Dos familias de Andújar (Jaén) a las que le fueron expropiadas fincas para acometer obras de acondicionamiento en el río Guadalquivir han instado a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a que negocien "de una vez por todas" para determinar a qué administración corresponde pagar el justiprecio que se acordó en 2009. Reclaman una "solución urgente" a este "conflicto competencial" por el que están pendientes de cobrar en torno a un millón de euros.
Y es que, según ha explicado a Europa Press desde la familia Aznar, una de las afectadas, el Ejecutivo autonómico tenía entonces la responsabilidad en esta materia e inició un proyecto para acondicionar el río en la margen derecha aguas abajo del Puente Romano y en la izquierda aguas abajo del puente de la autovía A-4. Para ello, recurrió a la expropiación forzosa de una serie de fincas, algo que se realizó por "mutuo acuerdo, informando a los afectados de que en un plazo de seis meses cobrarían el justiprecio".
Se pagaron algunas, pero "a día de hoy, cinco años después, quedan dos" pendientes. "A nosotros se nos tasó en 176.074,22 euros y a la familia Benítez, cuya parcela era mucho más grande, casi 800.000 euros", han precisado. En este punto, han señalado que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, las competencias en esta materia revirtieron en 2011 a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
"Ahí está el problema. Surge un conflicto competencial y no se ponen de acuerdo sobre a quién corresponde pagar", han apostillado no sin lamentar que "cada administración dice que es cosa de la otra". Así se refleja, por ejemplo, en las respuestas que ofrecieron ante la queja formulada por el Defensor del Pueblo Andaluz, al que la familia Aznar también recurrió.
En este sentido, han reivindicado a ambas instituciones que tengan "la misma celeridad" que ellos tuvieron para "adaptarse a las circunstancias y asumir las expropiaciones de tierras que estaban en explotación". "Necesitamos una solución urgente, la vía judicial esta en curso, pero conlleva muchos años", han comentado. Por ello, les instan a "sentarse en una mesa de negociación para determinar quién es el responsable" ante un acta de expropiación que "parece un documento en blanco del que nadie quiere hacerse cargo".
