La Plataforma Sarriana polo Río presentó una denuncia ante la Comisión Europea por los incumplimientos del Derecho Comunitario detectados en el proyecto y en las obras de encauzamiento del río Sarria.
En la denuncia se identifican como organismos públicos que han incumplido el Derecho Comunitario los siguientes: el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, las Consellerías de Medio Ambiente y de Cultura de la Xunta de Galicia, Augas de Galicia y el Ayuntamiento de Sarria.
Los hechos que motivan la denuncia tienen que ver con la afección de las obras proyectadas y ya en ejecución al hábitat prioritario de interés comunitario 91E0 (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior), el bosque de ribera que acompaña al río Sarria a lo largo de su recorrido, la afección al hábitat de especies de interés comunitario mencionadas en los anexos de las denominadas Directivas Hábitats y Aves, la afección a un corredor ecológico en el sentido del art. 10 de la Directiva Hábitats que conecta el LIC Ancares-Caurel y la Reserva de la Biosfera Terras do Miño y, finalmente, la afección a un paisaje de enorme significación histórica y cultural, por desarrollarse las actuaciones proyectadas sobre un tramo del Camino de Santiago y en su ámbito de territorio histórico integrante del Bien de Interés Cultural (BIC) Camino Francés a Santiago.
Los defectos y omisiones de la evaluación ambiental del proyecto y, muy especialmente, el hecho de que la Resolución sobre la evaluación ambiental del proyecto ignore completamente la existencia de paisajes con significación histórica y cultural, como el caracterizado por la presencia del Camino de Santiago, al considerar la sensibilidad medioambiental del área afectada han sido también denunciados como infracciones de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución sobre la evaluación ambiental del proyecto y, en concreto, la relativa a la elaboración de un calendario de obra con objeto de evitar las acciones más impactantes durante el período de cría y nidificación de la avifauna, también está en el origen de infracciones del Derecho comunitario como la perturbación de las aves durante el período de reproducción y crianza.
El incumplimiento de la normativa sobre gestión de residuos y los varios episodios de vertidos al río, todos documentados en vídeos y fotografías, han sido también denunciados ante la Comisión Europea.
Finalmente, la Plataforma Sarriana polo Río ha denunciado incumplimientos de la Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental, por no haber respondido las administraciones denunciadas a las solicitudes de información ambiental que les han sido dirigidas, así como incumplimientos de la Directiva 2007/60/CEE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
Cabe destacar que una de las cuestiones por las que se interesa expresamente la Comisión en su formulario de denuncia es la existencia o no de una financiación comunitaria de que pudiera beneficiarse el Estado miembro en relación con los hechos imputados. En este caso, sí existe dicha financiación ya que el proyecto de encauzamiento del río Sarria está financiado en un 80% por fondos FEDER, financiación que podría verse comprometida por los incumplimientos del Derecho Comunitario denunciados ante la Comisión Europea.
