Miquel Mir, Conseller de Medi Ambient i Territori del Govern, encabeza el departamento que intenta dar respuesta a los desafíos del agua en la comunidad autónoma.
Licenciado en Geografía, Miquel Mir comenzó su trayectoria en la investigación centrada en geomorfología, gestión litoral y conservación de espacios naturales. Desde 2015 ha sido profesor asociado de la Universitat de les Illes Balears, y a partir de 2016, ha ejercido como director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno balear. Asumió su cargo al frente de la Conselleria de Medi Ambient i Territori en 2019.
Pregunta: Uno de los objetivos de esta legislatura es el Pacto por el Agua. ¿Cuáles son los principios que rigen este acuerdo y sus objetivos?
Respuesta: La propuesta de llegar a un Pacto por el Agua que integre a todas las administraciones implicadas en el ciclo del agua en las Islas Baleares llega a raíz de un panorama competencialmente complicado. Tanto el saneamiento como el abastecimiento son competencias municipales, también la recogida de residuos sólidos urbanos de los torrentes o su acondicionamiento en su paso por zonas urbanas. Aun así, hay ocasiones en que la Conselleria de Medi Ambient i Territori ejerce dichas competencias a través de convenios con los Ayuntamientos. Sin embargo, hay actuaciones que el Govern no puede asumir en cuanto a la red en baja, y muchas veces las administraciones locales no tienen la capacidad presupuestaria para llevar a cabo obras como pueden ser, por ejemplo, la separación de redes de saneamiento unitarias o depósitos de agua que permitan una mejor gestión de la red municipal de agua potable. Se trata también de trabajos que no “lucen” y en cambio molestan, en una primera fase, al ciudadano, aunque el beneficio a la larga sea mucho mayor. Aquí los Consells insulars, administraciones equivalentes a las Diputaciones, pueden servir de apoyo a los municipios a través del Plan de Obras y Servicios.
El objetivo es, al fin y al cabo, mejorar la coordinación, focalizar las inversiones de las diferentes administraciones implicadas y priorizar las actuaciones necesarias que cada institución debe asumir para mejorar el ciclo del agua, especialmente en saneamiento y depuración. La palabra corresponsabilidad es clave para afrontar este reto. Por otra parte, queremos hacer más partícipes a los consells Insulars en estas decisiones, en vista a que algunos han reclamado tener más peso de gobernanza en materia de recursos hídricos.
P.- La Conselleria de Medi Ambient i Territori cuenta en 2020 con un presupuesto de 153,8 millones de euros. ¿Qué parte se destinará a inversiones en ciclo del agua?
R.- Efectivamente, el presupuesto de la Conselleria es de 153,8 millones de euros, pero el presupuesto consolidado –la suma del presupuesto de la Conselleria y de sus empresas públicas descontando la transferencia de capital de una a las otras– es de algo más de 212 millones de euros.
Por tanto, el presupuesto total que se dedicará a las políticas de agua este 2020 es de casi 154 millones de euros. Solo la Dirección General de Recursos Hídricos cuenta con 94 millones que suponen más del 60% del presupuesto de toda la Conselleria, por lo que consideramos que nuestra implicación en el ciclo del agua es incontestable, aunque queda mucho por hacer y mejorar. A parte del presupuesto propio, dicha Dirección General cuenta con parte de la recaudación del canon de saneamiento que recaudan los Ayuntamientos y la Conselleria de Hacienda transfiere una vez descontados los gastos de gestión.
"La propuesta de llegar a un Pacto por el Agua en las Islas Baleares llega a raíz de un panorama competencialmente complicado"
El resto, hasta llegar a los 212 millones de euros anteriormente citados, provienen del presupuesto de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), que es el brazo ejecutor de la Dirección General.
Lamentablemente, y aunque hace años que Baleares espera una inversión importante en el ciclo del agua por parte del Estado, algunos acuerdos aún no se han materializado. Me refiero a compromisos como el adquirido en enero de 2019 con el Gobierno español, para cofinanciar diversas actuaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas en las Illes Balears por un valor total de 360 millones de euros. Inversiones en materia de inundabilidad o torrentes, o la ejecución de obras tan imprescindibles como las nuevas depuradoras de Palma o Can Picafort, en Mallorca, que siguen en un limbo. No nos cansaremos de reclamarlas por todas las vías que tengamos a nuestro alcance.
P.- En relación al abastecimiento, parte de la partida presupuestaria se destina a desalinización. En este sentido, ¿cuáles son las actuaciones prioritarias?
