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Castilla-La Mancha dejó de cobrar más de 106 millones de euros por el trasvase Tajo-Segura

  • Castilla- Mancha dejó cobrar más 106 millones euros trasvase Tajo-Segura

Sobre la Entidad

Junta de Castilla-La Mancha
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o simplemente Junta de Comunidades, es la institución en que se organiza el autogobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Como ha recalcado Antonio Luengo, en esta región “como dice siempre el presidente García-Page, no queremos el dinero, queremos el agua, no, se puede gestionar bien el Tajo sin al menos 800 hm3 en la cabecera. Y lo que no puede ser es que se incumpla sistemáticamente el principio de prioridad de la cuenca cedente y tampoco se haga efectiva la cuantía que nos corresponde legítimamente”.
 
También ha explicado que la Agencia del Agua comunicó hace dos años al Ministerio de Agricultura que estaba amortizando mal la parte de obras de las tarifas, y de esa comunicación salió una revisión que supuso una subida de precio principalmente al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que lo tiene recurrido judicialmente, por tanto, ha remarcado, “algún estudio bien hecho tendríamos sobre las tarifas, si el entonces Gobierno central gobernado por el PP lo revisó”.

Se está incumpliendo el requisito legal de que solo pueden trasvasarse aguas excedentarias

Asimismo ha añadido que además con este cálculo erróneo, el Estado ha estado subvencionando de forma más o menos encubierta a los regantes y usuarios del Levante y, entre otras cosas, no se ha tenido en cuenta los costes ambientales y sociales que supone el trasvase para ciudades como Toledo o Talavera de la Reina.

El director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, ha asegurado hoy que “nuestra región ha dejado de percibir más de 106 millones de euros que le corresponderían como compensación económica si se hubieran aplicado correctamente las tarifas a los usuarios tanto del trasvase, como del postrasvase”.
 
Unos cálculos que, como ha dicho, se han estado aplicando incorrectamente al menos hasta el año 2016 inclusive, en concreto a la parte de la tarifa que corresponde a la amortización del coste de las obras, pues el cálculo se realiza a partir de los volúmenes concesionales o potenciales, pero la liquidación se practica con los volúmenes realmente consumidos por los usuarios. “Esto conlleva que las tres regiones que deben ser compensadas por el ATS, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, percibimos anualmente una cantidad muy inferior a la que nos correspondería de aplicarse de forma correcta la Ley 52/80 de Regulación del Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura”.
 
Según Antonio Luengo, “esta es la cuestión clave del error sobre el que llevamos trabajando desde esta región e insistiendo a la Comisión del ATS para que se haga correctamente, por el gran perjuicio económico que supone”. Pues, como ha explicado, para Castilla-La Mancha, a la que corresponde 4/9 partes de esta recaudación, sólo poniendo como ejemplo el caso del usuario ‘Riesgos del sudeste con aguas trasvasadas’, la tarifa aplicada al volumen potencial sería de 6,4 millones de euros, mientras que la tarifa aplicada al volumen consumido ha sido de 1,6 millones de euros. “Esa diferencia de 4,7 millones de euros en la recaudación, supone una pérdida sólo para nuestra región y en el caso de este usuario de 2,13 millones de euros”, ha enfatizado.

Nuestra región ha dejado de percibir más de 106 millones de euros que le corresponderían como compensación económica

Así, se ha calculado que la diferencia de recaudación por este concepto en todos los usuarios, tanto del trasvase como del postrasvase, desde el 1 de enero de 1986 hasta diciembre de 2017, fecha a partir de la cual les corresponden a las comunidades autónomas los ingresos correspondientes al coste de las obras, se eleva a 106,486 millones si se aplican los mismos coeficientes de actualización empleados para las inversiones y las amortizaciones.
 
En este sentido, ha explicado que la Agencia del Agua comunicó hace dos años al Ministerio de Agricultura que estaba aplicando mal las tarifas y le solicitó una revisión que supuso una subida de precio principalmente a los del Sindicato Central de Regantes del ATS (SCRATS), que lo tiene recurrido judicialmente, “por tanto algún estudio bien hecho tendríamos si el entonces el Gobierno central gobernado por el PP lo quiso revisar”.
 
