La normativa de evaluación ambiental supone un paso atrás, denuncian los partidos de la oposición

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la petición de PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG de devolver al Gobierno el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, mediante el rechazo de sus enmiendas de totalidad por parte del PP, UPN, Foro de Asturias y Coalición Canaria. UPyD ha sido la única formación que se ha abstenido, mientras que el resto de grupos de la oposición las han respaldado.

Fue a finales de agosto cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que unifica las leyes de evaluación ambiental estratégica y la de evaluación de impacto ambiental, con el objetivo de reforzar la protección medioambiental en España, así como de incrementar la participación de todos los agentes económicos y sociales en los procedimientos de evaluación ambiental, simplificar los trámites e incrementar la seguridad jurídica, ante la variada legislación autonómica.

El Gobierno ha solicitado que la norma se tramite por el procedimiento de urgencia, por lo que, según Arias Cañete, a primeros del año 2014 estaría en condiciones de "imponer las primeras sanciones, en el caso de que persistiera esta actividad". Además, el ministro ha indicado que la norma entrará en vigor en la Administración General del Estado "inmediatamente", mientras que las comunidades autónomas tendrán un plazo de un año para adoptarla.

Los grupos de la oposición han coincidido a la hora de criticar el oportunismo de la normativa.

Devuelto al Gobierno

Los grupos de la oposición que han presentado enmiendas de totalidad al texto han coincidido a la hora de criticar el "oportunismo" de la normativa, dado que Bruselas está estudiando esta misma semana una nueva directiva europea sobre la materia. Señalan que la aprobación de esta ley va a ser "estéril" porque en un futuro cercano habrá que volver a adaptar la normativa española.

Otro de los puntos que ha creado mayor discrepancia entre la oposición es la invasión de competencias que, a su juicio, se produce con esta normativa, especialmente criticada por CiU, ICV, y el BNG.

Igualmente, critican que esta normativa supone un paso atrás en materia de evaluación ambiental y, como ha asegurado Olaia Fernández Davila, del BNG, no soluciona los problemas, ni mejora la calidad de los informes, mermándose el carácter y objetivos de la evaluación ambiental.

Además, la mayor parte de los grupos de la oposición han coincidido también a la hora de destacar la importancia que supone una normativa de estas características para evitar en el futuro casos como el del proyecto Castor, cuya actividad previsiblemente ha provocado centenares de terremotos en la costa mediterránea.

"Con este texto muchos proyectos Castor serán posibles y se incrementan la opacidad de los procesos y el ninguneo a la ciudadanía", ha sentenciado Laia Ortiz, mientras que Joan Baldoví de Compromís-Equo, considera que esta normativa supone un "auténtico terremoto" fruto de una evaluación ambiental "insuficiente". "Votaremos en contra de este proyecto de ley que podrá provocar nuevos Castor", ha lamentado.

En opinión de Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), esta ley "es un coladero" que sigue los intereses de los promotores, vulnera directivas europeas, es "hipócrita" y sirve al Gobierno "para lavar la cara" y legalizar el 'fracking', una práctica "peligrosa y dañina para el medio ambiente". Desde Compromís Equo, Joan Baldoví ha advertido de que en esta ley se suprime la participación pública en las evaluaciones ambientales.

Desde el PP, Guillermo Collarte, ha criticado que la oposición rechace la tramitación de esta ley que, a su juicio, va a dar garantías ambientales y va a agilizar los procesos de tramitación de las evaluaciones.

En cuanto a las acusaciones de que la ley se va a tramitar por el trámite de urgencia, cuando en Europa se está estudiando una directiva nueva sobre la materia, Collarte ha dicho que el anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros fue el séptimo borrador, a la vez que ha asegurado que Arias Cañete no tendrá ningún inconveniente de adaptar la legislación española.

Sobre los temblores de la costa mediterránea, previsiblemente relacionados con el proyecto Castor, ha subrayado que en esta normativa se recogen las garantías suficientes para que este fenómeno previsiblemente no vuelva a suceder.

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