El Pacto Andaluz por el Agua, las actuaciones ante la emergencia climática y un ambicioso plan de infraestructuras hídricas en la región son los objetivos a cumplir en el departamento que lidera Carmen Crespo, además de la apuesta por un fuerte compromiso medioambiental y la integración de todos los actores de la sociedad en las grandes decisiones en este sentido.
Pregunta: La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está impulsando actualmente el Pacto Andaluz por el Agua. ¿Cuáles son los principales desafíos de este acuerdo, y cuáles sus ejes prioritarios de actuación?
Respuesta: El Pacto por el Agua va a ser, sin duda, el resultado de un encuentro histórico para tratar de alcanzar el mayor consenso posible sobre esta cuestión vital para Andalucía. Desde la máxima lealtad entre administraciones, grupos parlamentarios, agentes sociales y sociedad en general, el Pacto aborda asuntos tan importantes como establecer cuáles son los objetivos medioambientales prioritarios y mejorar la gobernanza del agua, fomentando la participación y la transparencia. También se quiere consensuar la planificación hidrológica, el régimen de las obras hidráulicas, la regulación del ciclo integral del agua de uso urbano y las políticas de abastecimiento, el saneamiento y depuración, las aguas subterráneas, las comunidades de usuarios, los regímenes de prevención de inundaciones y sequías y un largo etcétera, en el que podemos destacar la lucha contra el cambio climático.
El agua no puede ser un elemento de confrontación y sí, por el contrario, una cuestión de solidaridad. El Pacto es también una oportunidad para marcar nuevas líneas de actuación e implementar todo lo que hacemos y haremos en materia de investigación, cuestión en la que la Consejería, especialmente a través del IFAPA, está desarrollando proyectos y herramientas de cara a una mayor eficiencia, y donde estamos abiertos a crear sinergias con centros tecnológicos, universidades y otras entidades que permitan una colaboración en todos los sentidos.
P.- ¿En qué fase de desarrollo se encuentra este Pacto, y cuáles son los siguientes pasos a dar?
R.- El Pacto Andaluz por el Agua tiene sus tiempos y su metodología. Ya se ha desarrollado toda la primera fase, alcanzando un consenso unánime con todos los grupos parlamentarios andaluces, quienes han fijado los diez ejes principales del documento, que serán una pieza fundamental para establecer la política en materia de aguas con el fin de afrontar los retos de Andalucía de cara al futuro.
Estamos ahora de lleno en la segunda fase, donde los distintos interlocutores han ido incorporando propuestas sobre las que se está trabajando en busca del máximo acuerdo, al tiempo que se han establecido una serie de reuniones sectoriales. Somos conscientes de que para alcanzar el consenso tiene que haber un diálogo claro y transparente. Estas reuniones sectoriales se han desarrollado en estos últimos días en Sevilla, Málaga y Córdoba. En la primera estuvieron las administraciones públicas competentes en materia de agua, así como usuarios de este recurso natural en los ámbitos urbano, agrícola, hidroeléctrico y de otras actividades como la acuicultura o la pesca deportiva. La segunda sesión, que se celebró en Málaga, la protagonizaron organizaciones profesionales, sindicales, empresariales, ecologistas y de consumidores y usuarios; y en la tercera, la de Córdoba, estuvieron las universidades, los colegios profesionales y expertos.
"Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Agrario nos hemos planteado el gran Pacto Andaluz por el Agua"
Una vez recabadas estas propuestas, comenzaremos la tercera fase, en la que se abrirá todo el proceso a la participación pública a través de los órganos colegiados en materia de aguas que regula nuestra normativa y foros de trabajo. La cuarta y última fase volverá de nuevo al Parlamento a recabar el apoyo de todos aquellos agentes que deseen adherirse al pacto.
Con estos encuentros, además de alcanzar un diagnóstico de la situación actual, queremos establecer decisiones lo más consensuadas posible, que marquen la hoja de ruta en los próximos tiempos.
P.- ¿Qué inversiones lleva asociadas este Plan? ¿Cuál sería la procedencia de las mismas, y cómo se priorizan en el actual contexto de restricciones económicas?
R.- Entre los ejes del Pacto Andaluz por el Agua se encuentra el establecimiento de los objetivos medioambientales prioritarios a los que deben responder los planes hidrológicos y la actualización de la gobernanza en materia de agua. También planteamos avanzar en la puesta en marcha de los órganos contemplados en la Ley de Aguas andaluza. Otras cuestiones son la apuesta por la regulación del ciclo integral del agua, la reversión de los déficits estructurales o la mayor adaptación de Andalucía frente a sequías o cambio climático. Por supuesto, se abordan cuestiones relativas a la financiación, al canon del agua o a las infraestructuras hidráulicas reorganizando recursos y demanda.
Estamos trabajando firmemente y con ilusión, pero sabemos que tenemos aún mucho por hacer. Vamos a priorizar inversiones, como ya de hecho hacemos este año, destinando hasta 332 millones de euros para nuestras políticas relacionadas con el agua.
