En junio de 2014 el Oleoducto Norperuano sufrió una rotura que resultó en el vertido del equivalente a más de 2.300 barriles de petróleo en la selva norte del Perú. El derrame afectó al cauce del río Marañón, uno de los afluentes del curso alto del Amazonas.
La empresa estatal peruana Petroperú es el operador de este oleoducto que se construyó en 1977 para transportar petróleo desde los yacimientos del departamento de Loreto hasta la costa del Pacífico. La tubería cruza así los Andes con un total de 1.106 km de longitud y una capacidad de transporte de 100.000 barriles de crudo por hora.
La comunidad indígena de la etnia Kukama-Kukamiria, de las zonas de Saramuro y Cuninico, en la región Loreto, en plena Amazonía peruana, resultó duramente perjudicada por el desastre. El agua y el pescado quedaron contaminados, y la población comenzó a sufrir enfermedades que afectaron principalmente a los niños: manchas en la piel, alergias, problemas en la visión y desarreglos estomacales.
Su alimentación, basada en la pesca, se vio gravemente alterada y comenzaron a aparecer casos de desnutrición y anemia. Paradójicamente, los pescadores se vieron obligados a comprar el pescado en la ciudad y muchos tuvieron que alimentarse de conservas. Su economía también quedo perjudicada: ya no podían vender su pescado y tuvieron que comprar comida ya que las tierras donde cultivaban yuca, maíz y maní quedaron inservibles.
Los 720 habitantes de Cuninico pasaron a depender de la captación de agua de lluvia para beber, cocinar y bañarse. Los niños dejaron de jugar y bañarse en el río cuyos márgenes se volvieron negros de chapapote.
Ante la falta de ayuda inmediata ni por parte del Estado ni de la compañía petrolera, en 2015, los afectados presentaron una demanda. En mayo de 2017, el Juzgado Mixto de Nauta falló a favor de las comunidades, ordenando al Ministerio de Salud y la Dirección General de Epidemiología peruanos que implementasen una estrategia de salud pública de emergencia para la atención médica de los perjudicados, así como de vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria en la zona.
Los análisis de sangre y orina realizados a personas de las comunidades de Cuninico y San Pedro mostraron que la mitad presentaba valores de mercurio y cadmio por encima de los estándares marcados por la OMS
Las autoridades peruanas apelaron. En su descargo, el Ministerio de Salud afirmó que sí atendió los perjudicados y presentó informes que daban cuenta de las acciones de salud realizadas. Sin embargo, las comunidades y los observadores parlamentarios respondieron que estas no se ajustaban a lo que obligaba la sentencia.
Tras el derrame, los niveles de contaminación por metales pesados entre los habitantes de la zona fueron confirmados por las pruebas realizadas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) y por la Dirección Regional de Salud de Loreto.
Los análisis de sangre y orina realizados a personas de las comunidades de Cuninico y San Pedro mostraron que la mitad presentaba valores de mercurio y cadmio por encima de los estándares marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En noviembre de 2017, una investigación parlamentaria determinó como responsables, entre otros, a Petroperú y a las empresas subcontratadas para garantizar la seguridad del oleoducto y la limpieza de las áreas contaminadas. Ante la situación de desamparo de los indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en diciembre de 2017 medidas cautelares para los afectados y pidió al Estado peruano que les suministrase atención médica apropiada, agua potable sin contaminar y una alimentación adecuada.
Más adelante, la Corte Superior de la región de Loreto confirmó en enero de 2018 una sentencia que ordena al Ministerio de Salud diseñar y desarrollar un plan de salud pública en Cuninico y un sistema de vigilancia epidemiológica que incluya el monitoreo de los índices de salubridad del agua, entre otros factores. El Ministerio aún no ha ejecutado el fallo.
En noviembre de 2017, una investigación parlamentaria determinó como responsables, entre otros, a Petroperú y a las empresas subcontratadas para garantizar la seguridad del oleoducto y la limpieza de las áreas contaminadas
Petroperú acometió una labor de limpieza del río Marañón, el suelo y la vegetación. Mientras esto ocurría, la comunidad indígena de San Pedro, a unas seis horas de Cuninico, atravesando el río Marañón, sufrió nuevos derrames de crudo, el más reciente en febrero de 2018.
La situación no era nueva. Un informe preparado por la comisión parlamentaria registró 36 derrames entre 2008 y 2016, que afectaron unas 141 hectáreas de terrenos comunales. El Ministerio del Ambiente de Perú afirmó en 2016 que los vertidos se debían a la corrosión de la infraestructura por falta de mantenimiento. También Petroperú ha denunciado recientemente actos de sabotaje en el oleoducto.
El pasado 15 de mayo, el pleno del Parlamento archivó el caso argumentando que la comisión investigadora no identificó una “responsabilidad directa”, a pesar de que el último capítulo del documento señala a varios cargos como responsables, por acción o por omisión.
Indefensión ante una infraestructura deteriorada
En la actualidad, ante la falta de una respuesta contundente por parte del Estado y de Petroperú, los habitantes de Cuninico siguen dependiendo del agua de lluvia, porque los 14 grifos de agua que el Ministerio de Vivienda peruano colocó el año pasado solo funcionan unos 40 minutos diarios.
La situación que muestra el corto Cuninico, donde la selva se tiñe de negro sigue sin solventarse definitivamente. La maraña legal a que se enfrentan las comunidades indígenas, que dura más de cinco años, incrementa su vulnerabilidad y desprotección. Tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (el 3, el 6 y el 15) están comprometidos en la Amazonía, donde buena parte de sus habitantes luchan por Derechos Humanos básicos: el mantenimiento y atención a su salud y que la vida vuelva a su agua.
