Rascafría celebra una consulta sobre el modelo de gestión del agua

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Sobre la Entidad

AAVV Madrid
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

En junio de 2012 el Ayuntamiento de Rascafría, gobernado por el PSOE, firmó un convenio con el Canal de Isabel II Gestión por el que el municipio se adhiere al nuevo modelo de gestión y traspasa a la empresa la distribución del agua y el alcantarillado de la localidad por un periodo de 50 años.

Rascafría lleva 50 años gestionando su agua y ha construido con sus propios medios una presa de captación y su red de suministro y alcantarillado. Sus vecinos y vecinas, por tanto, no entienden que para mejorar la red municipal y contribuir al gasto de la depuración el Ayuntamiento firme un convenio con Canal de Isabel II Gestión ya que, además de incrementar abusivamente el precio del agua, cede a la empresa el patrimonio municipal y pierde el control de la gestión. En adelante, ya no será el Pleno municipal el que fije las tarifas, sino que lo hará Canal Gestión S.A, empresa que asegurará sus beneficios e intereses con subidas abusivas de los precios del servicio del agua.

En agosto de 2013, un grupo de vecinas y vecinos constituyeron una plataforma para exigir la revocación del convenio y que el Ayuntamiento volviera a asumir la gestión del agua. En apenas unos días recogieron la firma de 1.200 vecinos del municipio.

La plataforma elaboró y presentó a los vecinos un análisis que prueba la viabilidad económica de la gestión municipal del agua

El 25 de noviembre dieron un paso más y presentaron una Iniciativa Popular avalada por 680 vecinos censados (más del 60% del total) y 305 residentes. A pesar de que la iniciativa fue presentada en tiempo y forma, el pleno del Ayuntamiento, reunido en pleno el 30 de enero de 2014, decidió no admitirla alegando que no iba acompañada de “una propuesta alternativa y fundamentada técnica y económicamente”.

“En un ejercicio de responsabilidad”, y puesto que el Ayuntamiento tampoco había realizado un análisis económico previo que justificara el cambio de modelo de gestión del agua, la plataforma elaboró y presentó a los vecinos un análisis que prueba la viabilidad económica de la gestión municipal del agua y su rentabilidad a medio y largo plazo. Un trabajo, recuerdan, que “correspondía hacer al Ayuntamiento”.

La presión ciudadana logró que el Consistorio accediera a llevar a cabo una consulta ciudadana que se celebrará el próximo 26 de abril de 11h a 19:30h. Todas las vecinas y vecinos inscritos en el último censo electoral podrán votar en una de las dos mesas que se instalarán en el Ayuntamiento de la localidad. Cada una de ellas estará integrada por un empleado municipal, un miembro del equipo de Gobierno, un representante de los partidos de la oposición y un observador/a, que podrá ser un vecino cualquiera.

La pregunta a la que deberán responder los vecinos y vecinas es: “¿Gestión del agua según el modelo actual?”, siendo éste gestionado por Canal gestión S.A. Los participantes deberán elegir entre las opciones Si o No.

Aunque el Consistorio “no ha permitido la presencia de miembros de la plataforma en las reuniones celebradas para tratar las cuestiones relativas a la consulta ni en las mesas de votación”, ésta se congratula de haber concienciado a la población de “la importancia de garantizar el acceso al agua como un derecho humano y como bien de dominio público que debe ser gestionado por la municipalidad”.

Precisamente ese es el objetivo de la primera Iniciativa Ciudadana Europea debatida por la Eurocámara, una iniciativa promovida por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU, por sus siglas en inglés) para instar a que la Comisión Europea apruebe un marco legislativo que garantice el acceso universal al agua potable e impida su privatización. La petición recabó el apoyo de 1,9 millones de personas de la Unión Europea en apenas ocho meses.

En países como Francia y Alemania decenas de ayuntamientos, entre ellos el de París, han decidido remunicipalizar la gestión del agua. En España, la batalla por la gestión pública del servicio se libra, entre otras, en la Comunidad de Madrid, en las islas canarias de Lanzarote y La Graciosa y en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya población logró paralizar en los juzgados la privatización del servicio.

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