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Medias verdades del saneamiento rural en LATAM

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  • Medias verdades saneamiento rural LATAM
  • Escrito por Jordi Pastor Justo, Director de Mercados del Grupo INCLAM.

Sobre la Entidad

Grupo INCLAM
Grupo internacional, dentro del Mercado Alternativo Bursátil, que se dedica al sector de la ingeniería del agua y el cambio climático. Gracias a su expansión dispone de delegaciones en Latinoamérica y Caribe, España, África Subsahariana y Asia.

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El desarrollo de América Latina tiene una fuerte dependencia con el agua. Esa afirmación es extrapolable a muchas partes del mundo, pero es cierto que buena parte de las economías más grandes o prometedoras de América Latina se encuentran fuertemente ligadas al agua, como son la mexicana, brasileña, chilena, argentina o peruana. Bien sea porque se ubican en un desierto o en zonas de extrema aridez, ya sea por el peso de la agricultura en su PIB, o por el uso de los ríos como vías fluviales, lo que sí coincide en todos los casos, es la necesidad de dar garantía de agua potable y cobertura del servicio de saneamiento.

Se dan otras particularidades: la combinación de riquezas naturales, en general unos niveles de densidad poblacional bajos, un idioma casi común, la falta de conflictos religiosos o étnicos, a los que ya podemos sumar, en su mayoría, unas democracias cada vez más consolidadas y madurez política, con menor riesgo. Por tanto, aquí aplica la máxima del “Yes, we can”: se puede conseguir el crecimiento económico sostenible, la estabilización de una gran clase media y el estatus de “sociedad del bienestar”.

El buen manejo de los recursos hídricos puede ser el factor limitante del desarrollo. No hay que escatimar recursos para la preservación de los recursos hídricos y su uso eficiente. Así se recoge en informes desde la banca multilateral, Naciones Unidas u ONG diversas que actúan en la región, con la salvedad de que la desigualdad social se reduce a un ritmo que no es proporcional al ritmo de crecimiento o la generación de riqueza global. En la base de la multiplicidad de problemas están educación, sanidad y los servicios de agua potable y saneamiento. De hecho, los presupuestos y programas siguen aumentando cada año.

Buena parte de las economías más grandes o prometedoras de América Latina se encuentran fuertemente ligadas al agua

Esto que contamos lo saben los gobernantes de la zona, lo saben los grandes think tanks que apoyan a la confección de los programas políticos, lo sabe la academia, lo sabemos las empresas que hemos desembarcado en tropel en este sector tan complejo y, lo más importante, lo saben los ciudadanos, aunque muchos no lo puedan articular con una visión global o macroeconómica, pero sí se ven afectados en su día. Pero un diagnóstico no genera cambio per sé, y los grandes números no erradican los problemas a un ritmo satisfactorio.

Volvamos al punto de vectores que amenazan el desarrollo y que son la oportunidad del cambio. ¿El orden de importancia no es el contrario? Es decir, ¿no es a través de la seguridad hídrica que conseguiremos que sean efectivos los programas sanitarios básicos y, estos a su vez, garantizarán unos niños con mejor calidad de vida que asistan y aprovechen mejor los esfuerzos hechos en educación? Si el objetivo de hoy es que pueda llegar a comer algo nutritivo y no perderlo por efecto de una diarrea aguda o parasitismo crónico, todo lo demás pasa a un segundo plano. El mundo rural latinoamericano está anclado en entornos que muchas veces comparten condiciones de insalubridad, problemas de violencia de género o falta de conciencia ambiental, independientemente del país o la etnia que lo esté padeciendo. Y el mundo rural migra buscando oportunidades en grandes urbes que les replican las mismas condiciones de insalubridad o dureza social, pero añadiendo desarraigo y vulnerabilidad.

Los programas de agua y saneamiento rural, dependientes generalmente del ministerio de vivienda de turno, con ese nombre o con otro, son claves para conseguir realmente reducir la pobreza y la desigualdad, pero existe un cuestionamiento sobre su efectividad. Ese cuestionamiento puede salir de la propia administración competente y, a veces, de los propios responsables, el estamento de funcionarios intermedios sobre los que ya no tienen efectos los cantos de sirena de los políticos y les faltan recursos. Se puede comprobar como en una misma comunidad llega un programa social de inclusión, otro de género, otro de agua y saneamiento, uno que combate los cultivos ilícitos, otro de desparasitación y otro más de refuerzo nutricional en niños. Son de dos, tres hasta cuatro ministerios distintos. En su nacimiento nadie los coordinó, no compartieron recursos económicos del mismo presupuesto nacional; más bien ahí los ministros lucharían por quien barría más su casa profesional. Funcionaron como cajas estancas: ningún responsable de programa se comunicó con otro, menos los técnicos, que agobiados por conseguir los indicadores (no los objetivos) y un ratio aceptable (casi imposible) de cumplimiento presupuestario (gasto comprometido), no quieren asumir ni siquiera conocer los problemas del vecino. Otros aparecerán todavía con peor intención, pero también pagados por algún organismo público, fiscalizando sectorialmente. Y en aras de hacer valer el cumplimiento de normas y procesos, muchas veces imposibles de aplicar e entornos tan extremos y alejados, se convertirán en dificultad añadida a los implementadores de programas, a veces incluso parálisis. Y el ciudadano, comunera o hermano, esperando. Todos con buena intención, por supuesto.