Sin embargo, no podemos perder de vista la necesidad de que otras administraciones cumplan con sus obligaciones. Por ejemplo, el Gobierno de España no ha ejecutado la gran mayoría de las medidas previstas en los planes hidrológicos y que son imprescindibles para la consecución de los objetivos marcados, entre las que podemos destacar numerosas depuradoras, y tiene cuestiones pendientes que urgen resolver: las conducciones de Rules, las de Siles o el trasvase desde Iznájar hasta la comarca de Antequera, así como las actuaciones requeridas para activar las desaladoras de Carboneras y Bajo Almanzora, entre otras actuaciones más.
Junto a todo esto, no quiero olvidar dos cuestiones primordiales: el trasvase Tajo-Segura o el de El Condado de Huelva, donde urgen actuaciones, como el túnel de San Silvestre, que ya no pueden esperar más.
P.- ¿Cómo describiría el estado de las infraestructuras hídricas en Andalucía?
R.- El nuevo Gobierno andaluz ha recibido una herencia pésima en materia de agua, una cuestión que no era prioritaria para quienes nos precedieron. Nos hemos encontrado con la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de dos de los tres planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias y con un grado ínfimo de ejecución de actuaciones en materia de depuración.
Andalucía es una comunidad con un histórico déficit hídrico, que es mucho más acentuado en determinadas comarcas, en donde el problema de la falta de precipitaciones es una cuestión estructural. En determinados períodos, esta falta de precipitaciones prolongadas conlleva una situación de sequía que pone en riesgo el desarrollo normal de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Sin embargo, el esfuerzo del sector agrario, unido a su inteligencia por revertir situaciones difíciles, ha llevado a una optimización del recurso agua, de manera que este reto se supera con la mejor nota. Y se pone de manifiesto en el volumen de nuestras producciones y en su innegable calidad diferenciadora.
Junto a ello, hay que tener en cuenta que Andalucía es la primera comunidad en regadíos con más de 1,1 millones de hectáreas, lo que supone el 29% de la superficie regada a nivel nacional. El regadío supone el 64% de la producción agraria y el 63% del empleo agrario, con más de 183.000 personas.
En cualquier caso, somos conscientes de los parámetros en los que nos movemos: una escasez de recursos y una gran amenaza por el cambio climático. Por todo ello, desde la Consejería nos hemos planteado ese gran Pacto Andaluz por el Agua, y hemos sentado las bases para que este año estén en marcha todas las actuaciones de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo, estamos dirigiendo nuestras políticas a la innovación, la investigación y la modernización de infraestructuras, hacia una mayor eficiencia energética y a la reutilización de aguas regeneradas. Hemos adoptado todas las medidas necesarias para activar las políticas de agua en Andalucía, que estaban paradas desde hacía años, y que en un solo año de este gobierno ya están en marcha, como los planes especiales de sequía en cuencas intracomunitarias o la regulación de la gestión hidrológica en las cuencas mediterráneas andaluzas.
"Entre los ejes del Pacto Andaluz por el Agua se encuentra el establecimiento de los objetivos medioambientales prioritarios"
En cualquier caso, me gustaría dejar clara una cuestión: la Junta de Andalucía está trabajando para prevenir la escasez de recursos hídricos y para tratar de paliar las consecuencias del cambio climático.
P.- En materia de tratamiento de aguas, la inversión en ejecución de depuradoras en la región ha estado muy por debajo de los compromisos adquiridos en los últimos años, resultando en un escenario de multas por parte de Europa. ¿Qué medidas se tiene previsto poner en marcha para hacer frente a este problema?
R.- La Unión Europea ha sancionado a España por la falta de ejecución de depuradoras, y en esto Andalucía tiene responsabilidad por la inacción del Gobierno anterior. En concreto, la sanción a España ha sido de doce millones de euros a tanto alzado a raíz de la resolución del 25 de julio de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de la UE. Y esta cifra se ve incrementada semestralmente mediante multas coercitivas hasta que las aguas se depuren. En un año del nuevo gobierno esta situación ha cambiado radicalmente. Las medidas que se tienen que adoptar ya están siendo adoptadas. La solución es muy sencilla: ser diligentes y ejecutar. Hemos encontrado numerosos proyectos sin realizar por la inacción de quienes nos precedieron y que nos ha obligado a hacer las cosas en tiempo récord. De hecho, no solo hemos puesto en marcha asuntos que estaban paralizados, sino que hemos tomado las medidas oportunas para que la Administración sea mucho más ágil, respondiendo así a lo que la sociedad nos está demandando. Lo hacemos de manera transparente y conforme a lo que la ciudadanía espera de nosotros.
Los andaluces han perdido tiempo y dinero, y no estamos dispuestos a que esa situación se prolongue más.
