La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha apostado por promover la participación e implicación de usuarios y del conjunto de la sociedad en la gestión pública del agua, un “recurso vital para el desarrollo socioeconómico” de Andalucía. Así, lo ha indicado Serrano durante la clausura del III Congreso de Agricultura y Regadío, celebrado en Sevilla, y cuya apertura ha corrido a cargo de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Para la titular de Medio Ambiente, la disponibilidad de agua se ha convertido en “un indicador fundamental, no sólo de los niveles de mejora económica, sino también de la calidad de vida que disfrutamos”. En este sentido, ha subrayado que las actividades relacionadas con este recurso representan ya en nuestra Comunidad autónoma el 17,5% del denominado ‘empleo verde’.
La disponibilidad de agua se ha convertido en un indicador fundamental de los niveles de mejora económica y de la calidad de vida
La consejera ha recordado que este año, está prevista una inversión de 319 millones de euros en materia de agua, destinados principalmente a la construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras. Tras destacar el esfuerzo en I+D que desarrolla el sector para mejorar la calidad del agua y generar empleo y competitividad, la consejera ha recordado que Andalucía cuenta con empresas que son todo un referente en tecnologías de abastecimiento y depuración, desalación, regadío o construcción de otras infraestructuras hidráulicas.
Según Serrano, la Comunidad “está llamada a ser una referencia a nivel nacional en esta materia, como ya lo fue cuando aprobó la Ley de Aguas, uno de los grandes hitos en la gestión de este recurso natural, que nació de un gran consenso y que contó con la participación de todos los agentes implicados”.
Por último, la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha asegurado que su departamento continúa trabajando en la protección de las masas de agua y de sus ecosistemas asociados, y en la recuperación de los costes de los servicios públicos para incentivar el uso racional y permitir su sostenibilidad económica.
