El acuerdo de Gandía que aprobó la contratación de agua potable se anula por ser contrario a derecho

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  • Río Serpis a su paso por Gandía (Wikipedia).
  • Cree que una cláusula impide la libre concurrencia al gravar el acceso a cualquier licitador que no sea Aguas de Valencia.

La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Valencia ha anulado por ser "contrario a derecho" el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gandia (Valencia) que en noviembre de 2012 aprobó el expediente de contratación de gestión del servicio público de distribución de agua potable y alcantarillado y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

La magistrada sostiene que una de las cláusulas del pliego -que establecía una indemnización a Aguas de Valencia de 86 millones por parte del adjudicatario- "no solo impide la libre concurrencia al gravar el acceso de cualesquiera otros licitadores con unas cargas no asumibles financieramente salvo para Aguas de Valencia, que se vería libre de ellas bajo la figura de confusión acreedor-deudor" del Código Civil, "sino que vendría a infringir los principios" del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de control del gasto y utilización eficiente de los fondos "al gravar la tarifa con 86 millones de euros a amortizar en lugar de nueve-, con vulneración de éste".

De esta forma, la jueza estima el recurso presentado por Aquagest Levante contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gandia que aprobó el expediente de contratación relativo al contrato de gestión del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado, después de que en enero se resolviera de común acuerdo los contratos de concesión entre Ayuntamiento y Aguas de Valencia por 25 años y se estableciera en 86 millones la indemnización del nuevo adjudicatario a esa empresa por resolución anticipada.

La juez cree que una cláusula impide la libre concurrencia al gravar el acceso a cualquier licitador que no sea Aguas de Valencia

Aquagest alegó que la licitación "era favorable a Aguas de Valencia" por la cláusula indemnizatoria para el nuevo adjudicatario y sostenía que se trataba de una "indemnización ficticia" que se fijaba como "barrera" para evitar la entrada de cualquier otro licitador y establecía una "diferencia insalvable" entre las condiciones económicas exigidas a Aguas de Valencia y el resto de aspirantes.

El Ayuntamiento se oponía porque alegaba que el objeto del recurso se circunscribía a considerar la legalidad de la cláusula 23 del pliego aunque de las indemnizaciones se podrían resarcir mediante su repercusión en tarifa. Aguas de Valencia sostenía por su parte que el expediente era lícito y añadía que no contempla la exigencia de canon alguno sino "condición de formalización de indemnización a los adjudicatarios", que la compañía ya había desembolsado.

En la resolución, la magistrada afirma que existe el litigio en el juzgado de lo contencioso-administrativo número seis, que no examina la legalidad de la nueva licitación sino la de la resolución de la anterior, y aunque se aprecia conexión entre los procedimientos, subraya que no se ha pedido la acumulación ni se ha reclamado la suspensión de este proceso hasta que se resuelva el otro y considera que no hay nada que le impida pronunciarse sobre el acuerdo.

Del mismo modo, apunta que del "mero cotejo" de la documentación obrante en este caso -informes de servicios económicos, letrado mayor del consistorio o el ingeniero municipal- se desprenden "graves contradicciones".

La jueza descarta la tesis de "ruptura" del equilibrio económico de las respectivas concesiones ya que "en realidad lo que existe es un déficit para la concesionaria que debía asumir bajo el principio de riesgo y ventura y que en ningún caso corresponde asumir al Ayuntamiento ni mucho menos a los usuarios por vía de incremento tarifario".

Ahorro de costes

El ahorro de costos derivados de unificar los contratos de gestión de suministro y alcantarillado sería para la concesionaria y no para el Ayuntamiento

En relación al posible ahorro de costos derivados de unificar los contratos de gestión de suministro y alcantarillado, apunta a que, en realidad, se trataría de un ahorro para la concesionaria y no para el Ayuntamiento, lo que este motivo "no justifica la medida desde punto de vista del interés público sino del privado de Aguas de Valencia". Al respecto, agrega que la asunción por la nueva adjudicataria de ejecución de las obras pendientes del plan director, la medida "redunda tan solo en beneficio de Aguas de Valencia, en ningún caso de los usuarios".

Asimismo, sostiene que le corresponde examinar la adecuación a derecho de las medidas" en razón del interés público, de modo que "si los usuarios deben asumir un incremento de tarifa derivado de una gestión inadecuada de los recursos "en modo alguno deban asumir la inviabilidad financiera del contrato para la empresa privada concesionaria, inviabilidad con que ha de pechar la concesionaria bajo el principio de riesgo y ventura a que se había obligado".

Al respecto estima que, sin ánimo de prejuzgar la resolución de los contratos, parece "más acorde" al interés público "la financiación a cargo de tarifa de obras valoradas en seis millones de euros más 3.214.070 euros (infraestructuras pendientes de ejecutar) -es decir algo más de nueve millones en un lapso de 25 años, que la financiación a cargo de tarifa de una indemnización a Aguas de Valencia en 86.528.507 euros" contemplada en la cláusula 23.

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