La Comisión ha decidido llevar a Grecia ante el Tribunal por no garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales. Los Estados miembros necesitan unos sistemas adecuados de recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas, pues el agua sin tratar supone un riesgo para la salud humana, las aguas interiores y el medio ambiente marino.
España ya recibió en 2010 una primera advertencia respecto a este caso concreto, que afecta a zonas de entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes. Aunque desde entonces se han resuelto algunas de las situaciones originales, la envergadura de los problemas persistentes ha llevado a la Comisión a remitir el asunto al TJUE.
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