Asimismo Luengo ha recordado que ya de base, según marca esta misma Ley que rige la tarifa, “se está incumpliendo el requisito legal de que solo pueden trasvasarse aguas excedentarias, algo que ha sido sistemáticamente incumplido desde el inicio del trasvase y por el que esta región ha luchado y lo seguirá haciendo frente a cualquier gobierno”. Por eso, ha insistido, que en esta región “como dice siempre el presidente García-Page, no queremos el dinero, queremos el agua, no, se puede gestionar bien el Tajo sin al menos 800 hm3 en la cabecera. Y lo que no puede ser es que se incumpla sistemáticamente el principio de prioridad de la cuenca cedente y tampoco se haga efectiva la cuantía que nos corresponde legítimamente año tras año”.
 
Así, ha indicado que Castilla-La Mancha tiene derechos reconocidos por la tarifa del ATS por valor de 123,742 millones de euros, y sin embargo en este tiempo el Gobierno regional ha realizado una inversión superior a 651,9 millones de euros en toda la zona de influencia de la cuenca del Tajo, a su paso por la región, que es la que debe beneficiarse de estas inversiones, es decir, en nuestro territorio podemos hablar de cuatro de las cinco provincias, todas excepto Ciudad Real. Un territorio muy grande para un cálculo que se hace insuficiente e injusto.

Amortización más lenta de lo que debería

Antonio Luengo ha señalado que, de la aplicación de esas tarifas erróneas, el resultado es que las obras del ATS se están amortizando mucho más lentamente de lo que deberían. Y prueba de ello, ha dicho, viene reflejada en el mismo documento de tarifas estudiado, pues la inversión total actualizada que figura en dicho documento es de 955,145 millones de euros, de los cuales el 60 % de la inversión asciende a 573,087 millones de euros y las amortizaciones actualizadas alcanzan los 361,482, un 37,85 % de la inversión. “Es decir, tras más de 35 años de trasvase, se ha amortizado sólo ese 37,85 por ciento del coste de las obras, cuando ya debería haberse amortizado el 60”, ha recalcado.
 
Según Luengo, “podría pensarse que tan sólo se está demorando en el tiempo la amortización y, con ello, la compensación económica que corresponde a las regiones damnificadas con el trasvase”. Por lo que cabe preguntarse, ha apuntado, “¿qué pasaría si el año que viene, o el siguiente, o dentro de cinco, el trasvase dejase de funcionar, aunque sólo fuera por algo tan simple como que la cabecera del Tajo no aporta más agua?, ¿quién va a pagar la deuda pendiente por el coste de inversión no recuperado?”.

Subvenciones encubiertas

Además de la bonificación en el precio del agua a los usuarios de Alicante, Murcia y Almería principalmente, como ha explicado finalmente el responsable de la Agencia del Agua, hay una serie de bonificaciones encubiertas que supone el sistema del ATS como son los costes ambientales que supone el trasvase y que no se imputan en la tarifa; “como tampoco se imputan los costes de oportunidad o los costes sociales, refiriéndose a Toledo o Talavera, que han visto desaparecer su principal seña de identidad, al quedar el río Tajo convertido en una alcantarilla de Madrid desde que comenzó a funcionar el trasvase”, ha enfatizado.
 
Además las tarifas del ATS sólo contemplan las obras del trasvase y del postrasvase, ha dicho, “cuando deberían incluirse las obras del pretrasvase como los embalses de cabecera, y las inversiones agrarias, que suman un importe igual o superior al de las primeras”. También ha recordado que con las declaraciones de sequía, el Gobierno central exonera los gastos fijos y variables de la tarifa a los usuarios del trasvase.
 
Sin olvidar las indemnizaciones a las empresas hidroeléctricas de la cuenca del Tajo, “que solicitaron y recibieron indemnización por las pérdidas de energía asociada al agua derivada hacia el trasvase que no podrían turbinar ya en sus instalaciones”, ha remarcado Luengo.

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