R.- Este 2020 iniciamos una obra muy importante de abastecimiento en Mallorca, y es ampliar la red en alta, hasta ahora limitada. Durante la legislatura pasada se hicieron diversas obras para su mayor alcance: desde la instalación de dispensadores de agua desalada para camiones hasta la mejora en la reversibilidad de la red, que solo estaba pensada para abastecer a Palma. También pusimos en marcha instalaciones que, o nunca habían funcionado, o bien que solo estaban en marcha los meses de verano. Esta legislatura pensamos que podremos extender la red para llegar a los municipios del Pla y el Levante de Mallorca. La idea es continuar con el desarrollo de una red en alta de la isla que conecte todas las fuentes de suministro y que permita llegar a todos los municipios. Pero centrándonos en este año, las obras de la red en alta de María de la Salut hasta Petra serán prioritarias, como también la redacción de los proyectos de Petra a Manacor y de la remodelación de la desalinizadora de Palma, donde es necesaria una actualización importante para hacerla más eficiente tanto a nivel de producción como energéticamente.
P.- Recientemente, el Govern ha anunciado que recurrirá la sentencia que le obliga a indemnizar al Estado por el rescate de las desaladoras de Santa Eulàlia y Ciutadella. ¿Por qué no se llegó a alcanzar una solución política sobre este asunto? ¿Cuál es la cuantía de la indemnización y la situación actual?
R.- La Comunidad Autónoma sí creyó haber llegado a un acuerdo con el Estado hasta que nos encontramos con un contencioso administrativo encima de la mesa. Me explico, porque la historia de las desalinizadoras viene de bastante atrás: las dos instalaciones se declaran de interés general en el Plan Hidrológico Nacional en 2001, pero no es hasta 2005, cuando, tras la firma de un convenio entre el Estado y la Comunidad Autónoma, el Ministerio adjudica el contrato para la elaboración del proyecto, obra y explotación de las desalinizadoras: la de Santa Eulària des Riu (Eivissa) con un presupuesto de 14.191.436 euros (más IVA) y la de Ciutadella por 12.475.089 euros (más IVA). En los dos casos se presentaron modificaciones, con un sobrecoste importante. Las obras acabaron en 2011, y el Estado considera que, desde entonces, se podían haber puesto en marcha. La Comunidad Autónoma entendía que no era así, ya que las instalaciones no estaban conectadas a la red de abastecimiento con el agravante que, en Eivissa, el mismo Ministerio estaba construyendo el anillo de interconexión que no llegaba hasta la desalinizadora de Santa Eulària. En diciembre de 2013, las concesionarias piden la resolución del contrato al Ministerio y reclaman una compensación hasta que, en diciembre de 2015, el Consejo de Ministros autoriza las resoluciones de los contratos, resolviendo que se abonen 26.113.865 euros por la desalinizadora de Santa Eulària i 19.185.465 euros por la Ciutadella. Aunque la Comunidad Autónoma considera que era el Estado el responsable de conectar las instalaciones a la red, el Govern de las Illes Balears se ofrece, la legislatura pasada, a asumir estas obras a cambio de que el ejecutivo español se hiciera cargo del sobrecoste de las instalaciones en un momento en que, especialmente la isla de Eivissa, sufría una importante sequía que el ejecutivo autonómico anterior había ocultado durante dos años.
"Este año 2020 iniciamos una obra muy importante de abastecimiento en Mallorca, y es ampliar la red en alta, hasta ahora limitada"
De ahí que diga que el Govern entendía que ese era el acuerdo, y de hecho acometió su parte del trato: la desalinizadora de Santa Eulària entró en funcionamiento en 2017, y la de Ciutadella en 2019, tras conectarlas a la red y construir o ampliar depósitos de agua producto, todo a cargo de los ciudadanos de esta comunidad a quienes ahora el Estado reclama 26.113.865,43 euros por la instalación de Santa Eulària y 19.185.465,44 euros por la de Ciutadella, mientras arrastramos un déficit de inversiones por parte de Madrid escandaloso.
P.- Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Baleares es al envejecimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas. ¿Qué medidas se están tomando para hacer frente a esta situación?
R.- Lo primero que hemos hecho es pedir un informe sobre el funcionamiento de todas las depuradoras que gestiona ABAQUA y su nivel de cumplimiento para, con transparencia, explicar dónde estamos, a dónde vamos y dónde queremos llegar. Por ello, he comparecido, de manera voluntaria, ante el Parlament de las Illes Balears para exponer la radiografía de la situación y qué medidas vamos a tomar. Tenemos detectados los problemas y hemos calendarizado las soluciones. Además, preparamos un plan de saneamiento, pero no lo podemos hacer todo solos. De ahí el Pacto por el Agua: de poco nos sirve tener depuradoras nuevas si las redes municipales son unitarias y en épocas de grandes lluvias las instalaciones reciben altos caudales que no solo no pueden tratar, sino que además afectan al tratamiento biológico. Otro problema que hemos detectado es la calidad del efluente que llega a las depuradoras que, en algunos casos, contienen sustancias que no deberían estar ahí. En eso, los Ayuntamientos tienen que estar vigilantes, ya que puede haber conexiones no permitidas a su red que luego llegan a nuestras depuradoras. Pero es que además no todas las depuradoras las gestiona ABAQUA, por lo cual animamos a todos los alcaldes y alcaldesas de las islas a que nos pidan financiación a través del canon de saneamiento para mantenerlas en condiciones o inversión para ampliarlas o ejecutar nuevas estaciones.
