El Gobierno de la Junta de Extremadura reafirma su apuesta por el Proyecto de regadío de Tierra de Barros asumiendo el cien por cien de los sobrecostes económicos sobrevenidos desde su redacción hasta la retasación que se ha realizado a fecha de hoy, y cuyo incremento representa casi 100 millones de euros. Además, ofrece en el nuevo convenio una serie de medidas financieras y de facilidades para el cumplimiento de los requisitos exigidos a la Comunidad de Regantes.
Así lo han expuesto el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, y el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, en su participación en Almendralejo en la Junta General de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros para informar de las nuevas condiciones del nuevo convenio a rubricar por ambas partes.
En esta junta general se ha atendido al Consejo Rector de los regantes y a los agricultores miembros de la Comunidad, contestando a sus preguntas y dudas.
En la actualidad, el regadío de Tierra de Barros se encuentra solamente pendiente de un informe medioambiental de la Comisión Europea. "Las noticias son esperanzadoras, pero nos presentaremos en Bruselas y no volveremos hasta que tengamos el mismo", ha indicado Sánchez Cordero.
El director general ha precisado que el convenio firmado en noviembre de 2022 era de imposible cumplimiento, tanto por la falta de actualización de los precios del proyecto, como por la ausencia de informes a los que obligaba la Declaración de Impacto Ambiental al respecto de Afecciones a la Red Natural 2000 y Biodiversidad, y la imposibilidad del cumplimiento de los plazos en él reflejados, que, a la luz de la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público, eran absolutamente irrealizables.
El antiguo convenio se resolverá de mutuo acuerdo de los firmantes por razones de interés general y el nuevo contemplará que la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros no aportará ni un euro más de los que contemplaba el antiguo, salvo en el caso de que haya modificación o incremento de los precios de ejecución en el transcurso del cumplimiento del mismo, que se limitarán para los regantes a un 10 por ciento sobre la cantidad comprometida en 2022.
Por parte de la Junta de Extremadura, el compromiso es claro, según Sánchez Cordero, y la ejecución de obras podría comenzar en el mes de marzo por parte del instrumento propio de la Administración, Tragsa, a quien se encargaría la ejecución inmediata de las obras en la Red Principal para agilizar plazos, sin descartar la licitación pública para la ejecución por parte de empresas privadas de otros lotes en los que está dividido el proyecto.