Busquemos fórmulas solidarias e imaginativas para sostener el sobrecosto que representa dar servicio de calidad de agua potable en lugares recónditos

Esto se repite dentro del ciclo de responsabilidades de un proyecto. La municipalidad suele ser la responsable del agua y saneamiento, también de los centros poblados, y superada por las obligaciones y costos de inversión, busca en los programas especializados, generalmente de ámbito nacional, poder encontrar financiación. Cuando lo consigue, trámite largo, tan largo en algunos casos que la población a servir o calidad de la fuente varían por la espera, les regalan una obra (elefante blanco en algunos casos) que deben operar y mantener sin ayuda económica de la institución que les hizo la inversión. Ahí el tema deriva en todo tipo de soluciones, formales algunas como figuras asociativas, juntas, etc., que deben recaudar solamente lo justo para proveerse de insumos, hacer las reparaciones y manejo básicos. En otros casos, se va al deterioro y obsolescencia temprana. La organización comunal es en una fórmula que por sí sola no garantiza la correcta gestión de las infraestructuras, la provisión de insumos y el servicio de agua con estándares de seguridad.

A lo comentado hay que añadir la desventaja de jugar con dogmas muy complejos de desarticular en Latinoamérica, muchas veces fruto de un cúmulo de malas experiencias pasadas. Los eslóganes de “el agua es de los pueblos” y la “guerra del agua” o “no a la privatización del agua” se suceden en muchos países y tienen sentimiento patrimonial sobre un recurso que es de todos, pero que para acceder a él en tiempo y forma se necesita un servicio que sí tiene costo. Esa evidencia de que un buen servicio tiene costo, que ya existen para una señal satelital o para un celular en cualquier recóndito lugar del mundo, parece que en el agua todavía es anatema en muchos lugares. ¿Por qué los servicios de agua no pueden tener una gestión privada? La respuesta es porque no es justo que se pague un determinado costo (ya no precio) del agua en comunidades tan pobres o, más bien, porque el alcalde no quiere que los vecinos se le paren delante de su puerta cuando se vea obligado a cortar el suministro a los que están en impago (mora).

La organización comunal por sí sola no garantiza la correcta gestión de las infraestructuras, la provisión de insumos y el servicio de agua con estándares de seguridad

Hay efectos inducidos de estos callejones sin salida que se viven en la región: los programas de inversión se reprograman a otros lugares o sectores y, algo más grave, se consienten soluciones B. Cuando a alguien en agua y saneamiento le hablan de soluciones B, es decir, soluciones sin filtros, sin desinfección, sin operarios mínimamente preparados, que no garantizan la potabilidad del agua, tiene que escandalizarse. Ya no digamos si estos conceptos se dan en lugares de aguas altamente contaminadas, porque en ese momento estamos segregando a la población entre ciudadanos de primera y comuneros de segunda. A veces se justifica con que no se puede llevar soluciones como las de las zonas urbanas a lugares tan complejos del mundo rural de los manglares, el Caribe, la selva o los Andes. Eso no es cierto; la única agua que no se puede potabilizar con garantías es la que no existe. La energía eléctrica llega tarde al mundo rural, tal vez con menos potencia (equivalente a nuestra caudal punta), pero llega en voltaje de 110-220 V y frecuencia de 50-60 Hz lo que corresponda en cada país. No es una energía distinta ni hay una energía B para estas poblaciones, que además en ese caso tienen otros recursos como el grupo electrógeno o los paneles solares. El agua no la podemos sustituir por gaseosa, máxime cuando en una comunidad de la selva esa gaseosa cuesta el sueldo de un día. El agua tiene la misma función de garantizar el desarrollo en todas las partes del país. Por tanto, no se mide por la tecnología, sino por la garantía de los parámetros de potabilidad que se fijan a nivel de salud.

La sostenibilidad económica del costo de llevar energía de red garantiza la red interconectada y un sistema de tarifas cruzadas donde las zonas urbanas subvencionan los sobrecostos de llevar luz a lugares alejados. Busquemos fórmulas solidarias e imaginativas para sostener el sobrecosto que representa muchas veces dar servicio de calidad de agua potable en lugares recónditos pero que no se baje la exigencia, porque en unos días sin desinfección pierdes el efecto de meses de agua segura.

Debemos ser portavoces de un mensaje de coordinación y de fomento de programas paraguas que obtengan fondos de varios sectores o ministerios para conseguir objetivos comunes como país, aprovechando sinergias entre salud y agua o inclusión social y vivienda. De la misma forma, fomentemos que la gestión empresarial, sea pública o privada, puede hacer mucho por la mejora y sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, también en el sector rural, añadiendo tecnología y formulando una operación financiable a través de soluciones, como decía antes, imaginativas y solidarias, no dejando al abandono las inversiones realizadas.

En INCLAM hemos desarrollado experiencias de agua segura que pueden trasladarse y adaptarse a lugares de extrema dificultad logística y poblaciones dispersas con gran acogida de los pobladores a los que hemos acompañado por más de tres años en la operación y mantenimiento de equipos, sirviendo e impactando en el desarrollo de más de 20.000 personas que abastecemos en la selva y desarrollando un tejido técnico local y una voluntad de copago que es insólita en su entorno.

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