollo de los trabajos haya estado siempre comprometido por la urgencia, lo que inevitablemente ha tenido trascendencia en sus resultados.

A pesar de todo ello, hoy España está en el grupo de países que han asumido este nuevo modelo. Y singularmente, sin renunciar por ello a que la planificación hidrológica española siga siendo el instrumento de referencia para establecer la asignación de los recursos hídricos en las cuencas, requisito que como tal no está incorporado en la DMA.

Nuestros planes hidrológicos son, por ello, necesariamente más complejos que los que preparan nuestros socios europeos e incorporan otros requisitos, ya que no es razonable en España pensar en el logro de los objetivos ambientales sin estudiar los sistemas de reparto del agua y las restricciones previas que sobre ellos debemos incorporar, como por ejemplo los nuevos regímenes de caudales ecológicos.

En conclusión, entiendo que a pesar de nuestras dificultades particulares, antes explicadas, avanzamos en la dirección correcta y contamos con una buena base para que la siguiente revisión de los planes hidrológicos, en la que ya estamos empezando a trabajar, consolide perfectamente este nuevo modelo de planificación.

P.- ¿Cuáles deben ser las bases para asentar un próximo ciclo de planificación?

R.- Sin duda la base para los nuevos planes es la que nos ofrece el conjunto de planes hidrológicos de segundo ciclo, ya adoptados y publicados. Asimismo, una fuente muy relevante son los informes de seguimiento de los planes que la mayor parte de las autoridades de cuenca han empezado a preparar de una forma sistemática.

Los sucesivos ciclos de planificación nos brindan la oportunidad de incorporar constantes mejoras sobre lo que ya tenemos. Bajo esta generalidad propia del proceso no podemos ignorar las zonas en las que las necesidades de mejora son más evidentes. La identificación de estas zonas de mejora se favorece con los informes de evaluación que producen los servicios técnicos de la Comisión Europea y las recomendaciones que de ellos se derivan. No obstante, hay algunas áreas en las que estamos centrando nuestros esfuerzos de mejora. Muy sintéticamente son las siguientes: Coordinación con las diversas autoridades competentes, eficaz refuerzo de los procesos participativos, clarificación del vínculo entre presiones, impactos, diagnósticos del estado y medidas, estudios económicos de los usos del agua y de recuperación del coste de los servicios y, especialmente, reconsideración de los programas de medidas.

Por otra parte, para la gestión de las ingentes cantidades de información detallada que se utiliza para la configuración de los planes hidrológicos es, en los tiempos en que vivimos, absolutamente necesario apoyarnos en el uso de sistemas de base de datos con capacidades alfanuméricas y espaciales, así como en herramientas de simulación del comportamiento de los sistemas hidrológicos ante distintas soluciones alternativas, herramientas que den soporte y apoyo objetivo a la toma de decisiones.

El uso de estos sistemas y herramientas también es vital para mejorar la eficacia de la participación pública, al hacer accesible a la ciudadanía la información de base y los resultados intermedios que de su manejo se derivan.

En el MITECO estamos trabajando para el desarrollo y la configuración de estos sistemas, que han de constituir uno de los pilares esenciales sobre los que se apoye la construcción de los planes del tercer ciclo.

P.- A su juicio, ¿qué aspectos deberían tenerse en cuenta a la hora de abordar a futura revisión de la Directiva Marco del Agua prevista para 2019?

R.- La DMA se redactó a finales del Siglo XX, cuando el año 2027 se veía quizá muy lejano. En la actualidad 2027 ya se ve en el horizonte y para un gran número de Estados miembros de la UE, entre ellos España, no es posible cumplir con las exigencias que la DMA plantea para esa fecha.

Por ello, y sin perjuicio de otros detalles técnicos que esperamos poder ajustar, el principal reto en la futura revisión es analizar cómo se puede resolver ese punto final de 2027 sin perder la ambición de la DMA.

Tengamos en cuenta que los objetivos de la DMA se debían haber alcanzado antes de final del año 2015 y que, a partir de esa fecha, es solo posible justificar la falta de consecución de esos objetivos mediante la aplicación de una serie de exenciones previstas en el propio artículo 4 de la DMA. Pero más allá de 2027 esto es solo muy excepcionalmente viable y, en cualquier caso, todas las medidas pertinentes para lograr los objetivos han de haber sido adoptadas. La realidad evidencia que esto ya no es posible.

