El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte, reunido esta mañana en Valladolid, ha dado el visto bueno a la licitación de uno de los contratos más importantes y esperados para el desarrollo del saneamiento en la ciudad de Ourense: La nueva EDAR.
La redacción del proyecto y la ejecución de las obras de la nueva depuradora supone una inversión por parte del Gobierno de España de 53.587.159,58 €, de los cuales el 70% serán aportados por AcuaNorte procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional ( FEDER), el 15% por la Xunta de Galicia a través del organismo autónomo Augas de Galicia y el resto por el Concello de Ourense financiado por AcuaNorte, que recuperará esta parte de la inversión vía tarifas.
La actuación fue incluida en el Protocolo General de Colaboración suscrito entre el Gobierno de España y la Xunta de Galicia por el que se fija la colaboración en la ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas de Galicia: Saneamiento y Depuración 2007 – 2015.
La obras completan y modernizan el sistema de depuración actual de la ciudad de Ourense mediante la prolongación de los colectores existentes y la construcción de una nueva EDAR con un caudal medio de 60.450 m3/día dotada de los más modernos sistemas de depuración que tendrá la capacidad para tratar las aguas residuales de 180.302 habitantes equivalentes.
La licitación se realiza mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 61 meses, distribuidos en los siguientes plazos:
- Fase I: 6 meses para la redacción del proyecto constructivo.
- Fase II: 43 meses de ejecución de las obras (se incluye en este plazo la demolición de la EDAR existente, la restauración de la zona y las pruebas de funcionamiento del sistema).
- Fase III: 12 meses de puesta en marcha de las instalaciones construidas.
Esta licitación supone un importante paso en el cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ourense de diciembre de 2003, por la que se obliga a la demolición de la EDAR actual en base a irregularidades en su emplazamiento.
