El Congreso de México pospuso la discusión de la Ley General de Aguas debido a las denuncias de sectores políticos y sociales sobre la intención del estado para eliminar el interés social de los recursos hídricos del país y lucrar con ellos.
En caso de aprobarse la reforma, esta iría en contra de preceptos estipulados en la Constitución política de país, ya que el dictamen da prioridad a las concesiones en detrimento de la responsabilidad del estado para hacer valer la justa operación y distribución del agua, por lo que consorcios y trasnacionales como Coca-Cola y Nestlé se verían beneficiados, así como de favorecer el fracking y minería tóxica.