El Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, a presentar a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley No. 054-14 que crea el Ministerio de Ambiente y modifica la ley No 41 de 1998, General del Ambiente y la ley 44 de 2006, que crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.
El proyecto de ley busca “elevar la ANAM a la categoría de Ministerio para promover que la variable ambiental sea incorporada a las decisiones de Estado sobre el desarrollo nacional para asegurar una mayor calidad de vida para los habitantes de nuestro país”.
Mirei Endara, administradora general de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), dijo que esta ley contribuirá al fortalecimiento de la gobernanza ambiental, la modernización de la evaluación de impacto ambiental, la valorización y sostenibilidad de las áreas protegidas y el ordenamiento de los recursos marino-costeros desde un enfoque ecosistémico.
Mirei Endara, administradora general de la Autoridad Nacional del Ambiente, dijo que esta ley contribuirá al fortalecimiento de la gobernanza ambiental
El Ministerio de Ambiente había sido incluido dentro de las prioridades del Plan de Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela, en respuesta a la solicitud de diversas organizaciones de la sociedad civil del país; y ocupa actualmente un lugar fundamental dentro de las metas del Gobierno Nacional, así como dentro de los compromisos del Pacto de Gobernabilidad Panamá Primero.
El proyecto de ley propone la creación del Ministerio de Ambiente como entidad rectora del ambiente, cediéndole todas las atribuciones de la Autoridad Nacional del Ambiente y aquellas atribuciones de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá relacionados a la protección de los recursos marino-costeros.
Además, la propuesta de ley fortalece las Comisiones Consultivas de Ambiente como verdaderos canales de participación ciudadana en la gestión ambiental; y eleva a rango legal la Evaluación Ambiental Estratégica, un instrumento de gestión que permite asegurar que las políticas, planes y programas del Estado sean acordes con la conservación ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales.
El texto también establece mejores herramientas para la protección y valorización de las áreas protegidas, así como para la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales en el país. Derechos de pueblos originarios que habían sido derogados de la Ley General de Ambiente a espaldas de la opinión pública son restituidos por la ley propuesta; y como novedad, la ley incorpora un título sobre cambio climático, priorizando la adaptación, y un título sobre promoción de actividades sostenibles.
La administradora general Endara resaltó la necesidad de incorporar la dimensión ambiental en los diferentes proyectos que se desarrollen en el país y el compromiso de una mayor fiscalización de los impactos del desarrollo, así como una regulación más cónsona con las necesidades en cuanto al bienestar de la población en el contexto de las políticas ambientales.
