El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha presidio el pleno de la Comisión del Agua en Aragón, donde ha recordado el cambio de rumbo en la política en materia de agua hacia una gestión pública de la depuración y el saneamiento. Al inicio de la legislatura se desistió de los contratos de concesión en proceso de licitación pero que todavía no habían sido adjudicados (para las zonas 10b y 10c, en Maestrazgo y Matarraña) y se optó por sustituirlos por ejecución directa del Gobierno.
Sobre las obras ejecutadas por el Gobierno de Aragón a lo largo de la legislatura cabe destacar la finalización de las obras de la zona 10A, en Teruel, con la puesta en marcha de las depuradoras de Beceite, Cretas, La Fresneda, Valderrobres y Peñarroya de Tastavins así como de las de la zona 3 de Huesca oriental (Benabarre, Castejón de Sos, Castillonroy, Esplús, Fonz, Salas Antas-Salas Bajas, Altorricón, Berbegal, Peralta de Alcofea, San Esteban de Litera, El Grado, Almunia de San Juan, Estadilla y la ampliación de la EDA de Tamarite de Litera con los colectores de Albelda, Alcampell).
La situación favorable de Aragón en cuanto al cumplimiento de la Directiva 91/271 de aguas residuales se pone de manifiesto por el hecho de que “Aragón no contribuye a ninguno de los numerosos incumplimientos por los que el Reino de España ha sido sancionado recientemente por las instituciones europeas”, tal y como ha recordado el consejero Olona.
Aragón trata el 90% de la carga contaminante de la Comunidad Autónoma (1.297.433 habitantes equivalentes). En relación al conjunto de España, la carga contaminante tratada para municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes es del 84%, mientras que en Aragón se sitúa en el 98%. En depuradoras de más de 10.000 habitantes equivalentes, España está en el 67% y en Aragón en el 100%.
Al inicio de la legislatura se desistió de los contratos de concesión en proceso de licitación pero que todavía no habían sido adjudicados (para las zonas 10b y 10c, en Maestrazgo y Matarraña) y se optó por sustituirlos por ejecución directa del Gobierno
Particularmente, gracias a la puesta en marcha en esta legislatura de la EDAR de Utebo, que da servicio conjuntamente a Utebo, Sobradiel, Pinseque, La Joyosa, Torres de Berrellén así como a los barrios zaragozanos de Garrapinillos, Casetas y Villarrapa, se resolvió el único incumplimiento que tenía Aragón por encima de los 15.000 habitantes equivalentes.
En julio de 2018 entró en funcionamiento la depuradora de Castelserás, como humedal artificial de flujo vertical, y se encuentran en un avanzado estado de ejecución las de Maella y Calaceite. Se han iniciado asimismo las de Castellote, Mas de las Matas y Mazaleón, estando previsto licitar a continuación las otras cinco restantes que son Nonaspe, La Iglesuela, Valdealgorfa, Cantavieja y Aguaviva.
Una vez terminadas las obras de Calaceite y Maella, que se espera entren en funcionamiento en verano, habrán concluido todas las EDAR que dan tratamiento a aglomeraciones por encima de 2000 habitantes equivalentes, a excepción del Pirineo.
En el caso del Pirineo, Olona ha señalado que “resulta evidente el cambio de rumbo con la tramitación y culminación con éxito de los procedimientos de resolución de los cuatro contratos de concesión que tenían paralizada la depuración en el Pirineo y que durante esta legislatura se han resuelto, con el correspondiente desbloqueo de la situación”. Esto permite abordar las obras prioritarias por su tamaño y al mismo tiempo incentivar la participación de los Ayuntamientos en su promoción, como se viene haciendo a través de convocatorias de subvenciones.
En diciembre de 2018, el Consejo de Gobierno adoptó el acuerdo de promover el impulso a las obras pendientes de depuración en Pirineos a través de dos vías: la ejecución directa de las obras que darán servicio a las 19 aglomeraciones urbanas más importantes, en el periodo 2019-2024, por un importe de 74 millones de euros- las primeras obras en licitarse serán las de Sallent-Formigal, Hecho-Siresa y Ansó- y mediante convocatorias de subvenciones para las pequeñas EDAR, por debajo de los 1000 habitantes equivalentes, con un importe de 43 millones de euros para el periodo 2019-2026.
Ya se han tramitado dos convocatorias de subvenciones. La de 2017, con un importe de 5 millones de euros, está financiando la construcción de 24 nuevas depuradoras, ejecutadas por otros tantos Ayuntamientos. Con la convocatoria de 2018, cuya resolución se publicó recientemente, se está financiando la construcción de 16 nuevas depuradoras y 8 colectores, dando solución al saneamiento y depuración de aguas residuales en otros tantos municipios. Asimismo, la convocatoria de 2019 está ya en preparación por valor de 6,3 millones de euros, e irá dirigida a financiar al 100% depuradoras del ámbito pirenaico.
En relación al conjunto de España, la carga contaminante tratada para municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes es del 84%, mientras que en Aragón se sitúa en el 98%
Creación de la una Ponencia sobre la restitución de los saltos hidroeléctricos
El pleno ha aprobado la creación de una ponencia específica para el diagnóstico y mejora de los mecanismos de restitución territorial. El Gobierno de Aragón considera que la reversión de los saltos hidroeléctricos supone una oportunidad para los territorios que soportan las afecciones derivadas de los mismos, concediendo la explotación de los saltos de forma ambiental y socialmente sostenible.
Este argumento se apoya en el artículo 130.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que dice que la realización de una obra hidráulica de interés general que afecte de forma singular al equilibrio socioeconómico del término municipal en que se ubique, hará necesaria la elaboración y ejecución de un proyecto de restitución territorial para compensar tal afección.
Aragón pide mayor participación en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación del Estado
El Gobierno de Aragón pide a la Administración central que se tengan en cuenta las medidas de prevención ante el riesgo de inundaciones planteadas desde la Comunidad y que se incluyan en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación del Estado.
El Ejecutivo autonómico, haciéndose eco de lo demandado por los ayuntamientos de los municipios afectados por las avenidas del Ebro, solicitó al Gobierno de España la asignación de 80 millones de euros al objetivo de reducir la peligrosidad y vulnerabilidad del tramo aragonés del río Ebro frente a las inundaciones. La protección permanente de los núcleos urbanos frente a las avenidas debe ser una prioridad absoluta frente a cualquier otro interés y debe lograrse mediante la mejora de la capacidad de evacuación del cauce combinando medidas que incrementen el espacio de movilidad fluvial con la adecuación de elementos que obstaculizan el régimen de las corrientes.
En consecuencia, el Gobierno de Aragón considera necesaria una dotación presupuestaria anual del Ministerio que permita llevar a cabo el conjunto de medidas ordenadas a ese fin, destacando la adquisición de terrenos a través de una oferta pública. Se debe buscar ampliar la propiedad pública en el entorno del río para llevar a cabo las actuaciones que son recomendables tanto desde el punto de vista de disminución de la peligrosidad como de la mejora del estado de las masas de agua y de los hábitats vinculados al río.
