La aprobación de las cuentas anuales de Aguas de Alcázar se ha dejado sobre la mesa durante la Junta General celebrada este lunes en la localidad ciudadrealeña, a la espera de que el Tribunal Administrativo Central resuelva el último recurso presentado por el PSOE y que determinará si se permite al Ayuntamiento capitalizar la empresa con la entrada de un socio privado.
El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Puente, ha explicado lo acontecido durante la Junta General de Aguas de Alcázar, recordando que dado que es una empresa pública en causa legal de disolución por las pérdidas que acumula "en base a la millonaria deuda dejada por el PSOE", si se hubieran aprobado las cuentas con pérdidas se tendría que haber iniciado el proceso de disolución de la empresa, algo que, según ha explicado, el equipo de Gobierno no quiere.
Ha criticado, en cambio, que la oposición sí defienda esa línea "únicamente por defender los intereses personales de dos miembros del Grupo Socialista: el exalcalde, imputado por varios presuntos delitos al frente de Aguas, así como por la quiebra de CCM, José Fernando Sánchez Bódalo, y la exconcejala de Hacienda, Ana Belén Tejado, cuyo nombre aparece constantemente en el proceso judicial abierto por esos presuntos delitos que están siendo investigados".
Una vez capitalizada la empresa, se podrán aprobar las cuentas "porque el problema de la deuda habrá quedado solucionado y la empresa podrá seguir funcionando con el mantenimiento de los trabajadores, las tarifas y el servicio, que incluso será mejorado", explicaba Puente, que ha añadido que "si el procedimiento no sale, habrá que disolver la empresa, que es lo que pretende el PSOE".
Desalojo durante la reunión
De otro lado, Ángel Puente se ha referido al "incidente" protagonizado por miembros de la Plataforma del Agua durante la celebración de la Junta General de Aguas, cuando este colectivo "volvió a ser engañado y manipulado por el PSOE, que les arengó para que no abandonaran el Salón de Plenos, obligando a paralizar la sesión durante 45 minutos y a que la Policía Local tuviera que desalojarles".
Puente ha incidido en que las juntas generales, que son juntas de accionistas, tanto de aguas como de cualquier otra empresa pública, son actos donde sólo pueden estar, y así lo refleja la legislación, los accionistas, que son los concejales de la Corporación. "Esto lo sabe perfectamente el PSOE, que no dejaba que nadie estuviera en las juntas cuando gobernaban", ha afirmado.
Los funcionarios, según el edil, explicaron a los ciudadanos que no era un acto público como un Pleno, y los miembros de la Plataforma amenazaron a estos funcionarios con frases como 'os vais a enterar'. Puente ha confiado en que "alguien en el PSOE ponga un poco de cordura", convencido de que ya hay miembros de dicho partido que no comparten las actitudes y los comportamientos de "esta oposición de pandereta, de circo y de ruido".
IU: "La empresa no es suya"
Sobre este incidente se ha pronunciado también el portavoz del Consejo Político Local de Izquierda Unida, Andrés Carmona, que ha criticado al Gobierno municipal de PP y Ciudadanos por Alcázar (CxA) por la "expulsión a la fuerza" de varios ciudadanos de la Junta General de Aguas cuando estas juntas, al estar compuestas por todos los concejales y el alcalde, es decir, el Pleno municipal, funcionan y se ordenan igual que el Pleno.
En un comunicado, Carmona ha advertido de que, aunque "por un tecnicismo jurídico se demostrara que esas juntas no son públicas", tampoco había motivos para expulsar a esos ciudadanos y ha recordado que siendo concejal de IU durante ocho años las reuniones de la Junta General de Aguas siempre fueron públicas, con público asistente, y que nunca se les cerró la puerta ni se les expulsó del Pleno.
La expulsión de los ciudadanos implica una presunción de que iban a producir altercados que impidieran el buen desarrollo de la Junta, es una "expulsión preventiva, algo que no existe en el ordenamiento jurídico", ha dicho el responsable de IU, que ha lamentado que "PP y CxA creen que la empresa de Aguas es suya, y no se dan cuenta de que la empresa no es suya, que es el pueblo, y que no pueden impedir que el pueblo quiera saber qué pasa con lo suyo".