Gracias también a la recopilación de datos, hemos detectado que dos obras declaradas de interés general por el Gobierno del Estado son imprescindibles: la nueva depuradora de Eivissa y la de Santa Margalida (Mallorca). En el primer caso, trabajamos con el Ministerio para terminar las expropiaciones por donde deberán pasar las canalizaciones y los bombeos que llegarán a la nueva instalación, ya prácticamente terminada por la Dirección General del Agua. En cuanto a la de Santa Margalida, ACUAES ha recibido la encomienda de ejecutarla, pero llevamos más de tres años esperando a que se ejecuten unas obras de interés general que beneficiarán a la Bahía de Alcudia y al parque natural de s’Albufera de Mallorca. En tercer lugar, y aunque se trata de una depuradora que no gestiona ABAQUA, es urgentísimo que se avance en el proyecto y la ejecución de la depuradora de Palma. Hemos estado trabajando con el Ayuntamiento en un protocolo de inversiones a través de canon de setenta millones de euros, y estamos satisfechos porque algunas de las obras financiadas ya se han iniciado, como un tanque de tormentas y un colector. Estas mejoras minimizarán los vertidos, pero no se acabará con ellos hasta que haga una nueva depuradora declarada, también, de interés general por el Estado que hace años que esperamos y reclamamos.
"En Menorca tenemos en cartera una estación de bombeo en Migjorn Gran y la sustitución de la red de saneamiento en alta de Ciutadella"
P.- En relación a lo anterior, una de las apuestas del Govern va dirigida hacia el saneamiento. ¿Cuáles son los proyectos más importantes?
R.- Para este año prevemos licitar la ampliación y mejora de las depuradoras de Andratx, Inca y sa Pobla. Se trata de tres núcleos de población relativamente grandes de Mallorca que cuentan con instalaciones de depuración infradimensionadas para la población actual. La de sa Pobla, concretamente, es doblemente importante a nivel ambiental, ya que beneficiará al parque natural de s’Albufera de Mallorca, el primero que se declaró en las Islas Baleares hace poco más de treinta años. También trabajamos para ampliar la depuradora de Formentera y en la mejora del saneamiento en alta de la isla. Tenemos prevista, además, la adecuación de diversos emisarios para que el impacto sobre la posidonia oceanica sea el mínimo posible. En Menorca tenemos en cartera una nueva estación de bombeo en Migjorn Gran y la sustitución de la red de saneamiento en alta de Ciutadella para iniciar los trabajos este año.
Todo ello a parte de la inversión o mantenimiento de los sistemas de depuración que gestionan los municipios que se pueden financiar a través de canon, si así lo solicitan.
"La desalación no es la solución perfecta, pero debe servir para mejorar la situación en que se encuentran muchos de nuestros acuíferos"
P.- Otro de los asuntos prioritarios es la elevada extracción de recursos hídricos subterráneos. ¿Cómo se está abordando la búsqueda de soluciones?
R.- Al iniciar la revisión anticipada del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, y como medidas cautelares que se han mantenido en el Plan una vez aprobado, ya prohibimos cualquier extracción de agua de masas subterráneas con sobreexplotación.
El principal uso del agua es el urbano, y el principal recurso el subterráneo. Hasta la legislatura pasada, las desalinizadoras se utilizaban para garantizar los picos de demanda, es decir, solo durante el verano, de forma que se fomentaba la sobreexplotación del recurso natural. Para mejorar el estado de las aguas subterráneas, se anima a consumir agua desalada en invierno, de manera que se recuperen los niveles en los acuíferos y que se utilice el recurso natural para cubrir esos picos de demanda. En este sentido, tenemos una política de precios en la que sale más barato comprar agua desalada en temporada baja que en temporada alta. La desalación no es la solución perfecta, dado su impacto ambiental, pero nos debe servir para mejorar la situación en la que se encuentran muchos de nuestros acuíferos, de forma que haya garantía de recurso natural a medio y largo plazo. La salinización de las aguas subterráneas hace inviable una reutilización del agua sin una desalinización previa, es decir, que es un obstáculo para cerrar el ciclo del agua.
Esto solo lo conseguiremos con la implicación de todas las administraciones intervinientes en la gestión del agua, que son las que tienen que estar representadas en ese Pacto por el Agua que estamos definiendo. No podemos, por ejemplo, asumir el coste de la desalación si tenemos unas redes de distribución municipales con unas pérdidas cercanas al 30%. El hecho de tener estos datos y hacerlos públicos con total transparencia, también hace que los ciudadanos sean más conscientes del problema.
Cabe recordar que, cuando llegamos al Govern en 2015, veníamos de cuatro años en los que no se habían hecho prácticamente inversiones y se había privado a los ciudadanos de cualquier tipo de información sobre el estado de los recursos, escondiendo, por ejemplo, los dos años de sequía técnica en la que estaba sumida Eivissa cuando llegamos.
Ahora que ya estamos inmersos en el tercer período de planificación, barajaremos si debemos tomar más medidas en esta materia y en qué sentido.
