Los concejales del PSOE en Alcázar de San Juan (Ciudad Real, Rosa Melchor y José Fernando Sánchez Bódalo, han recibido la comunicación oficial de la apertura de un expediente sancionador por parte de la Subdelegación del Gobierno en relación con el encierro de varios ciudadanos que tuvo lugar en el Ayuntamiento de esta localidad entre los pasados días 18 y 19 de febrero.
Según el expediente abierto a Rosa Melchor, secretaria local del PSOE, portavoz municipal y diputada regional, al que ha tenido acceso Europa Press, se la considera como una de la "cabezas" de la protesta ciudadana ocurrida en aquellos días contra el proceso de privatización de la empresa municipal de aguas.
A Rosa Melchor del PSOE se la considera una de la "cabezas" de la protesta ciudadana contra el proceso de privatización de la empresa municipal de aguas
En el expediente abierto a instancias de la Comisaría de Policía de Alcázar de San Juan, se señala que el día 18 de febrero, tras la celebración de una Pleno, Melchor solicitó utilizar las dependencias municipales para informar a los ciudadanos de los pormenores del mismo, permiso que fue negado por el alcalde, Diego Ortega, alegando que el Ayuntamiento se encargaba de informar a los ciudadanos de lo que ocurría en los plenos.
A partir de ahí, según se indica, a través de redes sociales se convocó a los ciudadanos a que acudieran al Ayuntamiento, ante lo que respondieron varias decenas de personas, 254 de las cuales lograron ocupar varias dependencias municipales.
El encierro, se indica en el escrito, se prolongo hasta las 23.30 horas de esa día, cuando la mayoría de los vecinos abandonaron el Ayuntamiento y se concentraron a las puertas, quedando dentro del mismo 23 personas.
En el informe, se señala que Melchor mantuvo informados en todo momento a los vecinos, tanto los que estaban dentro como los que estaban en la calle, de sus reuniones con el alcalde y con concejales de la oposición.
Evidenciando, se dice textualmente, que era una de las "personas que ejercía el control y la dirección sobre lo que se estaba produciendo, reconociéndola los demás como cabeza visible".
Tanto Melchor como Bódalo tiene 15 días para presentar alegaciones al escrito de la Subdelegación del Gobierno que, a su vez, dispone de seis meses para resolver el mismo. Las sanciones para estos casos se sitúan entre los 300 y los 30.000 euros.
