El 75% de las obras hidráulicas de Córdoba están sin ejecutar, según el PP

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El secretario general y parlamentario andaluz del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha criticado este viernes que "el 75% de las obras hidráulicas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia no han sido ejecutadas por el Gobierno de Susana Díaz".

Según ha explicado Molina en un comunicado, la Junta de Andalucía, "en su afán recaudatorio, impuso el conocido impuestazo del agua, por el que aprobaron de forma unilateral la subida del precio del agua para que todos lo vecinos de los municipios andaluces pagaran de su bolsillo la incompetencia socialista en la gestión del agua; pues bien, después de casi cuatro años los andaluces pagamos el canon, la Junta recauda, pero las depuradoras siguen sin construirse".

Así, según ha señalado Molina, "el Gobierno andaluz lleva más de 140 millones de euros recaudados en nuestra comunidad autónoma desde el año 2010 con el canon en el recibo del agua, que debería de estar destinado a la mejora del saneamiento y obras hidráulicas, pero los datos distan mucho de las pretensiones del Gobierno andaluz".

De hecho, según una respuesta parlamentaria de la Consejería de Medio Ambiente al diputado andaluz Adolfo Molina, "todavía quedan 36 actuaciones pendientes de las 48 obras hidráulicas previstas en el acuerdo de 26 de octubre de 2010, destinadas a dar cumplimiento al objetivo de la calidad de aguas en Andalucía en varios municipios de nuestra provincia". Molina ha recordado que "la Junta aprobó en 2010 esta Ley para llegar al objetivo de 'Vertido Cero' para 2015, que de no cumplirse prevé importantes sanciones".

Todavía quedan 36 actuaciones pendientes de las 48 obras hidráulicas previstas

Según ha destacado el dirigente del PP, dado que "se trata de un canon finalista, para financiar infraestructuras de depuración de aguas declaradas de interés, que se recauda desde 2010, teniendo como objetivo el año 2015 y quedando aún pendiente de ejecutar el 75% en la provincia, lo único que ha supuesto este canon es una subida del precio del agua a los ciudadanos con fines recaudatorios", es decir, "el PSOE en la Junta impuso la subida del agua para todos los andaluces, pero están cogiendo el dinero y siguen sin ser una realidad" las depuradoras.

A día de hoy, la aplicación de esta Ley ,con el correspondiente cobro del mencionado "canon de mejora, no está siendo destinado a lo que tiene que ser destinado: las obras de depuración de aguas residuales". Por ello, el Grupo Parlamentario Popular andaluz ha solicitado la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, para que informe sobre la situación de la depuración de aguas residuales en Andalucía y Córdoba, y sobre la aplicación de este canon.

Según una respuesta parlamentaria de la propia consejera de Medio Ambiente, con fecha del 27 de enero de 2014, existen 36 proyectos hidráulicos pendientes en la provincia, como son la ampliación de la EDAR de Pozoblanco y las EDAR y colectores de Algallarín, en Adamuz; en Navas del Serpillar y Jauja, en Lucena; Alcaracejos y Villanueva del Duque; Almedinilla y Fuente-Tójar; Valenzuela y Albendín; Encinas Reales, Benamejí, Palenciana, Cardeña y Conquista; El Guijo, Santa Eufemia y Torrecampo; Fuente La Lancha y La Granjuela; los núcleos de Fuente Obejuna; Fuente Palmera y sus núcleos; La Victoria, Guadalcázar, San Sebastián de los Ballesteros, los núcleos de Hornachuelos, La Carlota y sus núcleos, La Rambla y Montalbán, Los Blázquez y Valsequillo, Monturque, Moriles, Espejo y Castro del Río, Huertas Bajas, en Cabra; Llano del Espinar, en Castro del Río; los núcleos de Priego de Córdoba, los núcleos de Puente Genil, Rute y sus núcleos y Santaella y sus núcleos.

Esta no es una reclamación única del PP, pues, según ha precisado Molina, desde la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA-A) también se ha requerido la puesta en marcha del Plan Andaluz de Depuración, que recoge todas las actuaciones y obras hidráulicas aprobadas por el Consejo de Gobierno Andaluz por el acuerdo del 26 de octubre de 2010, después de cuatro años de espera. "En definitiva, estamos ante otro incumplimiento del Gobierno andaluz, que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y a la protección del medio ambiente", según ha concluido Molina.

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