La Defensoría del Pueblo tiene el mandato constitucional de supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos.
Como resultado de sus investigaciones y de los casos que atiende, la Defensoría ha señalado que se deben realizar mayores esfuerzos para garantizar el acceso y la calidad de los servicios de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y transporte público, con especial énfasis en las zonas rurales.
De acuerdo con cifras oficiales, cerca de un 25% de la población peruana no accede al servicio de agua potable por medio de la red pública, situación que, en la práctica, afecta al 60% de la población que habita en las zonas rurales.