P.- En este sentido, la Comunidad reactivó el canon de mejora para la financiación de obras de depuración en 2019. ¿Cuáles son las inversiones previstas derivadas de este impuesto y en qué plazos?
R.- La Consejería tiene el compromiso de tener iniciadas en 2020 las 300 actuaciones de interés de la Comunidad Autónoma. Ya en 2019 hemos duplicado los proyectos de depuración respecto de 2018. El año pasado ejecutamos 41 proyectos y redactamos 52 pliegos de prescripciones técnicas previas a la licitación.
La reactivación de este canon del agua es una de nuestras grandes medidas dentro de una preocupación general por todas las cuestiones que tienen que ver con los recursos hídricos. La Consejería concede a las políticas de agua un peso muy importante por todo esto, y es por lo que en los presupuestos de 2020 hemos destinado esos 332 millones de euros, de los que antes le hablaba, a políticas que tienen que ver con el agua, tales como la depuración, infraestructuras hidráulicas, modernización de regadíos o adaptación y mantenimiento de cauces.
"El Gobierno andaluz ha recibido una herencia pésima en materia de agua, una cuestión que no era prioritaria para quienes nos precedieron"
P.- Una de las críticas que ha tenido el canon ha sido la falta de transparencia y cumplimiento. ¿Qué herramientas propone el actual gobierno para cumplir con el papel finalista de esta tasa?
R.- El objetivo es conseguir el máximo rendimiento del canon del agua, entre otras cosas porque apostamos por la economía circular, y regenerar las aguas es uno de nuestros objetivos. Junto a la más estricta diligencia en nuestras actuaciones y las medidas para ser más operativos y ágiles en la gestión que hemos puesto en marcha, solo queda ejecutar, y eso es lo que estamos haciendo. En cualquier caso, me gustaría recordar que hemos introducido cambios en el canon de mejora con el objetivo de abordar no solo obras de depuración, sino también actuaciones de abastecimiento en alta para garantizar recursos hídricos en aquellas zonas en las que se den situaciones de sequía o derivadas del cambio climático.
Respecto al tema de la transparencia que usted comenta, tenemos la obligación de hacer que los andaluces vean que ese impuesto que ellos han pagado, ese canon que se les cobra, sirve para facilitar un recurso tan importante como es el agua, que tengan la certeza de una apuesta por la sostenibilidad y de que contribuimos a la economía circular. Todo esto que le comento es consecuencia de nuestra ineludible apuesta por una auténtica revolución verde en Andalucía.
P.- Recientemente, ha presentado un informe en el que se alerta de un desfase de más de 71 millones de euros en la ejecución de las obras ligadas al canon. ¿Qué mecanismos se han puesto en marcha para aclarar este hecho?
R.- De momento, hemos solicitado a la Cámara de Cuentas que contraste la información hecha pública por el Gobierno anterior sobre el balance de ejecución del canon del agua, porque nosotros nos hemos encontrado un desajuste de 71,5 millones de euros. El 31 de diciembre de 2017, el Gobierno anterior presentó una ejecución del canon del agua del 32,5% (190 millones de euros), pero tanto la Cámara de Cuentas como la propia Intervención General de la Junta de Andalucía redujeron esa ejecución al 20,3% (118,5 millones de euros). Es decir, un desajuste que habrá que aclarar, porque se trata de un dinero que pagan los andaluces en sus facturas con un carácter finalista.
"Juanma Moreno, inició en febrero una ronda de contactos con el Banco Europeo de Inversiones para la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de infraestructuras hídricas en la región"
P.- ¿Qué otros modelos de financiación estudia la Junta para infraestructuras hidráulicas?
R.- Entiendo que hay que considerar todas las posibilidades y trabajar con ellas desde la idea de la optimización. Creo que hay que aunar esfuerzos por parte de todas las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias. En este sentido, las nuevas políticas que se ponen en marcha de cara al campo y al medioambiente por parte de la UE, y que contemplan mayores requisitos medioambientales, deben ir acompañadas no ya solo de los correspondientes recursos, sino del reconocimiento al esfuerzo que estamos haciendo y a la capacidad de Andalucía en la preservación de un territorio que es un importante sumidero de CO2.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inició en febrero una ronda de contactos con el Banco Europeo de Inversiones para la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de infraestructuras hídricas en la región, especialmente destinadas al saneamiento. Se trata de un préstamo que, según las primeras estimaciones, podría alcanzar los quinientos millones de euros, a los que se sumaría un importe similar por parte de la Junta de Andalucía, por lo que hablamos de una inversión cercana a los mil millones de euros.
Junto a esto, estamos siempre abiertos a las posibilidades que pueda ofrecer la colaboración pública-privada en todo lo que tiene que ver con los temas de interés para los ciudadanos. Con el tema de la depuración del agua no solo apostamos por la economía circular y por satisfacer nuestras necesidades de agua, sino por la generación de riqueza y empleo en Andalucía.