Si con la revisión de la DMA no se da una solución a este problema, una clara mayoría de Estados miembro quedarán en situación de incumplimiento. Esto ya no solo será un problema de España, será un problema de la UE, que no se resuelve en el Tribunal de Justicia.

Podemos imaginar varias soluciones para afrontar este problema trabajando con la redacción del artículo 4 de la DMA. El reto es encontrar una que sea eficaz para favorecer el que se siga avanzando hacía el logro de los mismos objetivos sin poner, con ello, en riesgo la ambición original de la norma.

Esta solución no será eficaz para los planes de tercer ciclo, que deben adoptarse en 2021 y que ya estarán en avanzada redacción cuando se pueda adoptar el instrumento de revisión de la DMA, pero es imprescindible para los siguientes planes, los que precisamente deberán adoptarse antes de final de 2027.

P.- ¿Cuáles son las mejoras que deben realizarse en dicho texto normativo después de casi 20 años de experiencia?

Con independencia de lo señalado en la cuestión anterior hay multitud de detalles técnicos que pueden tomarse en consideración, tanto sobre el diseño del propio proceso de planificación (plazos, consultas, procedimientos de adopción y de reporte en las distintas fases del proceso, etc.) como sobre los procedimientos de evaluación del estado de las masas de agua (contaminantes emergentes, contaminación ubicua, deriva en las condiciones de referencia, mecanismo de validación de indicadores, peso de los indicadores hidromorfológicos, etc.).

Sobre este último asunto de la evaluación del estado hay que ir tomando en consideración las posibilidades técnicas que ofrecen los nuevos sistemas de identificación biológica a través de los patrones de ADN. Estos procedimientos, previsiblemente más baratos, objetivos y eficaces que los tradicionales muestreos de material biológico en campo, pueden revolucionar en muy pocos años los actuales procedimientos de diagnóstico, con lo que buena parte del detalle técnico recogido en los anexos de la DMA (en quinto en particular) puede quedar absolutamente desactualizado.

Por otra parte, para que esta sea realmente la Directiva Marco, debería mejorar la integración de otras normas comunitarias relacionadas con la protección de las aguas. En particular, y sin con ello pretender cerrar la enumeración, la Directiva 91/271, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas o la Directiva 91/676, sobre la contaminación producida por nitratos de origen agrario. Sin olvidar por otra parte las Directivas “hijas” de la DMA, de gestión del riesgo de inundación, de protección de las aguas subterráneas o de normas de calidad ambiental.

Otra problemática no bien resuelta se da con las zonas protegidas, especialmente con las que configuran la Red Natura 2000. En principio, entre los objetivos que persigue la DMA y que han de lograrse mediante la puesta en práctica de los programas de medidas, están los referidos a las zonas protegidas. No obstante, los diagnósticos de estas zonas protegidas difícilmente ofrecen la concreción que ofrecen los objetivos de estado referidos a las masas de agua, y la puesta en práctica de la previsión que respecto a estas zonas fija la DMA, no está siendo eficaz. En conclusión, se deberían explorar opciones para un tratamiento más claro e integral de este asunto.

P.- Bajo su punto de vista, ¿cuáles serán los puntos en los que se asiente la futura política española en materia de agua?

R.- La política del agua se orienta a través de la planificación hidrológica. Los planes hidrológicos, bien preparados y suficientemente debatidos y acordados, deben ser una vez aprobados por el Gobierno el instrumento director inequívoco, que conduzca las inversiones de las Administraciones competentes para la materialización de las medidas y también el instrumento que establezca con fuerza jurídica las restricciones ambientales específicas, es decir, adicionales a las generales, que deberán atender todos los que ejerzan o pretendan ejercer una presión significativa sobre las aguas.

En realidad esto, poco a poco, va siendo así, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Para ello, los poderes públicos han de favorecer la transparencia y con ello la implicación de la ciudadanía en el proceso, buscando que la propia ciudadanía sea crítica y exigente. Son necesarios los trabajos de comunicación, de conexión con la sociedad, y para ello es imprescindible ofrecer información clara y objetiva, sin ocultar lo que no va como se esperaba.

Para ello, desde el MITECO estamos impulsando la rutinaria publicación de informes de seguimiento de los planes hidrológicos. Es significativo que en 27 años de historia del Consejo Nacional del Agua sea, a finales de 2018, cuando se presenta el primer informe de seguimiento de los planes hidrológicos españoles.

Los planes hidrológicos no solo han de ser técnicamente buenos, sino que han de llegar a ser el instrumento en el que todos confíen. Y como es sabido, la confianza cuesta mucho ganarla, y se pierde en un instante.

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