El agua de mayo de este 2012 será desalada

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 Un artículo de Juan José Amate (ver perfil), Ambientólogo (ver otros colaboradores de iAgua).

 

Cuando vislumbramos el fin de un invierno especialmente seco y donde las anecdóticas a la par que ínfimas lluvias han sido noticia por su destacada ausencia, y ante la cada vez más clara perspectiva de que se avecinan una primavera y verano donde la escasez de agua seguirá siendo noticia, nuevamente volverán propuestas polémicas e incluso disparatadas, pero sobre todo la discusión sobre el manejo y distribución de los recursos hídricos que parece nunca terminar.

En Almería, como en otras zonas del Levante español, hace años que ese debate se esterilizó como si de una cuestión patriótica se tratara, hay que disponer de cuanta agua se requiera a cualquier precio, y bajo ese prisma no caben críticas a ciertas políticas llevadas a cabo en los últimos años enfocadas únicamente en el aumento de la oferta.

Así se ha consagrado a la desalación la capacidad de ofrecer cuanta agua fuera necesaria en la provincia de Almería, ya fuese para satisfacer las necesidades de la agricultura intensiva (con una huella hídrica estimada en 5 millones de litros por hectárea cultivada) o la previsiones de crecimiento urbanístico de los ambiciosos planes generales que pretendían llevar adelante los municipios. Primó la máxima de más es mejor.

Sin haber pasado muchos años desde entonces y sólo con el efecto del pinchazo de la burbuja económica, el panorama es totalmente diferente. El domingo 4 de Marzo un diario local se hacia eco de cómo el efecto de la crisis hacía que la desaladora de la ciudad de Almería funcionara muy por debajo de su capacidad de producción, algo que sin embargo no es coyuntural ni anecdótico, sino que viene siendo denunciado desde su puesto en funcionamiento (antes de la fatídica crisis) y que incluso ha llegado a las instituciones de la Unión Europea. Sin una adecuada red de distribución a toda el área metropolitana, para la que se concibió, será difícil rentabilizar esta instalación y reducir la extracción de acuíferos que se pretendía. Quizás así se expliquen las ansías de privatización de servicios en el Area Metropolitana de Almería, en la búsqueda de que se financie la red de distribución que haga rentable esta planta desaladora, casualidad o no, ambas han acabado bajo la gestión de la misma firma.

Similar es el panorama de la Desaladora de Carboneras, concebida esta para dotar de recursos a la expansión de la agricultura intensiva en el Levante de la provincia, el alto precio del agua desalada, nuevamente la carencia de redes de distribución y la aparición de proyectos como la Desaladora de Rambla Morales en la misma zona nuevamente llevan a que su rendimiento esté por debajo del esperado, por lo que otra vez se trata de una inversión que dista de ser rentable.

Por el camino se han quedado los dos proyectos de desalación previstos en la zona del Poniente de la provincia, en ambos casos justificados en una demanda que no era satisfecha y una previsiones de crecimiento que se han esfumado, pero catastrofismos aparte, el tiempo ha mostrado que no sólo no eran necesarias, sino que han restado recursos que bien podrían haberse enfocado a la mejora de la gestión de los acuíferos del Poniente de Almería, donde la sucesión de conflictos sin resolver (el de la Balsa del Sapo sería un buen ejemplo, pero sumemos el Rio Adra, la Rambla del Cañuelo o las Albuferas de Adra) evidencia la ausencia de una gestión concreta sino ajustada a los diferentes intereses que, al final, acaba haciendo “aguas” nunca mejor dicho.

Mi resumen del panorama sería que existen las infraestructuras suficientes para disponer de los recursos necesarios hoy por hoy en la provincia de Almería (a tenor de sus requerimientos tanto por población como por actividad económica) sin embargo se ha carecido y se carece de la institucionalidad necesaria para disponer de una política clara que establezca las prioridades de gestión e inversiones, que hubiera servido de base para prever las carencias en las redes de distribución y combinar las grandes infraestructuras con las pequeñas necesidades. Una institucionalidad que se difumina entre Ayuntamientos, Diputaciones, Consorcios, Mancomunidades y entes de gestión autonómicos que en estos años han mutado tanto de estructura y composición como de competencias, amén del color político, condicionando su capacidad de articular medidas concretas y llevarlas a cabo.

Así las cosas no es de extrañar que volvamos a la situación de cuatro años atrás, con otro invierno igual de seco que aquel que hizo que el Área Metropolitana de Barcelona no contara con recursos suficientes para el abastecimiento de agua domiciliaria. En aquella ocasión una de las alternativas que se propusieron fue la del traslado en barco de agua desde la Desaladora de Carboneras (recordemos, entonces y hoy por con un nivel de producción por debajo del óptimo) hasta el Puerto de Barcelona. Imagínense, o visiten las hemerotecas, la reacción que hubo en Almería, donde poco menos que parecía que nos robaban nuestro oro del Potosí. Y es que pese a los elevados costes sólo de transporte del agua, nadie pareció pensar en que ayudaría no solo a la rentabilidad de esta instalación, sino a la eficacia de los costes de explotación y con ello del agua desalada que se usa en la comarca, otro de los lastres para su completo funcionamiento.

Puede ser paradójico, pero la política en materia hídrica de la última década puede hacer que sea la seca Almería la que acabe cediendo recursos hídricos a las zonas más septentrionales, y por ende más húmedas, de la Península Ibérica. Pero más paradójico aún puede ser que en a la vez pueblos como Benizalón, estando apenas a 50 km de una instalación desaladora, sigan sin tener asegurado el suministro de agua potable, del que han carecido durante más de un año.

A saber lo que traerá esta próxima primavera, pero de nuevo se esperan las aguas mil de Abril como si fueran agua de Mayo.

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